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De qué hablamos cuando decimos “la lista”. Acompañamiento a familiares y construcción de la memoria en Cuba a raíz de los sucesos del 11J

Las flagrantes violaciones a los derechos civiles y humanos en Cuba, la imposibilidad de expresarse y manifestarse, de vivir en libertad, quedan exhibidas, puestas al desnudo, a partir del último 11 de julio, pero también la persecución, el hostigamiento y la violencia con que el régimen somete a los ciudadanos a quienes encarcela y hace desaparecer.

Camila Rodriguez*

 

En La Habana, son apenas las 8:45 de la mañana del jueves 27 de julio. Leo en mi chat grupal Reportes y verificación: “Hola mi nombre es ROSARIO Morfa BLanco soy la madre de Ariam Morfa Blanco un joven cubano de Cienfuegos k hoy lleva 12 días preso por manifestarse el 11 d julio por favor necesito de ustedes ya no puedo más yo vivo en EEUU imagínense mi sufrimiento”.

Son las 9:41 de la noche del mismo día. Un mensaje directo me informa: “Hola, mi sobrino fue puesto en libertad hoy en la tarde. Llegó que parece salido de un campo de concentración. Lo demás queda a su imaginación”.

Así empiezan y terminan ahora todos mis días, desde que comenzara en Cuba la más grande escalada represiva ocurrida en la Isla durante las últimas décadas y que ha dado origen a “la lista”, una relación de más de 900 nombres de detenidos y desaparecidos.

La lista, como de manera popular se le conoce, es un documento público de actualización en tiempo real, fruto de la articulación cívica de un grupo de cubanas, residentes en Cuba y en el exterior, surgida como respuesta emergente al estado de desinformación general en el país sobre el paradero de los manifestantes del domingo 11 de julio.

El apagón de Internet que sobrevino a la represión gubernamental en casi todo el país hacía muy difícil saber de los manifestantes ausentes de sus hogares, de modo que la lista en principio pretendía informar a familiares, amigos y conocidos acerca de la última vez que habían sido vistos quienes salieron a las calles, a partir de las publicaciones en redes de otros participantes que sí lograban tener acceso a los servicios. Con los días, al obstáculo que suponía la restricción de Internet, se sumó el silencio cómplice de los agentes al frente de las estaciones policiales, quienes se han negado sistemáticamente a ofrecer información sobre el paradero de los manifestantes en desaparición forzada, así como del estado (físico y emocional) de los reportados como detenidos.

Datos como nombre, circunstancia de la desaparición/detención, último reporte, estatus legal y el nivel de verificación de la información ofrecida han ido conformando un documento que ha puesto en evidencia, una vez más, pero ahora de manera irrefutable, no solo la ausencia de derechos humanos y civiles en la Isla (como el derecho a la libre expresión y el derecho a manifestación), sino la real dimensión del hostigamiento de que es capaz el Estado cubano, en función de silenciar los legítimos reclamos de cambio y libertad.

Herramientas fundamentales para el levantamiento de datos han sido las redes sociales; en especial nos hemos auxiliado en el grupo público en Facebook DESAPARECIDOS SOSCuba, un canal a través del cual recibimos informaciones que se filtran y corroboran de manera preliminar, antes de pasar propiamente a la lista y, con ello, por un extenso proceso de verificación, que implica a familiares, amigos, conocidos y compañeros de reclusión, si procede.

Este grupo ha logrado alcanzar los 16 674 miembros (en 60 días), que generan un promedio de 130 publicaciones diarias, a su vez, con un promedio de interacciones por publicación que rebasa las 6 495 reacciones. Pensar, ahora mismo, un escenario sin la existencia de este portal es casi imposible, pues, a falta de otras alternativas más formales o de mayor impacto, este grupo constituye no solo el único espacio accesible al uso donde las familias puedan reportar desapariciones o actualizaciones de casos con cierta visibilidad garantizada, sino también la única vía accesible al uso, o la primera instancia para canalizar las frustraciones que generan las propias detenciones o desapariciones. Son varios los medios de prensa, los bufetes de abogados independientes y las iniciativas de la sociedad civil que, confesamente, han hecho uso de DESAPARECIDOS SOSCuba en busca de historias familiares y fuentes de información a partir de las cuales desarrollar las actividades que conforman su misión.

Otra vía fundamental —más expedita— de llegada de información han sido los mensajes directos enviados a Cubalex —un bufete de abogados cubanos radicado en Estados Unidos, dedicado por más de diez años a la defensa de los derechos humanos. La participación del bufete ha sido fundamental para dar cuerpo legal a las denuncias de desapariciones y detenciones, en tanto ha participado de la confección de hábeas corpus y otros documentos puntuales para el uso de las familias en Cuba. Hay que decir que, si bien Cubalex cuenta ya con una trayectoria en la defensa de los derechos humanos que lo avala como bufete de referencia, es la propia falta de abogados públicos que hayan mostrado un verdadero compromiso ciudadano en la defensa de detenidos lo que ha reforzado su rol central en la defensa de cubanos desprotegidos ante la ley, a raíz de las manifestaciones del 11J. Cubalex no solo recopila datos y elabora documentación formal, sino que ofrece resúmenes diarios de la evolución de los procesos judiciales y su análisis periódico, además de asesoría personalizada a los ciudadanos necesitados de ella.

Esta permanente labor, por otro lado, ha debido sortear ciertos obstáculos previsibles. El hecho de que el bufete radique en la actualidad en Estados Unidos ha sido usado en los espacios de propaganda nacional con intención de denigrarlo ante la opinión pública, so pretexto de que su trabajo forma parte de un plan para desestabilizar el orden político imperante en Cuba. Sus propios directivos han sido foco del descrédito mediático que tiene por fin la polarización de la sociedad cubana, pero vale recalcar el rol central del bufete en la defensa de los presos políticos en Cuba, no solo en el contexto de las manifestaciones del 11J, sino desde que fuese fundado en La Habana en el año 2010. Ante la ausencia de alguna organización que opere en el terreno, Cubalex ha asumido en los últimos meses parte de la misión social de una ideal y añorada Defensoría del pueblo que, alejada de los poderes del Estado, garantice la mediación despolitizada en favor de los ciudadanos cubanos y que vele por el cumplimiento de la legalidad y las garantías procesales con un mayor rango de influencia.

Sin embargo, el trabajo constante de recogida y verificación de informaciones es fruto del empeño de cientos de colaboradores anónimos en Cuba y el exterior, quienes también de manera voluntaria han decidido ponerse al servicio de la reconstrucción de la verdad. Entre ellos se cuenta población excarcelada, familiares de víctimas, vecinos y personas que, sin vínculo afectivo directo, comparten las informaciones que reciben a través de sus canales de información, sin más motivación que la de ser útiles en uno de los momentos más comprometidos de la historia reciente nacional.

Esta red de trabajo no solo ha brindado información sobre el paradero y el estatus legal de los manifestantes, sino que ha sido un canal regular de acompañamiento a los familiares de las víctimas, damnificados también de la violencia estatal e institucional.

Al momento de publicar este texto, el documento público, en el que nueve mujeres trabajamos sin descanso, registra 1 067 personas reportadas —en la actualidad o en algún momento entre el 11 de julio e inicios de septiembre— como detenidas o desaparecidas. Hemos podido corroborar íntegramente la información relativa a 744 (70%) personas. Del total de casos, 48 son menores de 18 años o con 18 años cumplidos; 15 aún en detención. Apenas 456 han sido excarcelados y todavía no se ha podido verificar la cifra real de procesados. Aunque el “delito” de todos es haber salido a una manifestación pacífica, se les imponen desde delitos comunes (propagación de epidemias, desórdenes públicos, instigación a delinquir, desacato) hasta delitos en contra de la Seguridad del Estado (SE). Todo ello sin que se respete el debido proceso y mientras, en las cárceles, no hay condiciones que garanticen el buen estado físico ni emocional de los reclusos.

Este trabajo se halla en constante proceso de verificación y actualización, como parte de la facilitación de transparencia que hemos querido imprimirle a un proceso que, desde sus inicios, ha sido desacreditado a través de los medios de propaganda de que dispone el Estado.

Aunque desde las primeras confirmaciones de respuesta estatal violenta, detenciones y desapariciones, han sido varias las organizaciones que se han pronunciado en favor de la libertad y la integridad de los manifestantes del 11J (Amnistía Internacional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Race and Equality, Unión Europea, CADAL, Human Rights Watch), la política gubernamental ha sido la de la negación: se niega la magnitud de la represión, se niegan las desapariciones forzadas, se niegan las violaciones del debido proceso, según lo han evidenciado las conferencias de prensa ofrecidas los días 20 y 24 por el Ministerio de Relaciones Exteriores y con participación de funcionarios de la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo Popular y la Junta Directiva de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos.

Las declaraciones más explícitas han sido las publicadas en el sitio web Cubadebate, en relación con la muerte de la primera persona como consecuencia de las manifestaciones (el joven Diubis Laurencio), así como con la declaración de la celebración de juicios sumarios.

Acaso lo único que no ha sido negado de manera directa es el número de reportados como detenidos o desaparecidos. La sociedad civil comparte el criterio de que esta ausencia de pronunciamiento puede estar relacionada con el hecho de que la cifra oficial —no pública— de detenciones supera con creces la que ha podido ser comprobada por iniciativa ciudadana. Varios reportes confirman que el número de detenidos por centros de reclusión es mucho mayor que el que, hasta la fecha, ha podido ser llevado a la relación.

Por otra parte, son muchas aún las familias que sienten el temor a las represalias de los cuerpos represivos ante una denuncia pública de casos de detenciones y violencia. Después de dos meses de trabajo en la recopilación de datos, hemos podido constatar que los agentes de la SE han presionado a las familias a no denunciar, a que opten por el silencio, así como a cuestionar la fiabilidad y la utilidad de la lista. Además, están siendo mal instruidas por los funcionarios o agentes de los centros de detención y han sido instadas a prescindir de abogados que encausen la defensa en los tribunales. También se está convirtiendo en práctica recurrente la violación del privilegio del cónyuge, en interrogatorios intimidantes a alguno de los miembros de un matrimonio, en busca de declaraciones que identifiquen a los supuestos organizadores de las manifestaciones en las distintas provincias.

De cualquier modo, cada día son más las familias que se nos acercan pues, contrario a lo que intenta lograr la SE, la realidad ha demostrado la necesidad que supone la denuncia pública como mecanismo de presión para la concesión o bien de la libertad, o bien de sentencias o medidas que favorezcan a los detenidos.

Mayormente, las modificaciones en las medidas cautelares han favorecido a ciudadanos que forman parte del gremio de los artistas, los activistas y los periodistas o, de manera general, a aquellos cuyas actividades o profesiones los colocan en el centro de la esfera pública. Las campañas lanzadas en su favor han sido muy efectivas, en tanto han logrado convocar la opinión de otros miembros de estos mismos gremios, tanto del país como del resto del mundo. Pero todo parece indicar que serán los sectores populares quienes cumplirán las más severas condenas, en tanto sus posibilidades de movilizar la opinión pública nacional e internacional son más limitadas. A ello hay que sumar que Cuba es un país profundamente racista, clasista, homófobo y transfóbico: en el caso de las detenciones a raíz del 11J, los tratos diferenciales según el color de la piel, la posición social y la inclinación de género dentro de los centros de reclusión han sido denunciados a través de testimonios públicos de manifestantes excarcelados; con respecto al desarrollo de los procesos penales, son las propias estadísticas levantadas hasta aquí las que informan de esta realidad. A ello se suman factores como la brecha tecnológica: en tanto las familias pobres carezcan de posibilidades reales de acceder a los servicios de conectividad a Internet, será mucho más difícil no ya que puedan impulsar campañas propias, sino establecer contacto con quienes desde la sociedad civil trabajan en función de visibilizar los casos mediáticamente menos visibles o atractivos en lo mediatico.

Es necesario entonces incidir positivamente en la sociedad civil con motivo de generar empatías que motiven el surgimiento de iniciativas varias cuyos propósitos estén relacionados con lograr la liberación inmediata de los cientos de presos políticos cubanos. La situación se torna más compleja en tanto esta batalla por la libertad es una batalla contra reloj: en primer lugar, porque las condiciones de hacinamiento en que se hallan los reclusos son el escenario perfecto para la propagación masiva de Covid y, luego, porque la restitución de la libertad será menos engorrosa —o mínimamente posible—, mientras los procesos penales no hayan iniciado o, al menos, no hayan sido llevados a término.

Una particularidad del proceso de visibilización de los casos es la pobre respuesta de las instancias gubernamentales a los reclamos ciudadanos en torno a la inmediata liberación de los menores de edad detenidos también a raíz de las manifestaciones. Contrario a lo esperado, son varios aún los menores de 18 años o con 18 años cumplidos que permanecen en centros de detención, incluso cuando han sido muy visibilizados casos como el de Jonathan Torres Farrat, de 17 años, que requiere atenciones o cuidados especificos a causa de sus condiciones médicas especiales. Como consecuencia de la escasa respuesta gubernamental, no hemos logrado la restitución de sus libertades, así como garantías que velen por su atención psicológica y su incorporación a sus hogares, centros de estudios o trabajo.

En paralelo a este proceso de acompañamiento a víctimas y familiares que desde el día 11 de julio ha unido a la sociedad civil cubana de dentro y fuera de la Isla, la relación de detenidos y desaparecidos pudiese ser una herramienta central en el proceso particular cubano de construcción de memoria histórica.

El trabajo de coordinación de las actividades relacionadas con la recuperación y actualización tácitamente implica un compromiso ético y político con la construcción de un proyecto de nación en el que la justicia, sin distinción de raza, inclinación de género, credo u orientación ideológica, esté al centro de la agenda. Esta iniciativa, por tanto, aún sin habérselo propuesto como resorte inicial, guarda estrecha relación con el llamado activismo archivístico que, con el propósito de contribuir a restituir los derechos de los ciudadanos, ha dado frutos valiosos en escenarios marcados por la violencia sistémica o los crímenes de guerra en países como Chile, Guatemala y Colombia.

Es por esta razón que, en el contexto del primer mes de los acontecimientos del 11J, las coordinadoras del trabajo en la relación de víctimas hemos publicado, junto a activistas y periodistas, una petición dirigida a instituciones gubernamentales cubanas, bajo la observación de instituciones no gubernamentales a nivel mundial, con 13 solicitudes que reclaman no solo la restitución de la libertad —bajo distintas formas legales— de los manifestantes de julio y de las 152 personas declaradas por Prisoners Defenders como presos y condenados políticos en su informe del 1 de julio, sino también la creación de una Comisión de Verdad y Reconciliación, para la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de incitar y ejercer la violencia, uso de la fuerza y armas de fuego, así como la práctica de desapariciones forzadas, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, en el contexto de las protestas del 11J —y anteriores—, escenario este en el que la lista se propondría como documento de apoyo o referencia.

*Camila Rodríguez, La Habana, 1991. Licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de La Habana en 2014. Ha ejercido su profesión en instituciones cubanas como la Universidad de La Habana, la EICTV y la Casa de las Américas. Desde el 2018, se dedica a la investigación independiente sobre archivos fílmicos, patrimonio audiovisual y memoria cultural e histórica de los países de Centroamérica y el Caribe hispano.

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