DemoAmlat presenta “Informe sobre monitoreo de la Consulta Popular del Código de las Familias en Cuba”

El proceso de Consulta Popular del Código de las familias inició el día primero de febrero y se prolongó hasta el 30 de abril de 2022. Alina Balseiro Gutiérrez, presidente del Consejo Electoral Nacional (CEN), informó que es este órgano el encargado de organizar, dirigir y supervisar la consulta, amparados en el Artículo Número 28 de la Ley Electoral y el Artículo Número 211 de la Constitución de la República de Cuba.

Una vez convocada, quedaron constituidas las 12.513 comisiones electorales de circunscripción, 109 especiales, las de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX). El CEN tomó la decisión de realizar las reuniones de consulta en las embajadas y oficinas consulares en el exterior, durante el mes de marzo.

Para la recepción de las propuestas en cada punto de reunión, se establecieron las categorías de modificación, adición, eliminación y dudas, y se han incluido las de favorable y otras, aclaró, que los electores podrían entregar sus opiniones por escrito o exponerlas, así como mediante una app, desarrollada para tales fines, y revisar sus propuestas.

Entre los aspectos más relevantes que fueron documentados, está la falta de divulgación del calendario de reuniones. Muestra de ello es que el 38,5% de los reportes señalan que se enteraron de la reunión solo horas antes de que se realizara y el 11,5% que se enteró justo cuando la reunión estaba por comenzar. Por otro lado, la labor de proselitismo político por parte de las autoridades electorales municipales y los dúos de juristas que incidían y persuadían a la ciudadanía para que estuvieran de acuerdo con lo relacionado al proyecto. Se reportó que hasta el 76% de los funcionarios electorales presentes en las reuniones se mostró favorable a la aprobación del Código.

El reporte también destaca la baja asistencia a las reuniones y la poca participación en las mismas. Más del 80% de las reuniones duraron como máximo una hora, y en más del 60% del total de encuentros solo opinaron entre 1 y 5 personas. 

Finalmente, en más del 92% de las reuniones observadas, las propuestas y comentarios de los participantes eran recogidos por los juristas a través de la escucha. Es decir, no se entregaban propuestas escritas, sino que los participantes opinaban y los juristas tomaban nota, sin que estas notas sean auditables. Tampoco los participantes recibían algún comprobante de que su propuesta o comentario había sido recibido, mucho menos contabilizado.

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