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Informe semanal #28 del Observatorio Legislativo de Cuba

Como estaba previsto, durante el 21 y 22 de diciembre la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) desarrolló el Octavo Período de Sesiones siendo esta la segunda y última sesión del parlamento en lo que va del año 2021.

De acuerdo con el cronograma y sus posteriores modificaciones, se trataron los proyectos de: Ley de los Tribunales Militares, que regula las cuestiones sujetas a la organización y el funcionamiento de estos tribunales; Ley del Proceso Penal Militar que establece los principios y garantías del debido proceso y establece quienes pueden ser juzgadas en el ámbito de la justicia militar; Ley del Ordenamiento Territorial y Urbano y la Gestión del Suelo vinculada con el uso y ocupación del territorio,  incluida en el cronograma que se aprobó en diciembre del año 2020;  Código de las Familias este proyecto abarca las relaciones y lazos familiares, el matrimonio, la gestación solidaria y otras cuestiones como la violencia intrafamiliar. Sobre esta ley existían mayores expectativas ya que de las cuatro, esta es la única ley que será sometida a referendo popular.

Tanto la Ley de los Tribunales Militares como la del Proceso Penal Militar no se encontraban enmarcadas en el cronograma legislativo propuesto para el periodo 2020-2022, ni en su pertinente actualización. A la par de esto, se dejaron fuera otras leyes que si estaban previstas en el Cronograma modificado en 2020, a saber, la Ley de Reclamación de Derechos Constitucionales ante los Tribunales Populares, la Ley de Vivienda y la Ley de Medio Ambiente, como indicó en su momento un portal afín al régimen.

Además se sometieron al pleno el Resumen de la economía del 2021, el Plan económico y la Ley del Presupuesto del Estado 2022.

Particularmente, el Código de las Familias es el único de estos proyectos (y también el único de todas las leyes aprobadas desde la modificación de la Constitución Nacional en 2019) que pasará por un proceso plebiscitario, por lo que se aprobó que el mismo sea sometido a Consulta Popular entre el 1 de febrero y el 30 de abril del 2022. Esta situación continúa siendo cuestionada por sectores del activismo independiente, que reclama que el reconocimiento de derechos no pueden ser sometidos a una votación.

Demo Amlat profundizó sobre cuál sería el proceso que deberá seguir el Código de aquí en adelante para su aprobación: la ciudadanía tendrá oportunidad de opinar sobre la versión más actual del Código de las Familias (versión 23); entre el 24 y el 30 de diciembre de 2021 tomarán posesión de sus cargos los miembros de las comisiones electorales de circunscripción y especiales (del Ministerio de Relaciones Exteriores y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias); las comisiones electorales y las organizaciones de masas (órganos políticos del Partido Comunista) serán las encargadas de la difusión del proceso.

Como el resto de los proyectos, el Código de las familias fue puesto a consideración de la sociedad a través de un correo electrónico. Por esta vía se estima que se recopilaron más de 5000 mensajes correspondientes a nuevas modificaciones. Se estima que entre todas estas opiniones se modificaron 273 artículos del texto.

En el caso de todas estas sugerencias que fueron puestos a consideración, se desconoce cuáles fueron las modificaciones introducidas por esta vía y cuál fue el criterio para la adopción de algunas y el rechazo de otras.

Además, para esta sesión se esperaba la rendición de cuentas del Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz y del Gobierno de Sancti Spíritus.

En el informe presentado por Marrero Cruz, se destacaron las actividades y la preocupación por sostener la Tarea de Ordenamiento económico, con la necesidad de bajar la inflación. Como era de esperarse, gran parte de los obstáculos y contratiempos fueron adjudicados al bloqueo económico norteamericano. El informe también recorre temas vinculados con el desarrollo territorial, el fortalecimiento de la empresa estatal y el perfeccionamiento de los actores económicos. Respecto al último tema mencionó que “Se han aprobado 901 Mipymes (865 privadas y 18 estatales) y 18 nuevas cooperativas no agropecuarias”. En este sentido, durante el 2021 el Consejo de Estado aprobó una serie de Decretos Ley sobre el sistema empresarial estatal cubano, el régimen especial de seguridad social para los trabajadores por cuenta propia y la regulación para la creación de micro, pequeñas y medianas empresas.

El informe del Gobierno de Sancti Spíritus fue presentado por la diputada Teresita Romero Rodríguez, quien al mismo tiempo se desempeña como gobernadora provincial de Sancti Spíritus. El mismo aborda principalmente la situación económica en esta provincia,  haciendo énfasis en los programas alimentarios.

 

Presupuesto económico 2022

Aunque el texto del proyecto de Ley de Presupuesto de Estado 2022 que se aprobó durante la última sesión de la ANPP aún no fue publicado en su totalidad, en su intervención la diputada Meisi Bolaños Weiss, que además se desempeña como ministra de Finanzas y Precios mencionó que uno de los objetivos es que “es promover y lograr que la aprobación y desempeño de los presupuestos municipales y provinciales sean más participativos”.

¿Cuáles fueron los datos que se arrojaron inicialmente sobre el presupuesto y su destino?

Según se informó a través del sitio web del parlamento, se presupuestaron gastos por 224.580 millones de pesos cubanos (el 73% de los gastos totales) destinados al ámbito de la salud, educación, asistencia y seguridad social (el 69%).

  • Salud: 56 503 millones de pesos, para respaldar al menos 115 millones de consultas médicas, el funcionamiento de 150 hospitales, 449 policlínicos y 113 clínicas estomatológicas, la atención a las gestantes en 141 hogares maternos, 158 hogares de ancianos y 301 casas de abuelos;
  • Educación: 55 373 millones de pesos, para respaldar la enseñanza en los niveles preescolar, primaria, especial, general media, técnica y profesional, así como la de adultos;
  • Seguridad Social: 37 602 millones de pesos para el financiamiento de las pensiones y jubilaciones de 1 700 000 beneficiados.

 

Ampliaremos este análisis en el próximo Informe del Observatorio Legislativo de Cuba de DemoAmlat.