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Informe semanal #37 del Observatorio Legislativo de Cuba

El pasado 8 de marzo, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Atención a la Juventud la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer, de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) convocaron a una “Asamblea Pública Parlamentaria” bajo el nombre de “Cuba vive en las Familias” para tratar, como su nombre lo indica, el proyecto del nuevo Código de las Familias que aún se encuentra en proceso de consulta. De acuerdo con la Ley de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Estado de la República, las comisiones pueden: “convocar la celebración de audiencias y realizar investigaciones que les permitan profundizar en temas concretos, para lo cual podrán celebrar reuniones con dirigentes, funcionarios, especialistas y ciudadanos, así como cuantas otras acciones sean necesarias” pudiendo ser estas de carácter público o a puertas cerradas.

En esta oportunidad, la Asamblea se transmitió en vivo a través de las redes sociales de la ANPP y contó con la participación de académicos y juristas internacionales, así como de los propios diputados. El contenido de las intervenciones no distó demasiado del discurso oficialista, como en cada sesión de la ANPP los halagos, los elogios sobre “el carácter de avanzada” del proyecto recorrieron la sala. Nuevamente, no se trató de un debate propiamente dicho. 

Durante la apertura, José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, mencionó por qué se llevaba a consulta popular un tema tan “polémico” como lo es el Código de las Familias, justificando que “podemos hacer todo este proceso de amplia consulta popular por la inmensa obra de una revolución” y continuó “podríamos haber clausurado estos debates al ámbito del plenario de la Asamblea Nacional, pero habíamos dejado de ser los representantes de de un pueblo heroico y sacrificado”. Encontramos en sus palabras dos temas claves: en primer lugar, mencionamos en repetidas oportunidades que no existe un criterio sólido que acredite por que el nuevo Código de las Familias es el único proyecto dentro del cronograma legislativo que es sometido a consulta popular. Para el mismo periodo de sesiones se espera el tratamiento del nuevo Código Penal, una legislación de igual o mayor importancia en materia de derechos para los cubanos, sin embargo la misma no será sometida a ningún tipo de consulta. 

Por otra parte, el régimen vuelve a jactarse de un proceso participativo de la ciudadanía en la toma de decisiones, cuando hablamos de una participación adaptada a sus intereses. Cuando hablamos del proceso de consulta popular, debemos prestar atención a una serie de características que llaman la atención sobre esta herramienta en el escenario cubano. Durante la consulta popular los ciudadanos participan de una serie de debates controlados donde emiten opiniones, modificaciones o dudas sobre un proyecto que previamente fue aprobado por la ANPP. A su vez, estos mecanismos sólo pueden ser convocados por el poder y no tienen carácter vinculante. 

Por lo que este tipo de propuestas, una especie de análisis abierto sobre el proyecto, no garantiza que el nuevo Código de las Familias sea más democrático. Porque la consulta popular como supuesto mecanismo de debate continúa manifestando las mismas inconsistencias en cuanto a la transparencia del proceso. 

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