Al desfasaje entre atribuciones de las entidades territoriales descentralizadas y autónomas y la capacidad real de éstas de afrontar organizativa y económicamente la puesta en práctica y despliegue del conjunto de tareas relativas a los procesos electorales se agregan los problemas acarreados por la pandemia, de cara a las elecciones del 7de marzo.
Si las elecciones generales realizadas en Bolivia el año 2020 fueron las más difíciles de su historia por el contexto en que se efectuaron: una elección anulada, un gobierno transitorio y la llegada de la pandemia, la elección de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales de 2021 será también, la más difícil de la historia del país.
Previstas para el 7 de marzo, estas elecciones tienen un año de retraso y ahora se enfrentan al efecto catastrófico que está teniendo la segunda ola de covid-19, que en los primeros días del año ocasionó la muerte de al menos un médico al día y dos candidatos a la gobernación del departamento de La Paz.
La tasa de contagios y muertes reportados este año es mucho más alta que la del año pasado. Los reportes oficiales tienen un grave problema de subregistro, como lo demostró un reciente estudio de corresponsales en Bolivia del New York Times con datos del Servicio de Registro Civil, “en 2020 murieron en total 79,171 personas por diferentes causas en Bolivia, son aproximadamente 28,900 muertes más que el promedio de los años 2016-2019. Solo 9,165 fueron registradas por Covid-19”.
Muchos políticos y sectores médicos han pedido al gobierno y al Tribunal Supremo Electoral postergar las elecciones y volver a una cuarentena rígida; esto último, es algo que el gobierno no está dispuesto a hacer para no dañar aún más la economía. Sin embargo, su posición bastante deshumanizada es que la población debe “aguantar” hasta que lleguen y se apliquen las vacunas, cuyo arribo y cantidad de dosis es todavía incierto y su inacción ante los contagios, colapso de hospitales y número de muertes es preocupante.
El Tribunal Supremo Electoral ha señalado que la fecha de las elecciones no se moverá y, con el apoyo de los representantes del Sistema de las Naciones Unidas, en particular de la Organización Panamericana de la Salud, ha invitado a todas las organizaciones políticas y candidaturas a suscribir un acuerdo denominado “Acuerdo para una Campaña Electoral Segura para la Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales del domingo 7 de marzo de 2021”.
El acuerdo propuesto consta de 18 puntos que buscan que las distintas campañas electorales adopten medidas básicas de bioseguridad, dando prioridad a los eventos virtuales y que en sus caravanas, recorridos, caminatas, entrega de material de campaña etc., se reduzca el número de personas y vehículos participantes. Además, condena la violencia política y conmina a las organizaciones políticas a aceptar los resultados electorales, o apelar según los recursos contemplados en la ley electoral, demostrando compromiso con la democracia y la institucionalidad.
Todavía es pronto para saber el grado de aceptación que tendrá esta propuesta de acuerdo entre la comunidad política y la sociedad civil boliviana; sin embargo, desde un punto de vista muy personal, pareciera que lo mejor es no postergar el proceso. Las elecciones se realizarán en un ambiente controlado, tal como ocurrió en las elecciones generales del año pasado, y nada garantiza que su suspensión signifique también la suspensión de las campañas electorales, que son la principal fuente de contagio. Por otra parte, el país requiere de manera urgente renovar y legitimar a sus autoridades territoriales para que la lucha contra la pandemia y la crisis económica pueda encararse mediante acuerdos adecentados y responsables entre las distintas autoridades del país.
Pero, hasta aquí, hemos descripto solamente las dificultades que las elecciones subnacionales enfrentan por la pandemia, si ella no existiera, este tipo de elecciones enfrentan una enorme complejidad que no es exclusiva de Bolivia, se extiende a otras latitudes de la región, por supuesto, con las diferencias que existen según el contexto y las características del sistema político de cada país.
Describamos primero algunas de las características de la estructura y organización territorial del Estado, porque el país viene realizando un difícil esfuerzo por crear nuevos niveles de gobierno que avanza lentamente por el grado de centralidad y tutela burocrática que mantiene el Estado sobre los procedimientos que se deben seguir para que estos niveles alcancen autonomía.
Con la Constitución aprobada en 2009, durante el gobierno de Evo Morales, Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías.
Para la conformación del Estado autonómico, el país se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos. En los últimos años se han creado, modificado, y delimitado unidades territoriales de acuerdo con la Constitución y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización que reguló el procedimiento para que cada uno de los 9 departamentos elabore sus estatutos autonómicos, lo mismo ocurre para las autonomías indígena originario campesinas que también elaboran estatutos y los municipios Cartas Orgánicas.
La gran mayoría de las entidades territoriales todavía no ha aprobado estos estatutos y cartas orgánicas, por problemas con el laberinto de complicados trámites que se deben cumplir y el control de constitucionalidad por el que deben pasar en su etapa final, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.
La autonomía en Bolivia implica la elección directa de sus autoridades, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por los órganos de cada gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción, competencias y atribuciones.
Los gobiernos autónomos departamentales están constituidos por una Asamblea Departamental, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa departamental en el ámbito de sus competencias, y por un órgano ejecutivo que está conformado en algunos casos, solamente por un Gobernador y en otros, se elige Gobernador y Subgobernador como máximas autoridades ejecutivas departamentales. La Asamblea Departamental está compuesta por asambleístas departamentales, elegidos por votación universal, directa, libre, secreta y obligatoria; y por asambleístas departamentales elegidos por las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de acuerdo con sus propias normas y procedimientos.
De 9 autonomías departamentales, solo 3 tienen Estatuto Autonómico aprobado y vigente: Santa Cruz, Tarija y Pando.
Por otra parte, la Constitución Política del Estado señala que para conformar una región se requiere que varios municipios o provincias con continuidad geográfica, sin que trasciendan límites departamentales y siempre que compartan cultura, lenguas, historia, economía y ecosistemas en cada departamento, pueden constituirse como un espacio de planificación y gestión.
La región se constituye en autonomía regional a iniciativa de los municipios que la integran, vía referendo en sus jurisdicciones. El gobierno de cada autonomía regional está constituido por una Asamblea Regional con facultad deliberativa, normativo-administrativa y fiscalizadora, en el ámbito de sus competencias, y un órgano ejecutivo. Los miembros de la Asamblea Regional son elegidos en cada municipio junto con las listas de candidatos a concejales municipales, de acuerdo con criterios poblacionales y territoriales.
Hasta ahora, solamente existe una Región Autónoma conformada en el Estado Plurinacional de Bolivia, la Región del Gran Chaco del Departamento de Tarija, donde tres Gobiernos Autónomos Municipales, Yacuiba, Caraparí y Villa Montes manifestaron su intención de convertirse en autonomía, iniciando los procedimientos legales y constitucionales el año 2009 y terminando 7 años más tarde, el 2016 con la aprobación de su Estatuto Autonómico mediante referendo.
La autonomía municipal se conforma mediante un gobierno autónomo municipal que está constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por un alcalde. El Concejo Municipal se compone por concejales elegidos mediante sufragio universal. En los municipios donde existan naciones o pueblos indígena originario campesinos, que no constituyan una autonomía indígena, éstos pueden elegir sus representantes ante el Concejo Municipal de forma directa mediante normas y procedimientos propios y de acuerdo con la Carta Orgánica Municipal.
La elección de los órganos legislativos, deliberativos y fiscalizadores de los gobiernos autónomos, es decir, de las asambleas y concejos de los gobiernos autónomos municipales, tiene lugar en listas separadas de los ejecutivos.
De 339 municipios que tiene Bolivia, solamente 24 lograron aprobar a la fecha sus Cartas Orgánicas.
En todos los casos, las autoridades son elegidas por un periodo de cinco años con la posibilidad de una sola reelección.
Finalmente, según la constitución, la autonomía indígena originaria campesina consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígena originario campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas, y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias.
La conformación de la autonomía indígena originaria campesina se basa en los territorios ancestrales, actualmente habitados por esos pueblos y naciones, y en la voluntad de su población, expresada en consulta. Cada autonomía indígena originario campesina elabora su Estatuto, de acuerdo con sus normas y procedimientos propios, según la constitución y la ley. La decisión de convertir un municipio en autonomía indígena originaria campesina se adopta mediante referendo conforme a los requisitos y condiciones establecidos por ley.
En los municipios donde existen comunidades campesinas con estructuras organizativas propias que las articulen y con continuidad geográfica, se puede conformar un nuevo municipio, siguiendo el procedimiento ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación, previo cumplimiento de requisitos y condiciones conforme a la Constitución y la ley.
La agregación de municipios, distritos municipales y/o autonomías indígenas originario campesinas para conformar una región indígena originario campesina se decide mediante referendo y/o de acuerdo con sus normas y procedimientos de consulta, según corresponda y conforme a los requisitos y condiciones establecidos por la Constitución y la ley. El gobierno de las autonomías indígena originario campesinas se ejercerá a través de sus propias normas y formas de organización, con la denominación que corresponda a cada pueblo, nación o comunidad, establecidas en sus estatutos y en sujeción a la Constitución y a la ley.
Desde la promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización en 2010, existen, por lo menos, 40 expresiones de interés de acceso a las Autonomías Indígena Originario Campesinas (AIOC); pero solo 6 lograron conformar sus Gobiernos Autónomos Indígena Originario Campesinos, poniendo en vigencia sus respectivos Estatutos Autonómicos. Estas son la nación Uro Chipaya de Oruro, Raqaypampa de Cochabamba, Charagua y kereimba iyaambae en Santa Cruz y Salinas de Garci Mendoza Oruro.
Toda esta compleja maraña de instituciones políticas para crear nuevos niveles de gobierno para que, en teoría, favorezcan la autodeterminación, en la práctica, no funciona correctamente. A los departamentos, regiones y municipios se les ha transferido y delegado competencias inviables porque no existe un régimen económico financiero suficiente ni una buena coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas, lo que se traduce en migraciones masivas de los pobladores de las áreas rurales a los grandes centros urbanos en busca de mejores servicios y oportunidades.
Finalmente, en referencia al proceso electoral del 7 marzo, podemos decir que la ley en Bolivia permite que para las elecciones subnacionales se presenten dos tipos de organizaciones políticas además de los partidos políticos, estas son las Agrupaciones Ciudadanas de alcance departamental y municipal y las Organizaciones de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos. Estos tres tipos de organizaciones inscribieron más de 20.000 candidatos para 5.000 cargos públicos.
Esta es otra muestra de la complejidad de esta elección que se da en un escenario de fragmentación política impresionante, candidatos que en teoría son de la misma tendencia ideológica o por lo menos dicen oponerse al partido más fuerte que existe en Bolivia en este momento, que es el Movimiento al Socialismo (MAS) se disputan el mismo cargo de elección popular como si no hubieran aprendido nada de la derrota que sufrieron en la elección general de 2020, en parte por la misma razón, la fragmentación. Al parecer, el trauma sufrido por el triunfo del MAS en 2020 hizo que la oposición se divida aún más.
La fragmentación, también genera un alto grado de dispersión del voto, porque la gente ante una caótica cantidad de información producida por un número irracional de candidaturas no puede discriminar bien las propuestas que les ofrecen. Además, hay que tener en cuenta que es común que en una elección subnacional exista mayor volatilidad que en una elección general. Los imaginarios, los referentes locales, los intereses, etc., son más importantes que los débiles partidos políticos existentes, excepto probablemente el MAS y su núcleo duro de votantes que intentarán cooptar la mayor cantidad de entidades territoriales posible para acrecentar su poder y presencia nacional.
El escenario entonces es complicado, se caracteriza por la fragmentación, la dispersión y la volatilidad, principalmente del voto opositor al MAS, a pesar de que este partido tuvo también graves problemas internos para definir a sus candidatos, presentará candidaturas únicas ante la fragmentación de la oposición.
Por otra parte, la crisis de partidos políticos y la amplia oferta electoral generan un cierto caos difícil de manejar. Son elecciones atípicas por la crisis del coronavirus, a su vez, es difícil encontrar candidatos que conecten con la ciudadanía, hay pocos referentes políticos con las características de liderazgo que uno espera surjan en este tipo de elecciones. Sin embargo, esperamos que se lleven adelante con éxito para dejar de lado el ininterrumpido ambiente electoral que vive Bolivia desde hace tres años, y las autoridades se enfoquen en trabajar y dar soluciones a las múltiples crisis que vive el país.
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Secretario Técnico de la Alianza de la Sociedad Civil boliviana La Ruta de la Democracia, vicepresidente de la Asociación Boliviana de Ciencia Política, Licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública en Chile y Máster en Estudios Políticos Aplicados, España.[/author_info] [/author]
Demo Amlat es un proyecto impulsado por Transparencia Electoral cuya misión central es el compromiso con el fortalecimiento democrático en la Región.
