El pasado 5 de mayo, la República de Panamá tuvo elecciones generales a fin de elegir a todas sus autoridades políticas sujetas al sufragio popular en su solo acto, tanto a nivel nacional como local, para el quinquenio 2019-2024; siendo éstas las sextas realizadas luego de la restauración del orden democrático y la reorganización del Tribunal Electoral en 1990.
Como en las anteriores, el evento electoral se caracterizó por dos hechos, casi estándares en nuestra reciente historia electoral, como lo es el comportamiento cívico del electorado, en completa paz y tranquilidad, alcanzando niveles de participación por encima del 70% en un país en donde el voto es opcional, y la alternancia política en los resultados de la elección presidencial. Sin embargo, la participación a nivel nacional bajó en 3.8 puntos porcentuales con relación a las elecciones generales de 2014: 73.0% versus 76.8%. Próximamente estaremos analizando los grupos de edades y áreas geográficas donde podemos vincular este descenso en la participación.
Sin embargo, existen otros hechos que consideramos importantes señalar que marcaron esta elección, como lo fueron los resultados electorales legislativos, la participación activa y significativa de los candidatos por la libre postulación, la campaña cívica en contra de la reelección, y la aplicación de la reforma electoral de 2017, la cual es la más profunda que ha tenido Panamá en toda su historia.
En términos generales, el balance del proceso electoral fue positivo, en el sentido de que se llevó a cabo en el tiempo previsto según nuestra legislación y con resultados y proclamaciones de ganadores dentro de la semana siguiente al cierre de la votación; amén de la inexistencia de actos de violencia y el acompañamiento internacional que certificó la buena marcha y ejecución del evento electoral.
Por otro lado, es importante resaltar el hecho de que la mayoría de los actores del proceso pudieron ajustarse a las nuevas disposiciones legales que cambiaron radicalmente el desarrollo del evento y por lo tanto la cultura política, como lo fueron los temas de la celebración de las primarias partidarias, un período de campaña de solo 60 días y la consecuente veda electoral fuera de dicho período; el control del financiamiento privado y la limitación impuesta a la publicidad estatal desde tres meses antes de las elecciones, para destacar solo algunos de los cambios.
Procedemos a detallar los eventos más significativos de las pasadas elecciones generales, a fin de profundizar en el balance de las mismas.
Se mantuvo la tradición del voto castigo a nivel presidencial en contra del partido en el gobierno, y la oposición volvió a obtener el triunfo presidencial cada cinco años, siendo respetado tanto por el candidato oficialista como por el gobierno en función, lo que confirma el ambiente general de paz en nuestra sociedad y que el Tribunal Electoral genera y garantiza que las condiciones del torneo electoral permitan efectivamente que la oposición tenga opciones verdaderas de participación y acceso a presidencia de la República.
Si bien es cierto que ha sido el resultado electoral presidencial más estrecho en los últimos 30 años (46,299 votos: 33.4% vs 31.0%), la transmisión de los resultados extraoficiales a cargo del Tribunal, se dio de manera transparente, pública y continua, a partir de la media hora de cerradas las mesas de votación.
Ese margen estrecho a nivel presidencial, impidió que el Tribunal Electoral confirmara públicamente una tendencia irreversible de votos hasta las 11:36 pm, lo cual contrastó con eventos anteriores en donde antes de las 4 horas de cerradas las votaciones, los Magistrados del Tribunal Electoral llaman, en un acto público, al candidato presidencial ganador para comunicarle de la existencia de la misma y que es reconocido como el triunfador extraoficial del evento.
No obstante, la transmisión extraoficial fue exitosa tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, pues la Junta Nacional de Escrutinio proclamó los resultados oficiales con una diferencia de 94 votos en el margen entre los dos candidatos más votados, demostrándose la efectividad del sistema y consolidando la confianza ciudadana en el organismo electoral.
Otro punto válido fue la incursión masiva y hasta cierto punto efectiva de los candidatos por libre postulación, quienes para este evento tuvieron una mayor aceptación por el voto popular como opciones válidas y de consideración.
Si bien la reforma de 2017 trajo nuevas facilidades para la inscripción de este tipo de candidaturas, las mismas existen desde 1972 y, desde 1978, en paralelo con los partidos políticos, aunque con limitaciones a cierto tipo de cargos.
En el segundo intento de los candidatos por libre postulación de aspirar a la presidencia de la República [1], uno de ellos ocupa un tercer lugar con el 18.8% de la votación que representó 368,962 votos. Para los demás cargos, 5 fueron electos diputados versus 1 en 2014; 2 al cargo de alcaldes versus cero en 2014; y 21 a cargos en los concejos municipales (llamados representantes de corregimiento) versus 14 en 2014, lo que puede catalogarse como un importante avance por parte de actores ajenos al sistema de partidos políticos, lo que sin duda revitaliza el sistema democrático panameño y que lleva al estudio del futuro de nuestra política.
El desempeño de esta bancada de cinco diputados por libre postulación, en la Asamblea Nacional, autoproclamados como la bancada de los independientes, así como de los demás candidatos del recién torneo, podrían darnos luces sobre el futuro de la libre postulación en Panamá, si llega o no a consolidarse como una fuerza alterna y de consideración frente al sistema político partidista.
Coyunturalmente al tema del repunte de las candidaturas por libre postulación, un hecho sin precedentes ha sido la renovación de un porcentaje mayoritario de la Asamblea Nacional, en donde el número de reelectos fue de 15 en una Cámara de 71, que podemos ligar a la campaña cívica en contra de la reelección que caló entre los electores.
Nos referimos ahora al impacto de las últimas reformas electorales sobre las elecciones generales del pasado 5 de mayo.
Desde el año 1991, cuando se celebraron las primeras elecciones parciales después de la invasión del 20 de diciembre de 1989, una vez reorganizado el Tribunal Electoral, se hace un llamado a los actores de la vida política de la Nación a fin de que, transcurridas unas elecciones, se instale una mesa para la generación de una reforma electoral de manera consensuada y tomando como punto de partida la experiencia del torneo electoral que culmina. La primera reforma integral se hizo en 1993 para las elecciones de 1994.
Así las cosas, este mecanismo ha sido utilizado para moldear los principales elementos de nuestro sistema electoral, mediante la modificación de las figuras, la supresión de aquellas inoperantes y la introducción de nuevas a fin mejorar, actualizar y dinamizar, buscando más equidad, transparencia, rendición de cuentas y justicia efectiva.
En este sentido, la Asamblea Nacional aprobó la última reforma electoral a través de la Ley 29 de 29 de mayo de 2017, bajo la iniciativa legislativa del Tribunal Electoral y producto de un año de trabajo con la Comisión Nacional de Reformas Electorales; reforma que sirvió de base para llevar a cabo esta última elección.
Figuras como el período de campaña, topes al gasto y donaciones, control y transparencia del financiamiento privado, la restricción a la publicidad estatal desde tres meses antes de las elecciones, y prohibición de participación de candidatos en los actos de inauguración de obras públicas en período electoral, y la fijación de un período de campaña, fueron los temas que sin duda impactaron en las pasadas elecciones. Este nuevo contorno contribuyó a generar más equidad y transparencia en el proceso.
Tradicionalmente en Panamá, las campañas electorales iniciaban al día siguiente de culminada una elección, lo que se traducía en un ambiente de campaña permanente que obligaba a los distintos actores a incurrir en continuos gastos, llevando consigo al endeudamiento político de éstos y al clientelismo entre los electores.
Con las medidas de control, los efectos se hicieron sentir de manera casi automática, al establecerse un silencio publicitario durante la veda electoral, el cual impidió la difusión de propaganda hasta los momentos de campaña, que son 45 y 60 días antes de una elección primaria o una general, respectivamente, de forma que la sociedad en general pudo tener descanso del permanente bombardeo electoral por parte de los precandidatos; reduciendo, a la vez, el costo de las campañas.
De igual manera, otra reforma, impidió que los terceros, con intereses a favor o en contra de partidos o candidatos, pudieran comprar propaganda electoral a favor o en contra de ellos, obligando a que todos los candidatos respondieron por sus actos sin usar a intermediarios para que le hicieran el trabajo sucio.
La existencia de un tope para las contribuciones (tanto para el candidato como para los donantes), estableció un techo uniforme por candidatura para realizar gastos dentro del período de campaña, de forma tal que la delimitación del escenario fuese similar para todos.
De esta forma, la nueva ley electoral vino a llenar un vacío existente en las realidades fácticas que rodean el proceso electoral panameño, pues con la aparición del marketing electoral que se sustenta en el excesivo gasto electoral, las condiciones de un proceso justo iban desvaneciéndose con el pasar de los años.
Como se observa, el balance de la elección general de 5 de mayo de 2019 fue positivo por que ganó la institucionalidad democrática en Panamá, permitiendo, por un lado, la generación de mejores condiciones para el ejercicio del sufragio, tanto en su aspecto activo como pasivo, y por el otro, se observaron nuevas dinámicas que nos permiten avanzar con nuevos paradigmas en el acontecer político y electoral patrio.
Por supuesto, se identificaron problemas, errores y contratiempos que tienen su solución jurídica en procesos que se han entablado y que son propios de cada elección, pero en el contexto general, el proceso electoral fluyó sin contratiempos y sus deficiencias, plenamente identificadas, serán el objetivo central del próximo paquete de reformas que iniciaremos a preparar en 2020.
El pasado 5 de mayo ganó la democracia y ganó Panamá, pues con cada evento electoral se demuestra la madurez y fortaleza de su electorado, así como el compromiso nacional de seguir perfeccionando nuestro sistema electoral de manera integral.
[1] Hasta 2009, el Código Electoral limitaba el derecho de postulación a la Presidencia de la República a los partidos políticos, permitiéndoles solo para los demás cargos. La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional dicha norma, y a partir de las elecciones generales de 2014 la libre postulación queda permitida para todos los cargos de elección popular.
[box type=”bio”] Eduardo Valdés inició sus estudios de Derecho y Ciencias Políticas, en la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia y los terminó en la Universidad de Panamá en 1964. Luego realizó tres años de estudios de Economía a nivel de maestría en el Colegio de México en el Distrito Federal. Ha tomado cursos especializados en la Universidad de Buffalo, en el Banco In- teramericano de Desarrollo y el Instituto Brookings de Washington, D.C. Durante los años 1967 al año 1970, fue Planificador Jefe y Negociador de Convenios Internacionales en la Dirección General de Planificación y Administración de la Presidencia de la República. A partir de 1973 fue nombrado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como Curador, y tuvo la responsabilidad de liquidar importantes empresas declaradas judicialmente en concurso de acreedores, como fueron Cemento Atlántico y el Grupo Chaluja. De 1970 a 1990 ejerció la profesión de abogado en su propio Bufete. Su área de especialización fue Derecho Comercial y Marítimo. En junio de 1990, fue designado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como uno de los tres magistrados del Tribunal Electoral (TE) donde fue presindente de esta institución desde agosto de 1992 hasta agosto de 1995. También presidió el Referéndum Constitucional de 1992 y las elecciones generales de 1999. El 19 de septiembre de 1996, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo ratificó como magistrado del Tribunal Electoral por 10 años más y donde actualmente es ma- gistrado vicepresindente de este Órgano del Estado.[/box]
Demo Amlat es un proyecto impulsado por Transparencia Electoral cuya misión central es el compromiso con el fortalecimiento democrático en la Región.
