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Informe Quincenal 42 del Observatorio Legislativo de Cuba

Como adelantamos en la última entrega del informe quincenal del Observatorio Legislativo de Cuba de DemoAmlat, desde el 14 al 16 de mayo se reunió la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) celebrando la Quinta Sesión Extraordinaria en su IX Legislatura. Debemos resaltar que luego de seis meses, esta fue la primera sesión que se desarrolla en lo que va del año 2022. 

Uno de los principales temas en agenda fue el proceso de consulta popular del nuevo Código de las Familias. Desde un inicio llamamos la atención sobre las carencias del proceso en términos de transparencia y de participación ciudadana. En primer lugar, el mecanismo a través del cual se desarrolla la consulta no otorga garantía alguna de que las propuestas presentadas en las reuniones de consulta fueran incorporadas al proyecto, así como se desconoce el criterio adoptado para el rechazo o la incorporación de las mismas. En el “Informe sobre monitoreo de la Consulta Popular del Código de las Familias en Cuba” presentado por DemoAmlat también se destaca el bajo nivel de participación y la poca difusión sobre el calendario de reuniones. 

En segundo lugar se encuentra la falta de transparencia en el desarrollo del proceso, teniendo en cuenta que durante los tres meses en los que se realizó la consulta (desde el 1° de febrero hasta el 30 de abril) el Consejo Nacional Electoral (CEN), realizó solo un informe que comprendía el periodo transcurrido entre el 1° de febrero hasta el 10 de marzo, donde afirmaba que hasta ese entonces “se han desarrollado 41 568 reuniones, lo que representa el 52,49 % de las 79 193 planificadas; y la asistencia se ha comportado al 75 % aproximadamente”. Sin embargo, no se volvió  a presentar ningún tipo de informe sobre los resultados de la consulta popular que finalizó el 30 de abril. Por lo tanto se esperaba que en la última sesión se contase con un informe más detallado. 

A tono con la modalidad de trabajo adoptada durante todo el proceso, no se contó con un basto informe sobre la participación y los resultados de la consulta popular sobre el proyecto del nuevo Código de las Familias. Balseiro, presidente del CEN, sólo notificó que “Durante el proceso se registraron 336 595 intervenciones de los electores, y fueron recogidas 434 000 propuestas”. No existe un informe oficial que releve de manera concreta y ponga realmente a disposición de la ciudadanía, por ejemplo, información sobre cuáles fueron los temas más abordados durante las consultas.

El 15 de mayo, durante la segunda jornada de la Quinta Sesión Extraordinaria se aprobó el nuevo Código Penal. El contenido de este proyecto generó cierta incertidumbre en el seno del activismo, la sociedad civil independiente y los defensores de los Derechos Humanos ya que puede fácilmente convertirse en una herramienta de represión para el régimen. Una de las incorporaciones con mayor repercusión fue la del Artículo 143° en el Capítulo V  “Otros actos contra la Seguridad del Estado” donde se refiere puntualmente al financiamiento de lo que el régimen considere actividades en contra del Estado y su orden constitucional. Delito que no se encuentra reglamentado en la edición previa del código. El mismo prevé una sanción de cuatro a diez años de privación de la libertad para quienes “por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros”. 

También se llamó la atención sobre la concepción de mercenarismo, el código dejó de hablar de una retribución de tipo material para referirse a “el pago de un sueldo u otro tipo de retribución o beneficio personal” tratándose no solo de formaciones militares, sino de empresas militares privadas, arribando en un concepto mucho más amplio y abstracto. Además, amplía la sanción de “diez a treinta años, privación perpetua de libertad o muerte”.

Cuando se hace referencia en el Código a actividades que van “en contra del Estado y su orden constitucional”. Se reconoce que muchas de las acciones que el gobierno cubano considera “subversivas” son, en realidad, ejercicio de derechos humanos y/o derechos políticos de parte de los ciudadanos, que reclaman mayores libertades civiles y políticas y/o reclaman por las condiciones de vida a las que el régimen los somete.

Bajo estos parámetros también se aprobaron la Ley de Ejecución Penal y la Ley de Amparo a los Derechos Constitucionales. En estos casos, se aprobaron proyectos con una redacción ambigua que usualmente está presente en este tipo de proyectos genera cierta incertidumbre en la sociedad civil independiente ya que la presencia de ciertos vacíos y ausencia de definiciones puede otorgar a la justicia una discrecionalidad excesiva.

Además se aprobó la Ley de Datos Personales, el proyecto de Ley del Sistema de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, la Ley del Sistema de Protección de la Creación Literaria y Artística; y  la Ley General de Protección al Patrimonio Cultural y al Patrimonio Natural. Como es costumbre en las sesiones de la Asamblea, los proyectos fueron aprobados sin ninguna objeción por parte de los diputados, convirtiéndo los “debates” en una voz unificada sobre los temas en cuestión. 

Finalmente se aprobó una Declaración de la Comisión de Relaciones Internacionales sobre la Cumbre de las Américas donde rechazan la decisión de excluir a Cuba de la próxima cumbre a celebrarse en junio del 2022. Así mismo, Diaz Canel aseguró en su discurso de clausura que “La llamada Cumbre de las Américas parece identificarse con la OEA. Cargará así con el mismo desprestigio y descalificación moral que acompaña a esa institución panamericana”. 

La exclusión de regímenes como Cuba, Venezuela y Nicaragua responde a la urgencia de exigir a estos gobiernos el cese de las violaciones a los derechos humanos y la liberación de los presos políticos.

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