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El federalismo en México ¿está bajo amenaza o es contrapeso del sistema político?

Fortalecer el federalismo a través de un funcionamiento efectivo, ordenado en el encuadre republicano y sujeto a justicia es aún un desafío por conquistar para México en donde al poder central y a los poderes locales les queda por dirimir atribuciones, competencias y responsabilidades en el marco de la democracia y su consolidación.

Martha Patricia Aguilar Espinosa*

Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder” (Montesquieu).

 

Para dar respuesta a esta interrogante, es necesario conceptualizar al federalismo. Desde una perspectiva político-institucional es entendido como la forma de Estado caracterizada por elementos esenciales: la existencia de órganos de un poder central y de órganos locales con autonomía; la división constitucional de competencias entre uno y otros y, la existencia de alguna forma de representación de las entidades locales en el gobierno federal[1].

En el caso mexicano, al derivar de un mandato constitucional, el federalismo tiene una relación de carácter formal con la democracia, aunque el vínculo esencial es la legitimación que ésta brinda a aquel en el ejercicio del poder. Es la democracia sobre la que se sustenta la participación del pueblo en la cosa pública, esencialmente a través del voto -activo y pasivo- pero en general, en cualquier expresión de la cultura política de un pueblo[2]. En México, el régimen constitucional del Estado federal vigente dispone como forma de gobierno la república representativa, democrática y federal, compuesta de estados libres y soberanos, pero unidos en una Federación, cuya libertad y soberanía refiere a su régimen interior, siempre que no contravenga el Pacto Federal.[3] Durante la existencia del régimen de partido hegemónico, el federalismo se vio reducido a arreglos formales, combinados con un sistema político poco democrático -lo que Andreas Schedler denomina régimen autoritario electoral-[4]. Ese periodo garantizó la existencia de un gobierno unificado en el ámbito federal. Las decisiones tomadas desde el centro, si bien permitieron cierta estabilidad y desarrollo en el país, provocaron que a nivel local subsistieran entidades débiles, siempre dependientes del poder federal. Ante la decadencia del régimen de partido hegemónico, que inició en el ámbito local (estados y municipios) mediante procesos democráticos, en el año 2000 se consolidó el primer gobierno dividido en el ámbito federal, surgido como respuesta a la crisis de legitimidad del Estado central. En ese momento se transitó a una descentralización política y a la creación de órganos de supervisión nacionales. Esta determinación solucionó la realidad vigente en ese momento, pero tuvo como defectos, entre otros, que dotó a las entidades de mayores atribuciones sin herramientas para hacer frente a los nuevos retos, y no fortaleció, capacitó, ni consolidó servicios públicos profesionales e instituciones que fueran eficaces en los estados[5]; lo que sostuvo la inercia de órganos locales débiles y sujetos al control del poder central. Esta situación no ha cambiado con la actual conformación política, pues nada se ha hecho por contrarrestar el innegable deterioro en las capacidades institucionales, ni la desconfianza que se percibe respecto de la efectividad para resolver problemas públicos dentro de las entidades locales.

Desde su adopción, el federalismo ha sido objeto de constantes ajustes mediante reformas o adiciones constitucionales que han impactado, principalmente, en la ampliación de facultades de la Federación, la creación de la figura jurídica del municipio y la inserción de facultades concurrentes o coexistentes en temas esenciales en el ámbito nacional. Sin restar importancia a la facultad asignada al Congreso Federal para emitir leyes cuyo ámbito de aplicación alcanza todo el territorio nacional, aunque su aplicación corresponda a las autoridades locales[6]. Es decir, formalmente contamos con un régimen federal reconocido constitucionalmente, pero los vaivenes legislativos motivados por las coyunturas políticas del momento lo han modelado de forma incierta, y carece de una definición concreta sobre la estructura política del país, haciéndolo operativamente ineficaz. Tanto, que actualmente es difícil identificar ámbitos de responsabilidad definidos y, por lo tanto, se carece de toma de decisiones para incrementar la capacidad de gestión efectiva –federal y locales-, o para generar espacios de cooperación eficiente entre uno y otros[7].

El federalismo, aun con sus defectos, es el régimen idóneo para México[8] debido a las características geográficas y poblacionales, así como a la heterogeneidad e ideología de su sociedad. Su existencia ha permitido que, ante un gobierno unificado y autoritario a nivel central, los gobiernos locales -aunque débiles y dependientes del Ejecutivo Federal- funjan como contrapeso en el ejercicio del poder, en gran medida debido a la fortaleza del sistema democrático existente. Ejemplo de ello, es la conformación de la llamada “Alianza Federalista” que se integró en el año 2019, por los gobernadores que provienen de partidos de oposición al régimen del ejecutivo federal actual, con la finalidad de defender los intereses de los estados parte de la federación. Y en la que destacan como parte de sus compromisos: fortalecer el federalismo con una organización, regulación, convivencia y coordinación, sana, respetuosa, justa, republicana, funcional y eficaz; así como fortalecer y defender la república y la democracia, la división de poderes, el entramado institucional, las libertades y el Estado de derecho, entre otros[9].

A partir de su creación, dicha Alianza ha realizado diversos posicionamientos que han visibilizado algunas de las problemáticas a las que se enfrentan los estados ante decisiones que se han tomado desde el poder central, que dejan a las entidades sin posibilidad de actuar conforme a las necesidades particulares de cada una de ellas, en temas como seguridad y salud, por ejemplo.

No obstante, la factibilidad del federalismo de permitir un contrapeso en el sistema político mexicano, no podemos negar que la transformación estructural en la dinámica social, política y económica de México en los últimos treinta años, exige un rediseño institucional y jurídico del Pacto Federal que logre definir la distribución de competencias entre los distintos órdenes de gobierno; la determinación de responsabilidades en cada entidad federativa y municipio atendiendo su particularidad así como el establecimiento de medidas que fortalezcan el servicio público, para hacerlo más eficiente e innovador. Sin dejar de lado las medidas que salvaguarden el aparato democrático que ha mostrado su eficacia como equilibrio y contrapeso político.

 

Bibliografía:

Anderson, George, Una introducción al federalismo, Ed. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2008.

González Schmal, Raúl, “Democracia semidirecta y democracia participativa”, Democracia y Gobernabilidad. Coord. Diego Valadés et al, 1ª ed., UNAM, México 2001.

López Ayllón, Sergio y Guillermo Cejudo, Federalismo Mexicano: el problema no resuelto. Nota conceptual, México, 2018.

Serna de la Garza, José Ma. “El Estado Federal”, Ideas e Instituciones Constitucionales en el siglo XX, Coord. Valadés, Diego et al, 1ª. ed., Siglo Veintiuno Editores, México, 2011.

Schedler, Andreas. Elecciones sin democracia. El menú de la manipulación electoral, Trad. Laura Manríquez. Estudios Políticos No. 24. Medellín, enero-junio 2004.

Suprema Corte de Justicia de la Nación, El Federalismo, Serie de grandes temas del Constitucionalismo Mexicano, 1ª reimp., Ed. Poder Judicial de la Federación, México, 2006.

https://alianzafederalista.org/compromisos/index.html

 

Referencias:

[1] Serna de la Garza, José Ma, “El Estado Federal”, Ideas e Instituciones Constitucionales en el siglo XX, Coord. Diego Valadés et al, 1ª. ed., Siglo Veintiuno Editores, México, 2011, p. 388.

[2] González Schmal, Raúl, “Democracia semidirecta y democracia participativa”, Democracia y Gobernabilidad. Coord. Diego Valadés et al, 1ª ed., UNAM, México 2001, p. 85-86.

[3] Suprema Corte de Justicia de la Nación, El Federalismo, Serie de grandes temas del Constitucionalismo Mexicano, 1ª reimp., Poder Judicial de la Federación, México, 2006. p. 49.

[4] Schedler, Andreas, Elecciones sin democracia El menú de la manipulación electoral, Trad. Laura Manríquez. Estudios Políticos No. 24. Medellín, enero-junio, 2004. p. 138.

[5] López Ayllón, Sergio y Guillermo Cejudo, Federalismo Mexicano: el problema no resuelto. Nota conceptual, México, 2018. p. 6.

[6] Anderson, George, Una introducción al federalismo, Ed. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2008, p. 2-3.

[7] Idem.

[8] Anderson, George, Op. Cit, p. 30.

[9] https://alianzafederalista.org/compromisos/index.html

Martha Patricia Aguilar Espinosa. Especialista en materia electoral y perspectiva de género. Maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, S.C. y Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Contacto: patt.aguilare@gmail.com, Twitter: @Patt_AE

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