Manifestamos nuestro rechazo a las declaraciones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien se solidarizó con los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
En recientes declaraciones, López Obrador manifestó: “¿quiénes somos nosotros para llamar ‘matones, torturadores, represores’ a unos y no a otros? Si aquí ya nos consideramos jueces supremos, ¿nosotros vamos a decidir sobre los demás? ¿con qué derecho?” y “nadie puede juzgar como ‘matones, torturadores’ a Maduro, Ortega y Díaz Canel”. López Obrador parece desconocer que existen probados documentos, informes, declaraciones y testimonios que registran las violaciones a los derechos humanos cometidas por aquellos, tanto de organismos internacionales como de organizaciones de la sociedad civil.
Insistimos: las violaciones a los derechos humanos y a las libertades básicas deben ser denunciadas. Es hora de que los presidentes democráticos de la región abandonen su política del doble rasero con las dictaduras, no hay una “apreciación sesgada” de lo que son las violaciones a los derechos humanos y lo que no.
Al mismo tiempo, el mandatario expresó: “Cuba se debería declarar como patrimonio de la humanidad, por su arrogancia de ser libre, es una resistencia heroica”, habría que aclarar que la resistencia heroica la hacen quienes levantan su voz contra la dictadura. Por ejemplo, los manifestantes del #11JCuba, miles de ellos detenidos, incluídos menores de edad, y decenas juzgados con condenas ejemplificantes. En ese sentido, el ex Fiscal de Palma Soriano -Santiago de Cuba-, Raucel Ocaña, en proceso de asilo polìtico en Suiza, dijo al Observatorio Cubano de Derechos Humanos que “las sentencias contra los manifestantes del #11JCuba fueron elaboradas por el Partido Comunista antes de comenzar el juicio”. Niños menores de edad que se manifestaron fueron condenados a prisión. Manifestantes que transmitieron en directo las protestas, como Yoan de la Cruz, recibieron prisión domiciliaria, porque la libertad de expresión en Cuba no es un derecho humano sino un delito. El periodismo independiente es acosado permanentemente por la Seguridad del Estado. Muchos disidentes dieron su vida por la libertad, como Oswaldo Payá, quien murió en circunstancias sobradamente sospechosas, y había sido el fundador del Proyecto Varela. Han sido numerosas las denuncias dentro y fuera de Cuba sobre muertes, desapariciones y detenciones políticas de aquellos que no se someten a la voluntad del gobierno. El proyecto «Verdad y Memoria» de la organización Archivo Cuba, busca documentar los casos de víctimas del gobierno de casi seis décadas en el poder. María Werlau, directora de Archivo Cuba, sostuvo que «es imposible saber cuántas personas han muerto en prisión». Para el año 2015, el grupo tenía documentadas 7.062 muertes y desapariciones “atribuidas al régimen castrista» desde 1959. Sus registros indicaban que 3.116 habían sido ejecuciones por fusilamiento. También 1.166 ejecuciones extrajudiciales, 123 desapariciones, 315 muertes por negligencia médica y 146 suicidios por causas políticas. Para el año 2021 se reportaron 83 muertes atribuidas al estado cubano. Los regímenes aliados de Cuba, Nicaragua y Venezuela, copian a la luz del día el modus operandi de sus mentores. Negar con un discurso demagógico la realidad de estos países, desoír las voces de quienes reclaman por sus derechos, callar ante los atropellos, es ser cómplice de las dictaduras. Al igual que Archivo Cuba, y a diferencia de López Obrador, abogamos por la libertad y promovemos la transición pacífica a la democracia.