El nuevo parásito del sistema económico cubano: el Decreto-Ley 46

Uno podría pensar que frente a la crisis exorbitante que atraviesa todas las dimensiones de la vida de los cubanos, el gobierno mínimamente evitaría atosigar aún más a sus ciudadanos. Pero como era de esperarse, lo continúa haciendo y, en este caso particular, por medio del Decreto-Ley 46 publicado en la Gaceta Oficial el día jueves 19 de agosto del corriente año.

Las pequeñas y medianas empresas del mundo -MIPYMES- tienden a superar el 74% del entramado empresarial local. Para su supervivencia, existen regulaciones ya sea, a través de
instituciones o leyes que buscan fomentar el desarrollo y la competencia, y reducir los costos de transacción. Justamente, esos privilegios son capitalizados en países donde prima un clima de libertad económica e igualdad, contrario al que se vive en la isla cubana.

En el país donde se respira la desigualdad y se carece del derecho más preciado como la libertad, el régimen por necesidad aprobó la Ley de MIPYMES. Usted lector, podría suponer que este nombre hace referencia a una ley que busca proteger a las pymes, ayudarlas a crecer a nivel nacional e internacional por medio de regulaciones que remuevan trabas al comercio, que dista de ser libre. Pero lamento desilusionarlo, por segunda vez en lo que va del artículo, esta ley no logra más que sumar más trabas en la rueda de las empresas.

¿Pero cuáles son estas limitaciones? Existen dos principalmente: la no aprobación de las conocidas Sociedades Anónimas (S.A.) – “persona jurídica a la que las empresas pequeñas recurren en momentos de expansión para captar capital”, y la prohibición de ser socio simultáneamente en más de una MIPYME. Pero no son las únicas, también se prohíbe la participación de cubanos que hayan emigrado.

De más está decir, que en términos administrativos, la tramitación y aprobación de las pequeñas y medianas empresas dependerá del Ministerio de Economía. Con estas regulaciones el Estado, tal como afirma el ministro de dicha institución, Alejandro Gil, “este modelo tributará a la eficiencia de la empresa estatal socialista y a que esta se convierta en el motor impulsor de la economía (…)”. Luego agrega que “hay un principio fundamental: la que no puede salir perjudicada ni relegada a un segundo plano es la empresa estatal —la base del socialismo— que debe y puede ser eficiente”.

Sin embargo, la empresa estatal socialista nunca logrará ser eficiente, porque tal como afirma el Diario de Cuba, son un parásito de la economía cubana. Lo único para lo que sirven, es para arruinar el sistema económico y obviamente a su sociedad. El régimen por medio de su discurso, busca convencer a sus ciudadanos que a través de esta ley el Estado podrá crear un mercado de oportunidades para las pequeñas y medianas empresas. Pero, en realidad, las empresas no podrán conseguir financiamiento propio desde la isla para aprovechar esas supuestas “oportunidades” y lo único que conseguirán es la confección de sus propias tumbas, cavadas por el gobierno.

El agravante es que ningún cubano radicado en el exterior puede participar societariamente, como ya se mencionó, sumado a que nadie quiere tomar riesgo en invertir en la
isla cubana. Esto se debe a que los potenciales inversores, quedarían indefensos frente al sistema judicial cubano, sin posibilidades de defenderse ante cualquier acusación o demanda. Por lo tanto, sin acceso al mercado internacional, nada es posible.

Esto enmarca una gran limitante, ya que una de las formas de restaurar la democracia lentamente, podría conseguirse a través de la propia economía. En palabras del Ministro Alejandro Gil, “se crearon las condiciones favorables para poder avanzar con celeridad en el reordenamiento del sector empresarial y en el encadenamiento del sector estatal con el no estatal”.

Lamentablemente, esta oportunidad se esfuma, ya que el régimen aprovecha esta ley para abrir pymes desde el sector estatal. Buscando también, dividir las grandes empresas estatales y dejarlas a cargo de funcionarios o militares de rangos intermedios para su gerenciamiento.

Este argumento del Ministro trae serias dudas, ya que alegar “somos tan responsables porque funcione eficientemente una empresa estatal como del sector no estatal, porque todos
conforman el modelo. No hay un ‘ellos’ y un ‘nosotros’, es una falacia”. A continuación se detalla por qué, las nuevas MIPYMES tienen la oportunidad de ser privadas, estatales, o mixtas, con un estado que argumenta que tendrán el mismo trato frente a empresas independientemente sean estatales o no.

Y justamente, la igualdad en el trato no es cierta ni real, no solo porque se corromperá esta promesa por las dinámicas propias del régimen, sino también porque se está violando la Constitución castrista. En el artículo Nº 27 establece que las principales empresas son las del Estado, dejando estipulado claramente que las pequeñas y medianas empresas privadas quedarán replegadas en un espectro secundario.

Es evidente que esta reforma sólo busca darle mayor protagonismo a las empresas estatales, limitando la proyección de las MIPYMES porque sostienen que “las consecuencias serían irreversibles y conducirían a la destrucción misma del socialismo”. Entre las figuras cubanas se encuentra Raúl Castro, que afirma que el decreto ley “promueve el aumento del aparato burocrático cubano, mientras se limita por el frente a las empresas para prevenir que “la codicia y el afán de mayores ingresos de algunos, inicie un proceso de privatizaciones”.

¿Y cuál ha sido el efecto de la publicación del Decreto? Esta ley no ha provocado ni un atisbo de esperanza entre los cubanos, debido a las protestas pacíficas sucedidas a partir del 11 de julio, los posteriores arrestos y detenciones arbitrarias, desapariciones de personas y juicios sumarísimos, sumado a la violencia en la represión en las calles de Cuba, el régimen cubano ha perdido todo tipo de credibilidad.

Esta pérdida de credibilidad, se debe a que los ciudadanos cubanos perciben en estas medidas, un malogrado intento de pacificación por parte del estado a través de leyes dibujadas de reformas. La ciudadanía se encuentra empobrecida, totalmente desamparada por la pandemia. Y sobre todo, se encuentra como víctima y prisionera de un régimen atroz.
Los cubanos necesitan que el estado impulse la economía, con apertura de mercados al mundo, y no que la reduzca y limite. Necesitan conseguir financiamiento para las empresas u
organizaciones extranjeras, que crean en el poder de trabajo de los ciudadanos. Pero aún es más difícil conseguir empresarios que no hayan perdido la fe en ayudar a los cubanos. El régimen cubano no hace más que interponer trabas a las pequeñas y medianas empresas.

Estas últimas se definen como “unidades económicas con personalidad jurídica”, que “tienen como objeto desarrollar la producción de bienes y la prestación de servicios que satisfagan necesidades de la sociedad”. Claramente no están cumpliendo con su función dentro del proceso económico cubano. Lejos están de saciar las necesidades de un pueblo que padece el hambre, no solo de alimentos, sino hambre de futuro y de LIBERTAD.

Libertad en términos de condición humana, pero además, libertad en términos económicos para intentar sanear la economía cubana, y en términos político-sociales, para expresar sus opiniones libremente, sin sufrir represalias por parte de la cúpula dictatorial que los tiene presos en la Isla a todo nivel.

No perdamos la fe, quienes colaboramos en visibilizar la denigrante crisis, como los propios cubanos en el exilio, somos parte de la esperanza que les queda a los cubanos que luchan por su libertad.

Referencias: