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Elecciones presidenciales Venezuela 2024: competir bajo condiciones autocráticas

Por Transparencia Electoral.

El 28 de julio de 2024, 21.392.464 de ciudadanos venezolanos están habilitados para elegir al presidente por el período 2025-2031, de acuerdo al último corte del Registro Electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE). Aunque hay diez candidatos registrados en la contienda por llegar al Palacio de Miraflores, la competencia está fuertemente polarizada entre el presidente Nicolás Maduro del Partido Socialista Unido de Venezuela -PSUV- (en el poder desde el fallecimiento de Hugo Chávez en 2013) y el candidato de la opositora Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González. El resultado tendrá un impacto profundo no sólo para el país latinoamericano, sino para toda la región.

Las elecciones tienen lugar en circunstancias claramente autocráticas. Venezuela se encuentra sumida en una profunda crisis que abarca prácticamente la totalidad de los aspectos de su vida nacional: institucional, económico y migratorio. Al deterioro de la situación política, con la lenta transición hacia un régimen autoritario desde la elección de Hugo Chávez en 1998 (profundizada tras su muerte y sucesión con Maduro) que involucra la acumulación de poder en manos del Ejecutivo, el desmontaje del Estado de Derecho y la violación sistemática de derechos humanos, se suma una crisis humanitaria con altos niveles de pobreza extrema y gravísima situación en la prestación de servicios tales como salud, educación, vivienda, entre otros. Producto de ello se ha generado una de las crisis migratorias más grandes del mundo, con estimaciones que superan los 8,3 millones de venezolanos viviendo hoy fuera del país.

Desde la segunda mitad de la década de 2010, se han incrementado los cuestionamientos sobre la independencia del Poder Electoral, lo que generó divisiones por razones estratégicas en la oposición venezolana, entre sectores favorables a la concurrencia electoral y la negociación política con el gobierno y sectores defensores de las medidas de protesta y el boicot institucional. Esto se vio acompañado por algunos de los procesos electorales más cuestionados que haya realizado el país, en los que incluso se han desconocido resultados que favorecían a la oposición (2015) y se han fraguado fraudes alevosos (2017, 2018 y 2020). Con las inhabilitaciones ilegales a líderes opositores y la judicialización de varios partidos, con el reemplazo de sus directivas por sectores “dialogantes” con el gobierno, el oficialismo ha procurado asegurarse un ecosistema de partidos inofensivo.

Sin embargo, acontecimientos recientes han mostrado la clara fragilidad de esta situación y el poder institucional del chavismo contrasta con su claro debilitamiento en su poder de movilización. Además de reconocer haber obtenido una cantidad menor de votos en cada elección desde 2015 en adelante (se tomen o no como creíbles las cifras) se constató una concurrencia muy pobre al Referéndum Consultivo de diciembre de 2023 sobre la cuestión de la Guayana Esequiba, así como la Consulta Popular Nacional del 21 de abril de este año. Pese a contar Venezuela con un sistema de votación, escrutinio y totalización
automatizado, no se han reportado resultados desagregados del Referendo Consultivo del año pasado.

La venidera elección presidencial está marcada por tres eventos clave: la selección de un candidato de la oposición en las elecciones primarias de 2023, la disolución y nombramiento inconstitucional de una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), y la firma de un acuerdo en Barbados entre el gobierno de Maduro y la oposición democrática venezolana.

La progresiva reorganización de las fuerzas opositoras y unificación de la mayoría de sus facciones en la Plataforma Democrática Unitaria (con adhesión posterior de otras fuerzas) facilitó la realización de las elecciones primarias a finales de 2023. María Corina Machado, líder del partido Vente Venezuela, se impuso con cerca de un 92% de las preferencias en una votación en la que participaron más de 2 millones de venezolanos pese a las condiciones adversas en las que tuvo lugar. Simultáneamente con la primaria, la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), nombrada en 2021, fue desmantelada. Los principales rectores, vinculados al oficialismo, renunciaron, y la Asamblea Nacional elegida en 2020 nombró una nueva directiva, lo que no estuvo exento de cuestionamientos debido a la clara vinculación partidista de la mayoría de los seleccionados, con una composición claramente oficialista. El “Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales”, conocido como uno de los Acuerdos de Barbados, firmado entre el gobierno de Maduro y la oposición con la mediación de Noruega y la participación de Estados Unidos, buscaba mejorar las condiciones electorales para la elección presidencial de 2024, incluyendo la actualización del registro electoral y la observación internacional.

Sobre María Corina Machado pesa una inhabilitación administrativa inconstitucional, lo que impidió que inscribiera su candidatura y condujo a que esta resolviera respaldar a otros candidatos. El intento de inscribir a su primera opción, la académica Corina Yoris, fracasó por un bloqueo aún no esclarecido del todo por parte del CNE a su postulación (pese a no pesar sobre Yoris ningún tipo de impedimento legal). Su siguiente opción, el diplomático retirado Edmundo González, logró ser registrado (inicialmente como candidato provisional, luego definitivo) y respaldado por otros partidos luego de un período de intensas presiones sobre el régimen de Maduro por parte de la comunidad internacional.

Aunque la campaña electoral oficialmente inicia el 4 de julio según el cronograma, el CNE no ha establecido limitaciones para impedir la precampaña. Tanto el oficialismo como la oposición se han movilizado desde la formalización de las candidaturas, difundiendo propaganda electoral en redes sociales. La polarización entre Nicolás Maduro y Edmundo González, junto con la persecución y amedrentamiento oficialista, y la proliferación de fake news, son elementos destacados de esta anticipada campaña de 2024. El CNE ha seguido mostrando una gran opacidad en la ejecución de sus actividades, destacándose la desinformación en la publicación del registro electoral preliminar y detalles sobre los centros de votación y mesas electorales. La auditoría del registro electoral ha sido ampliada sin mayor información oficial, y la auditoría integral del sistema automatizado de votación se conoció días después de efectuada. La auditoría del software de máquina de votación, clave en cada elección, se realizó en menos tiempo del estipulado, y la jornada especial de inscripción y actualización del registro electoral en el exterior también fue reducida sin justificación. Estos incumplimientos implican claras violaciones del marco normativo vigente. Del mismo modo, la opacidad terminó desenmascarando graves divergencias internas cuando uno de los rectores del CNE, Juan Carlos Delpino (designado como representante de fuerzas opositoras) denunció actitudes unilaterales por parte de la directiva de Elvis Amoroso.

La observación electoral nacional aún no ha sido acreditada formalmente, a diferencia de las organizaciones de acompañamiento electoral internacional, CEELA y OPEIR, ambas claramente parcializadas a favor del gobierno. Además, el oficialismo ha perseguido y amedrentado a la oposición.

Los patrones de violencia más usados son:

1. Persecuciones, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas no solo de dirigentes políticos de la oposición democrática, sino que ha escalado inclusive a ciudadanos comunes;

2. Ataques contra medios de comunicación;

3. Impedimentos de fuerza para la movilización de la oposición democrática;

4. Sanciones a hoteles, restaurantes y afines que prestaron servicio a la oposición democrática;

5. Otras formas de amedrentamiento (incautación de bienes, destituciones, etc.)

Al momento de escribir este informe, María Corina Machado ha denunciado que 37 personas han sido detenidas por su participación en la campaña opositora. La comunidad internacional está monitoreando este proceso electoral, y gobiernos como los de Estados Unidos, Colombia y Brasil han insistido sobre la necesidad de elecciones libres y limpias. La Unión Europea, con el objetivo de que se acreditara una Misión de Observación Electoral, flexibilizó las sanciones contra ciertos altos funcionarios, incluyendo al titular del CNE, lo que ha generado fuertes reacciones del sector oficialista y la revocación de la invitación a observar los comicios.

Para más información, lee nuestros informes:

I Informe electoral: Elecciones presidenciales Venezuela 2024: Competir bajo condiciones autocráticas
II Informe electoral: Elecciones presidenciales Venezuela 2024: Competir bajo condiciones autocráticas
III Informe electoral: Elecciones presidenciales Venezuela 2024: Competir bajo condiciones autocráticas