Esta semana la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) propuso a debate frente a productores provinciales de Artemisa Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) del municipio Güira de Melena el proyecto de Ley «De Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional». El mismo fue aprobado por el Consejo de Estado el pasado 18 de enero y regula por primera vez cuestiones vinculadas a la soberanía alimentaria, así como el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional, la organización de los sistemas alimentarios locales y provinciales que articulan la producción, comercialización y consumo de alimentos. Esto se da en un contexto de profundo desabastecimiento de alimentos y diferentes tipos de insumos de uso cotidiano en toda la isla.
Las CCS son asociaciones voluntarias de “agricultores pequeños que tienen la propiedad o el usufructo de sus respectivas tierras y demás medios de producción, así como sobre la producción que obtienen” con este tipo de organizaciones se “tramita y viabiliza la asistencia técnica, financiera y material que el Estado”.
Ahora bien, ¿De qué se trata este tipo de análisis? Este proceso no dista demasiado de lo que el régimen propone como “consulta popular” para el proyecto del Código de las familias. Desde la asamblea se propuso que durante estos encuentros se pueda conocer las opiniones respecto al proyecto y “enriquecer la propuesta con su experiencia y sus consideraciones, previo al intercambio con los diputados”.
Aunque existe cierta similitud entre ambos procesos, estas reuniones no están abiertas a toda la comunidad, sino a actores que el régimen considera relevantes de acuerdo a la propuesta que se presenta, convocando principalmente a las CCS, las asambleas o productores locales.
En estos casos si bien el parlamento hace públicos algunos testimonios que son producto de estos intercambios, hay otra coincidencia: una vez más se desconoce cuál es el impacto que tendrán en la redacción final.
Este proyecto también se encuentra publicado en el sitio web de la asamblea para ser comentado por la ciudadanía, pero como mencionamos en otras oportunidades, es incierto el rol que juegan estos mecanismos en cuanto a una participación real.
No hay transparencia respecto a cuántas recomendaciones se reciben, su contenido y los parámetros para la adopción o el descarte de estas propuestas, en cada caso.
En cuanto al proceso de consulta popular del nuevo Código de las Familias, hace aproximadamente una semana Alina Balseiro, Presidenta del CEN, anunció que “se iniciaron las reuniones en los 78.033 puntos que habían sido definidos a nivel de circunscripción; y más del 97 por ciento de los encuentros planificados hasta la fecha ya se han realizado”. Esta información correspondía a la participación de manera presencial en la Isla, ¿cuál es el margen de participación de los cubanos residentes en el exterior? En un primer momento se había comunicado que los cubanos residentes en el extranjero contaban con la posibilidad de emitir las recomendaciones u observaciones sobre el nuevo código a través de un formulario digital en el sitio web Nación y Emigración del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX).
Sin embargo, recientemente el canciller Bruno Rodríguez anunció que “125 Comisiones Electorales de Circunscripción garantizarán la correcta organización y desarrollo de 1160 reuniones”. Por lo que se estima que durante el resto de la consulta popular que se desarrollará hasta el 30 de abril, los procesos en el exterior se amplíen incorporando la presencialidad.
Aunque se desconocen los motivos que desembocaron en este cambio repentino, en ambas modalidades, tanto en las reuniones controladas como en los formularios presentados a través de internet, las interrogantes sobre la ausencia de transparencia en el proceso continúan en pie.
Demo Amlat es un proyecto impulsado por Transparencia Electoral cuya misión central es el compromiso con el fortalecimiento democrático en la Región.
