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Informe quincenal #39 del Observatorio Legislativo de Cuba

Con el comienzo de abril, da inicio la cuenta regresiva para que la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) convoque al primer periodo ordinario de sesiones que de acuerdo a las modificaciones del cronograma legislativo aprobado en diciembre del año 2021 debe celebrarse durante este mes. Estimativamente la asamblea se propuso la aprobación de 27 leyes y 14 decretos-leyes, un total de 41 disposiciones normativas. 

¿Cómo se prepara la asamblea de cara al primer periodo ordinario de sesiones del año?  Hasta el momento se presentaron a los diputados una serie de proyectos que paralelamente fueron publicados para su análisis a través del sitio web. Entre ellos se encuentran los proyectos de “Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad alimentaria” y “Ley de Protección de Datos Personales”. Sobre el primero debemos resaltar que se trata de una normativa que aborda por primera vez en el ordenamiento jurídico cubano las cuestiones relacionadas con la creación de comisiones de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, y la responsabilidad de cada órgano de gobierno en relación con este objetivo. Uno de los temas centrales de este proyecto tiene que ver con el desperdicio de alimentos en la isla, sin embargo también ha generado cierta controversia en términos de calidad y cantidad de productos agrícolas que son destinados para cubrir la demanda del turismo en los hoteles, en contraste con la posibilidad de acceder a estos productos que tienen quienes viven en la isla. 

En cuanto a la Ley de Protección de Datos Personales, se señaló que “se trata de una disposición corta, estructurada en tres capítulos, 66 artículos, dos Disposiciones Especiales y cinco Finales”. Este proyecto tiene como principal objetivo “Establecer los principios, procedimientos y definiciones fundamentales para garantizar a la persona natural el derecho a la protección de sus datos personales que consten en registros, ficheros, archivos, bases de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean físicos o digitales de carácter públicos o privados” define, además, las vías de reclamaciones en cada caso y como se debe proceder. Aún así, la existencia de ambigüedades en algunos términos genera incertidumbre sobre la función de esta ley, pudiendo convertirse en otra herramienta de vigilancia para el régimen. 

También se espera el tratamiento del proyecto de “Ley del Sistema de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente”, una de las normas que se publicó con mayor antelación.  El proyecto regula principalmente las acciones tanto del Estado, como de los ciudadanos con el fin de asegurar la implementación y el funcionamiento de un sistema para el tratamiento de los recursos naturales y el medio ambiente. Esta y la “Ley del Sistema de Protección de la Creación Literaria y Artística” son quizá los proyectos que menos comprometen la garantía de derechos fundamentales.  Lo mismo sucede con el proyecto de “Ley General de Protección al Patrimonio Cultural y al Patrimonio Natural”.

Distinto es el caso de la “Ley del Proceso de Amparo de los Derechos Constitucionales” puntualmente este proyecto es uno de los más esperados, ya que la misma debe establecer cuáles derechos se encuentran amparados por esta garantía y en esta misma línea, cuál es el procedimiento a seguir en cada caso. Paradójicamente el tratamiento de esta norma se viene postergando desde septiembre del año 2020 y fue una de las últimas leyes en publicarse, recién a mediados de marzo de este año. 

Todos estos proyectos fueron publicados desde finales del año pasado hasta la fecha con la idea de que los mismos puedan ser consultados por la sociedad. Si bien ya hemos llamado la atención en repetidas oportunidades sobre la falta de transparencia de este proceso en el que la sociedad civil tiene la posibilidad de realizar consultas y recomendaciones sobre los proyectos a través de correo electrónico, ya que se desconocen cuáles son los criterios para adoptar o descartar estas propuestas, a esta situación debemos sumar que los proyectos más trascendentales en materia de derechos fueron los últimos en ser publicados, otorgando un plazo mucho más acotado para su revisión. 

Además, el Consejo de Estado, órgano de la ANPP facultado para representarla durante los periodos de receso, aprobó recientemente dos decretos leyes: 

  • Decreto-ley «Del Reconocimiento del Tiempo de Servicio para el Otorgamiento de las Pensiones a los Pescadores Comerciales». Esta norma reconoce con carácter excepcional los años de servicios de los pescadores que ejercían la pesca comercial privada.
  • Decreto-ley “Modificativo de la Ley 144 Del Presupuesto del Estado para el Año 2022”, del 21 de diciembre de 2021. 

Ninguno de estos proyectos se encuentra previsto en las últimas incorporaciones realizadas al cronograma legislativo para el periodo 2022 y hasta la fecha no fueron publicadas en la Gaceta Oficial.

Tomando la información proporcionada hasta el momento por el sitio web de la asamblea, la nómina de asuntos a tratar incluiría los siguientes puntos: 

  • Código Penal;
  • Ley de Ejecución Penal; 
  • Ley de Seguridad Alimentaria y Soberanía Nutricional;
  • Ley de Protección de Datos Personales;
  • Ley General de Protección del Patrimonio Cultural y Natural;
  • Ley de Amparo de los Derechos Constitucionales;
  • Ley del Sistema de Protección de la Creación Artística y Literaria;
  • Ley del Sistema de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente.

El Código de las Familias aún se encuentra en periodo de consulta popular hasta el 30 de abril, por lo que no está planeado su tratamiento en este primer periodo de sesiones. Aún así el régimen se dispuso a centrar toda la atención posible en torno a este proyecto, a diferencia de otros como el Código Penal que contó con escasos espacios en medios oficiales para ser tratado y debatido. 

De acuerdo con el artículo 89 de la Ley N°133/2019 de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional Poder Popular y del Consejo de Estado de la República de Cuba, el Presidente de la ANPP debe convocar el inicio del periodo de sesiones con veinte días de antelación, al cierre de este informe aún no se ha expedido este comunicado. De acuerdo a los plazos que debería cumplir la asamblea, se espera que el mismo sea anunciado durante los primeros días del mes de abril.