Las nuevas tecnologías desafían el monopolio del control de la información del Estado cubano y abren una hendija al reclamo por el derecho a la libertad de expresión.
En Cuba la conexión a internet existe desde la década de 1990; sin embargo, es uno de los países con mayor brecha digital, rezagado en comparación con la mayoría de los países en cuanto a conectividad. El acceso a internet es a través de satélites, lo que hace que sea muy costoso y lento, además de fuertemente controlado por el gobierno. En este contexto, hace poco más de una década, nació en La Habana SNet (Street Network), la mayor red privada independiente e informal que cuenta con más de 40 mil usuarios.
SNet surgió como alternativa para hacerle frente al aislamiento, a la falta de información y a la censura que había en la isla. Si bien existe una red estatal, esta es muy lenta por lo que no permite jugar videojuegos en red, ver contenido en streaming o acceder a sitios de noticias que no sean los oficiales, entre otros. La red estatal, a su vez, no proporciona acceso a internet en los domicilios privados de los clientes. Es así como SNet comenzó con una red rústica de cableado de casa en casa y terminó con una interconexión a través de dispositivos inalámbricos como antenas, NanoStation, Bullet o Mikrotiks, muy populares en la isla que se conseguían en el mercado negro. Cada usuario sigue pagando 1 CUC por hora a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) además de pagar a los administradores de los nodos por la conexión inalámbrica en su hogar. Si bien hay un reglamento que prohíbe “la pornografía, la religión y la contrarrevolución”, no existe censura, ya que, el flujo de datos circula a través de redes privadas virtuales (VPN).
Si bien se puede considerar que esta conexión inalámbrica es ilegal, es un espacio que logró crecer a grandes pasos al margen del control estatal, lo que incomoda al gobierno. Por esa razón, en mayo se publicaron en la Gaceta Oficial las resoluciones 98 y 99 que organizan y legalizan tanto las interconexiones inalámbricas o cableadas entre comunidades como la conexión remota de personas a la red de Etecsa. Estas entraron en vigor el 29 de julio. Al legalizarlas, el gobierno recupera el control y puede censurar nuevamente los contenidos que circulan en la red.
Uno de los puntos de las resoluciones que más preocupa a los internautas es que se establece un máximo de potencia de 100mW. Hasta el momento, los dispositivos utilizados duplican o incluso triplican esa potencia. Se tienen que validar los equipos que ya se encuentren en funcionamiento a través de un formulario oficial, si se determina que no cumplen con la regulación, los usuarios deberán adquirir nuevos equipos que por el momento no estarán disponibles en la isla, pero se podrán importar de acuerdo con las leyes aduaneras. Según lo declarado por Maryanis, especialista del Ministerio de las Comunicaciones, se podrá importar “un equipo por pasajero y con una carta de autorización de entrada al país de la oficina de UPTCER (Oficina de trámites de licencia del Mincom que existe en cada una de las Provincias). Esta carta se otorgará si el equipo reúne los requisitos expuestos en las resoluciones.” Es una alerta para la comunidad de internet ya que evidencia que la legalización de las redes inalámbricas no tiene como objetivo mejorar la conectividad, sino limitarla y controlarla.
Además, las resoluciones declaran ilegales a cualquier red privada que tiene un alcance de más de dos manzanas que no esté en manos de una institución controlada por el gobierno. SNet es una de ellas. A lo largo de los años logró extenderse por toda La Habana. Esta medida generó una pugna entre los usuarios y administradores de SNet y las autoridades del Ministerio de Comunicaciones (MINCOM) para obtener una flexibilización en la aplicación de la legislación, permitiendo que la red pudiera mantenerse e incluso contribuir a la informatización del país.
Como alternativas surgió la posibilidad de pactar con el oficialismo a través de los Joven Club de Computación y Electrónica (JCCE). Son locales totalmente estatizados creados hace aproximadamente 30 años para brindar internet a los cubanos, su slogan es “la computadora de la familia cubana”. Son lo que conocemos en Argentina como cyber, con la diferencia que acá son privados e independientes. De acuerdo con cifras oficiales existen 6.300 instalaciones de este tipo, pero la mayoría tiene grandes problemas estructurales y están sumamente deteriorados. En algunos de ellos, de 10 computadoras solo funciona 1. En el Palacio Central de Computación de La Habana los jóvenes gamers esperan mucho tiempo para los turnos de dos horas para acceder a los juegos, que son filtrados por las autoridades estatales, por lo que las opciones se reducen. Además, los JCCE no brindan la posibilidad de conectarse a la red de manera inalámbrica a través de una computadora propia, todavía no cuentan con la instalación de la fibra óptica. Por un lado, los locales no logran canalizar la demanda de usuarios y, por el otro, la red inalámbrica que ofrecen se ve afectada regularmente por cortes, por lo que no es un servicio muy popular entre los cubanos.
Los directivos de los JCCE anunciaron que los mismos serán una alternativa a SNet, al ser esta absorbida a través de una supuesta colaboración entre ambas partes. Afirmaron que se está creando una infraestructura para que SNet pase a formar parte de los locales. Entre las medidas que se establecieron, se destacan la entrega y donación de los equipos por parte de SNet a los JCCE además de someter el contenido a revisión por parte de comisiones estatales. Como consecuencia, hay una gran inconformidad por parte de los usuarios de la red, quienes pasaron de navegar libremente por internet a verse, una vez más, censurados por el Estado.
Esta tensión llevó a convocar a través de redes sociales a una nueva manifestación de forma pacífica frente al Ministerio de Comunicaciones (MINCOM) por los usuarios de la red inalámbrica SNet para el sábado 17 de agosto. La primera había tenido lugar el sábado 10 del mismo mes. Y, como la información es poder, las medidas por parte del Estado para impedir que los medios independientes reporten lo que estaba sucediendo no tardaron en hacerse visibles.
En Cuba, la libertad de prensa está estrechamente relacionada con el acceso a internet. Las leyes de la isla no permiten la existencia legal de otros medios informativos que no sean los controlados por el Partido Comunista (único permitido en la isla), por lo que muchos medios que surgieron de manera independiente en los últimos años están condenados a la ilegalidad y a la censura. Un claro ejemplo de esto es el mensaje que reproduce Yoani Sánchez, directora del diario online 14ymedio, al comenzar su resumen diario de noticias en Ventana 14: “los lectores residentes en territorio nacional lamentablemente tendrán que echar mano de servicios de VPM o de proxys anónimos para poder acceder a nuestro contenido y poder saltarse la censura en los servidores cubanos”.
En el marco de protesta del sábado 17 las represiones se manifestaron en aumento hacia activistas, periodistas, editores, directores y demás miembros de distintos medios independientes. El operativo de represión que se desplegó en La Habana a lo largo del fin de semana contó con numerosas y diversas técnicas llevadas a cabo por miembros de la Seguridad del Estado vestidos de civiles, desde amenazas a arrestos domiciliarios. Estos últimos son una práctica ya clásica en el país que consiste en informarle a la persona que si sale de su domicilio será arrestada (de forma totalmente arbitraria, no hay delito ni papel que demuestre o pida el arresto), dicha advertencia puede ser comunicada tanto por oficiales uniformados con patrulleros como por oficiales vestidos de civil. Los periodistas que se vieron sometidos a estos arrestos no necesariamente iban a reportar los acontecimientos, pero al formar parte de un medio independiente se los etiqueta como total y son sujetos a ser reprimidos.
Además de los ya mencionados arrestos domiciliarios, hubo arrestos arbitrarios en el lugar de la protesta. Uno de los afectados fue el escritor y fotógrafo Ariel Maceo Téllez, coordinador del grupo Demóngeles y colaborador del diario online ADN Cuba, quien fue detenido cuando intentaba llegar al MINCOM para reportar los acontecimientos. Los periodistas José Jasán Nieves, de El Toque, y Abraham Jiménez Enoa, de El Estornudo, también denunciaron la presencia de agentes en las afueras de sus casas. En las afueras de la redacción de 14ymedio también se encontraban agentes de las fuerzas de seguridad. Pero los actos represivos no se ejecutaron sólo en la manifestación, 4 periodistas independientes no pudieron salir del país, ya que se les impidió tomar el avión bajo la justificación de estar “regulados”, acto que viola la propia constitución de Cuba. Una de ellas fue Luz Escobar, periodista fundadora de 14ymedio, quien grabó e hizo pública la conversación en la que se le comunica que no le pueden decir cuáles son los motivos pero que no puede abordar el avión con destino a Argentina porque tiene una “prohibición de salida”. En palabras de Yoani Sánchez: “todo el mundo se llevó su golpe represivo” el fin de semana de la manifestación.
El oficialismo ve necesario el control de la información para poder mantener el régimen, la existencia de una red privada y autónoma va en contra este objetivo. Durante 15 años dejó que la red creciera en la alegalidad, hasta que se convirtió en una amenaza incontrolable, razón por la que decidió legalizarla. De esta manera, en un principio, generó ilusión en los usuarios que ya no tenían que esconder sus antenas y equipos. Esta estrategia se está transformando en el modus operandi de la administración de Diaz-Canel, ceder mínimamente el control para dar una falsa sensación de apertura. Lo hizo con las marchas pacíficas por los derechos de los animales, el acceso a redes sociales e internet, entre otros aspectos. Pero esa ilusión dura poco y rápidamente la población cubana reacciona, como fue el caso de SNET, donde los clientes tomaron las calles durante dos fines de semanas seguidos para visualizar su descontento y generar inestabilidad.
El Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. El gobierno de Cuba, desde hace 60 años, viola sistemáticamente este derecho y los acontecimientos que tuvieron lugar en el mes de agosto lo ponen en evidencia, así como evidencian que los cubanos están cada vez más dispuestos a pelear por sus derechos y mostrarle al mundo lo que está pasando.
Para terminar, una frase de Václav Havel, político, escritor y primer presidente de la República Checa, que creo importante tener presente cuando hablamos de Cuba: “Los derechos humanos son universales e individuales. La libertad humana también es indivisible: si se le niega a alguien en el mundo, entonces se le niega, indirectamente, a todos.”
Estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica Argentina (UCA)
Realizó la diplomatura a distancia en Migrantes y Protección de Refugiados, y el curso Oratoria: La Palabra en Acción-debate y discusión en la Universidad de Buenos Aires (UBA), en el año 2017.
