Después de seis meses sesionará por primera vez en el año 2022 la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP). En la última sesión del Consejo de Estado (órgano habilitado para sesionar durante los periodos de receso de la asamblea) que se desarrolló el pasado 25 de abril, el presidente de la ANPP convocó a la Quinta Sesión Extraordinaria de la ANPP, en su IX Legislatura. El comunicado cita a los diputados para el próximo 14 de mayo y propone una agenda en la que incluye la consulta popular del nuevo Código de las Familias, el Código Penal y la Ley de Amparo a los Derechos Constitucionales.
Al tratarse de una sesión extraordinaria, de acuerdo a lo que dicta la Ley No. 131/2019 de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de la República de Cuba en el artículo 83°: “En las sesiones extraordinarias se tratan los asuntos que la motivaron”. Por lo que estos fueron presentados por escrito en conjunto con la convocatoria. Entre los primeros temas a tratar se incluyó el avance del Consejo Electoral Nacional sobre los resultados del proceso de consulta popular del Código de las Familias. En repetidas oportunidades hemos llamado la atención sobre la falta de transparencia en lo que el régimen reconoce como un proceso participativo, un proceso que se reduce a la emisión de comentarios y/o recomendaciones sobre el proyecto que luego pueden o no ser incorporadas de acuerdo a parámetros que hasta el momento se desconocen.
También se debe tener en cuenta que desde el primer informe que comprende el periodo transcurrido entre el 1° de febrero hasta la primera semana de marzo, no se ha presentado ningún tipo de informe sobre los resultados de la consulta popular que finalizó en abril.
En términos de publicidad y difusión que obtuvo el Código de las familias, desde su publicación el proyecto del Código Penal se mantuvo en un marco de “discreción” y cautela. Poco se ha hablado del contenido y las reformas que introduce la modificación del Código Penal propuesta en la Constitución de 2019. Se advierte sobre la incorporación de una serie propuestas que llaman la atención ya que arremeten contra la libertad de expresión y el trabajo de los medios independientes cubanos, otorgándole al régimen las herramientas necesarias para sancionar, al amparo de esta ley, cualquier actividad que el gobierno considere arbitrariamente como un atentado al Estado cubano.
En la lista de proyectos se incorpora también el proyecto de Ley de Amparo a los Derechos Constitucionales, esta normativa debería dar cumplimiento al artículo 99° de la Constitución de la República aprobada en 2019, designando que la ciudadanía “tiene derecho a reclamar ante los tribunales la restitución de los derechos y obtener, de conformidad con la ley, la correspondiente reparación o indemnización”. Aún así, la redacción ambigua que acompaña usualmente este tipo de proyectos genera cierta incertidumbre en la sociedad civil independiente ya que la presencia de ciertos vacíos y ausencia de definiciones puede otorgar a la justicia una discrecionalidad excesiva.
En las últimas semanas los diputados comenzaron a analizar también otros proyectos que tendrán lugar en la próxima sesión extraordinaria, entre ellos: la Ley de Datos Personales; el proyecto de Ley del Sistema de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente; la Ley del Sistema de Protección de la Creación Literaria y Artística; y la Ley General de Protección al Patrimonio Cultural y al Patrimonio Natural. Estos proyectos fueron puestos a consideración de la ciudadanía en un proceso similar al de la consulta popular en el que los cubanos tienen la oportunidad de realizar las observaciones pertinentes enviándolas a través de una dirección de correo electrónica específica en cada caso. El nivel de transparencia en este tipo de herramientas es bajo, aunque busque fomentar la participación ciudadana, tampoco existen garantías de que las recomendaciones sean incorporadas en las redacciones finales de los proyectos.
Demo Amlat es un proyecto impulsado por Transparencia Electoral cuya misión central es el compromiso con el fortalecimiento democrático en la Región.
