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El modelo electoral de los populismos autoritarios

A diferencia de otras etapas históricas la derecha autoritaria de América latina ha aceptado, por fin, el juego democrático. Lo paradójico es que ahora el problema está en otro lado, en la izquierda, en su versión contemporánea de populismo autoritario, que luego de denuncias y exigencias históricas de condiciones electorales justas y libres es la que al llegar al poder desmonta la institucionalidad democrática al efecto de quedarse eternamente en el poder.

El faro de Cuba es alentador. Representa un modelo totalitario exitoso, con más de 60 años en el poder. Un régimen de partido único que se maneja en la discrecionalidad total, que ha blindado de impunidad a los dos hermanos que han sido sus históricos referentes y que este logro ha hecho de su modelo iliberal una marca país de exportación.

Con distintas intensidades, hoy se advierte el modelo de la izquierda autoritaria en todos los países del hemisferio. Venezuela y Nicaragua son los dos países que nos permiten estudiar en vivo la forma en la que se desmantela una democracia desde adentro. Venezuela desde 1998, aunque con un impulso muy marcado desde 2012. El de Nicaragua desde 2007. El caso de Cuba queda lejos, ocurrió en la década del 50 del siglo pasado. Para dar cuenta de este desmantelamiento es necesario acudir a los libros de historia. En este sentido, el libro de Loris Zanatta, Fidel Castro, el último Rey Católico, explica los esfuerzos de un joven Fidel para sabotear todo intento de salida democrática tras la caída de Fulgencio Batista. Aquí se detalla cómo Fidel, con solo veinte años de edad, estaba obsesionado con destruir a Ramón Grau, un reformista del partido Auténtico al que eligieron presidente en 1944 con el apoyo de la clase media sobre la base de su compromiso con la Constitución de 1940. Propuso incluso asesinarlo en un atentado mientras intentaba sin suerte escalar en la Federación Estudiantil Universitaria. Este odio luego se desplazó hacia la figura de Carlos Prío, el presidente elegido en 1948 para suceder a Grau. Este gobierno constitucional fue respetuoso de las libertades civiles y logró que la economía creciera. Sin embargo, Fidel no podía resignar su pulsión antidemocrática y violenta. La política democrática, republicana y consensual era para él la anti política. Como bien destaca Zanatta, la vía electoral no era para Fidel. En su partido, el Ortodoxo, nunca lo postulaban y en la universidad fue derrotado siempre por el brazo estudiantil del partido Auténtico. Su radicalidad aumentaba a medida que su suerte en el plano electoral disminuía. El sabotaje, las tomas de edificios públicos fueron su zona de confort y toda vez que un crimen político se daba a conocer todas las sospechas se posaban sobre Fidel, al punto que debió abandonar el país para permanecer a salvo.

La coincidencia con la actualidad es que toda esa justificación de la violencia política y de su odio se estructuraba sobre un discurso binario, de polarización, muy propio de los populismos autoritarios actuales, todos ellos tributarios y admiradores de este modelo totalitario acuñado a sangre y fuego en 1959. Patria-anti patria, pueblo-anti pueblo, amigo-enemigo, este era el entramado discursivo de Fidel que logró calar hondo en la crisis que terminó en el golpe de 1952, cuando Batista derrocó a Prío. De modo directo e indirecto Fidel colaboró con el golpe, por lo tanto, se puede asegurar que apoyó a Batista para que este llegara al poder. Recién cuando la democracia cayó Fidel recuperó el discurso democrático e institucionalista. Sin renunciar a la violencia y el sabotaje comenzó a exigir elecciones libres, pero era solo una estrategia porque mientras tanto trabajó para desestimar toda salida democrática basada en la unidad. Ya en el poder hizo purgas para sacarse de encima a los sectores democráticos de la revolución que querían convocar a elecciones. Empezó por Manuel Urrutia, designado presiente tras la caída de Batista. Mientras Urrutia trataba de convencer acerca de la impronta democrática de la revolución Fidel, detrás de bambalinas, lo esmerilaba, al punto que al cabo de unos meses debió renunciar el primer presidente de la revolución para huir al exilio. Después vendrían las frases más conocidas de Fidel como “la revolución no se hace con la ley” o que no hay tiempo para hacer elecciones. Las cartas estaban echadas y un proyecto totalitario empezaba así a dar sus primeros pasos. Imposible lograrlo sin ese discurso polarizante que estructuraba toda la violencia institucional que caracterizó a este proceso.

La reciente experiencia de Venezuela y Nicaragua repite este modus operandi. Sin embargo, podemos inferir que no ha podido desplegarse este modelo totalitario del todo quizá, porque a diferencia de lo que ocurrió en Cuba en 1959, hoy hay mucha más información y los giros autoritarios quedan más expuestos ante los ojos de la opinión pública internacional y de los organismos regionales que aún mantienen un compromiso con la democracia como es el caso de la actual secretaría general de la OEA. La represión por parte de las fuerzas de seguridad de Daniel Ortega ocurrida en 2018 dejó un saldo de 325 nicaragüenses asesinados, muchos de ellos estudiantes, lo que dejó al desnudo ante la comunidad internacional este condenable acto de violación a los derechos humanos. En el caso de la Venezuela de Nicolás Maduro la situación es peor aún. Solo en 2018 el Observatorio Venezolano de Violencia documentó 7.523 muertes violentas por resistencia a la autoridad. Esta situación da lugar a sospechas fundadas sobre la existencia de ejecuciones extrajudiciales, temas abordados y documentados por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michell Bachelet y presentes también en la causa contra Maduro que se le está por iniciar en la Corte Penal Internacional por perpetrar crímenes de lesa humanidad.

El relato le sirvió a Fidel para justificar la implementación de su proyecto totalitario, era solo un relato porque la Cuba de los 40 tenía más que ver con la actualidad de Costa Rica que con la extrema pobreza y el deterioro institucional de la Cuba contemporánea. Cuba era un país próspero, con razonables diferencias entre la realidad de la ciudad y el campo, pero en comparación era una economía que crecía e incluía. Con una situación institucional por arriba de la media en la región. Pero para Fidel todo era decadencia.

Retomando el curso inicial del artículo debemos preguntarnos acerca del modelo que persiguen estos países. Tanto en Venezuela como en Nicaragua a partir de un discurso polarizante se criminalizó a la oposición, se suprimió la noción de alternancia y de competitividad electoral, las elecciones fueron una farsa que, a los efectos concretos, dieron lugar a asambleas nacionales monocolores que sancionaron leyes para desmantelar la institucionalidad democrática y republicana. Hubo evidentes golpes de Estado, en esos casos de parte del poder Ejecutivo, para cooptar al poder Judicial y la autoridad electoral. La izquierda autoritaria contemporánea no debió asaltar el poder como en Cuba, accedió a través de elecciones libres, pero a partir de allí no perdió un solo día en desmontar la democracia con el firme propósito de erradicar para siempre la noción de elecciones libres.

En estos procesos podemos resaltar algunos hechos muy significativos: en Venezuela cuando se llevó a cabo en 2017 una elección Constituyente abiertamente irregular y fraudulenta para paralelizar a la Asamblea Nacional elegida en 2015, en la última elección semi libre ocurrida en el país, o cuando la justicia intervenida por Daniel Ortega, en 2016, exoneró a 28 diputados nacionales de la oposición elegidos democráticamente y no satisfecho con ello luego intervino las conducciones de estos mismos partidos para ubicar a dirigentes políticos que le respondieran a él. La conclusión es contundente: estos gobiernos que se arrogan carácter popular no pueden enfrentar una elección libre porque la pierden. Aquí reside la diferencia entre popular y populista. Bajo ningún aspecto se trata de gobiernos populares porque de enfrentar una elección libre la pierden.

En menor medida, aunque preocupante, esto ocurre en México cuando el presidente AMLO ataca a la autoridad electoral, o cuando en Argentina el gobierno ubica a jueces partidarios o militantes en distritos claves como la provincia de Buenos Aires o en la Cámara Nacional Electoral. También pasa en Bolivia con el clima de revancha que se vive en el país que gobierna Arce y Morales o en el discurso disgregante y belicoso de Pedro Castillo en el Perú. Y para sorpresa de muchos también se advierte en el discurso de los constituyentes en Chile de tono confrontativo y prepotente, en donde se pretende asumir la representación exclusiva del pueblo cuando solo fueron votados por un porcentaje dentro de un preocupante 42% de participación electoral total.

En definitiva, de ¿qué se trata el modelo electoral del populismo autoritario? Se trata de incorporar en el porcentaje más elevado posible los elementos que hoy constituyen al sistema electoral de Cuba. Un régimen político que cuenta con una autoridad electoral que implementa elecciones de modo periódico y que las hace bajo condiciones que preservan y reproducen el poder del partido político de gobierno excluyendo a la oposición. El politólogo e historiador cubano Armando Chaguaceda describe en el libro de DemoAmlat El modelo Iliberal cubano y su influencia en América latina, ese poder incisivo del régimen sobre las frágiles democracias de la región, que es sobre todo cultural. Es por ello que hasta que no haya una cultura política que sancione las expresiones partidarias que implementan discursos de odio de clase o de cualquier otro tipo, o discursos polarizantes que rompan el entramado de convivencia y tolerancia democrática para terminar con la noción de competencia y alternancia electoral, este poder incisivo totalitario continuará en la búsqueda de su propósito cuyo eje pasa por eliminar la idea de igualdad. La igualdad de un hombre un voto, de una mujer un voto, de integridad electoral, para llegar al modelo de Cuba, en donde las candidaturas solo son definidas por el único partido político legal, y en que la autoridad electoral solo cuenta los votos que van a los candidatos de ese partido único, mientras que toda alternativa, hasta la de anular el voto o votar en blanco, representa un acto de traición a la patria.

 

Por

Leandro Querido. Licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Se especializa en sistemas electorales y Observación Electoral. Es Director Ejecutivo de Transparencia Electoral de América latina. Recorrió el continente siguiendo las elecciones de la región. Es autor del libro “Así se vota en Cuba”.

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