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El Acuerdo Migratorio Honduras-EE. UU.

Las administraciones de Honduras, con su presidente Juan Orlando Hernández, y de Estados Unidos, con Donald Trump, firmaron el pasado 25 de septiembre un acuerdo respecto de la inmigración, enmarcado en los pactos similares que ya había suscrito el país norteamericano con Guatemala y El Salvador.

Las charlas para arribar al texto definitivo, rubricado por el Canciller hondureño, Lisandro Rosales, y el Director de Seguridad Nacional estadounidense, Kevin McAleenan, habían sufrido dilaciones en los últimos meses y finalmente se destrabaron por la presión diplomática norteamericana que amenazó con gravar con impuestos las remesas en dólares que los inmigrantes de Honduras envían al país.

El principal punto del acuerdo es que se establece un protocolo a partir del cual un ciudadano de cualquier nacionalidad –excepto hondureña– que arribe a la frontera sur estadounidense, habiendo transitado por el territorio de Honduras, será trasladado nuevamente hacia el país centroamericano en razón de que pudo haber solicitado refugio allí, antes de hacerlo en Estados Unidos. La política de traslado de inmigrantes hacia un tercer país recibió un fallo favorable de la Corte Suprema de EE.UU. este mismo año. Es decir que Honduras deberá garantizar que los migrantes que crucen su territorio tengan acceso a una petición de asilo y otorgarles un proceso completo y justo.

Es necesario resaltar que el acuerdo se aplica únicamente respecto de aquellas personas que emigran de su país por considerar que su vida está peligro y que soliciten refugio por ello. Por lo tanto, no incluye a los inmigrantes ilegales, quienes podrán ser deportados directamente a su país de origen.

A partir de la entrada en vigencia del pacto, Honduras estará obligada a recibir a todos los inmigrantes que le sean referidos por Estados Unidos, mientras que este último país se compromete a cooperar para fortalecer la capacidad institucional hondureña; y especialmente para volver idónea a la pequeña oficina de inmigración con que cuenta el país centroamericano para hacer frente de manera eficaz a los pedidos de refugio que seguramente la sobrecargarán una vez entrado en vigor el acuerdo.

A su vez, se establecerá un programa de visado en beneficio de trabajadores hondureños. El acuerdo también impone obligaciones cooperación y de intercambio de información para coordinar acciones en contra del crimen organizado.

Se establece así, de facto y cuidándose el gobierno de Hernández no hacer mención explícita a ello, el estatus de ‘’tercer país seguro’’ para Honduras, como antes se hizo con Guatemala y El Salvador. Se materializa uno de los principales objetivos migratorios del gobierno de Trump, que busca de esa forma desalentar y reducir drásticamente los pedidos de asilo que actualmente se acumulan en los juzgados estadounidenses. En el último año, aproximadamente 1,7 millones de inmigrantes llegaron a la frontera sur de EE.UU. provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador, llamados conjuntamente ‘’el Triángulo Norte’’ centroamericano. Alrededor de 300.000 eran ciudadanos hondureños.

No obstante, lo concreto es que de esa forma decenas de miles de buscadores de asilo serán trasladados a uno de los países con mayor violencia del mundo que, junto a El Salvador, lidera el ranking de tasas de homicidios, como consecuencia de los enfrentamientos entre cárteles de drogas que produjeron las conocidas migraciones masivas y ola tras ola de caravanas cuyo destino es, justamente, EE.UU.

Aún más, el presidente Juan Orlando Hernández se ve involucrado de forma no oficial como supuesto conspirador para encubrir a una red de tráfico de cocaína y lavado de dinero, en el contexto de un proceso penal llevado adelante en tribunales neoyorkinos contra su hermano Juan Antonio Hernández. Al respecto, el primer mandatario hondureño niega haber cometido delito alguno.

En definitiva, este acuerdo bilateral plantea un nuevo escenario en el que las autoridades de aplicación, para actuar de forma justa, deberán procurar armonizar y encontrar un equilibrio entre el derecho humano que posee toda persona a emigrar de su país siguiendo su particular búsqueda de la felicidad, para procurarse mayor bienestar –y  todavía más si percibe un peligro cierto contra su vida–; y el derecho soberano que tiene todo Estado para establecer y aplicar las políticas migratorias que considere convenientes.

El gran desafío para Honduras será poder establecer los mecanismos y las instituciones necesarias que le permitan responder de forma satisfactoria y acorde a los estándares del Derecho Internacional Humanitario a los pedidos de refugio que comiencen a realizar quienes crucen sus fronteras.

 

[author] [author_image timthumb=’on’][/author_image] [author_info]Álvaro Tonelli

Estudiante de Abogacía. Asesor Legislativo.[/author_info] [/author]

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