Existen elecciones en las que se vota pero no se elige. Son opacas, con autoridades leales al poder, sin alternativas al oficialismo, en las que los medios de comunicación independientes son criminalizados y los ciudadanos disidentes inhabilitados para competir.
Así como en las democracias se trabaja constantemente en su perfeccionamiento, en las autocracias sucede lo propio. Las autoridades continúan innovando para arrebatarle a la población su capacidad de incidir en los asuntos públicos, de ejercer su agencia ciudadana.
Este es el escenario que se puede esperar en los próximos procesos electorales de Cuba: el referendo del Código de las Familias a celebrarse el próximo 25 de septiembre, así como las elecciones para las asambleas municipales, que deberían realizarse a finales de este año, y las de la asamblea nacional del poder popular, a principios de 2023.
La Constitución cubana prohíbe el pluripartidismo y otras formas de asociaciones políticas, al establecer que Cuba es “un Estado socialista”, de partido único, representado en el PCC, al que denomina “vanguardia organizada de la nación cubana (…) orienta los esfuerzos comunes en la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista…”.
Aunque en teoría el PCC no propone, nomina, o promueve candidaturas, controla absolutamente todas formas de acceder a los órganos del Poder Popular.
Los delegados a las Asambleas Municipales son electos a mano alzada y a viva voz en asambleas de nominaciones, proceso controlado por las organizaciones de masas subordinadas al PCC, que impiden cualquier participación incómoda o competencia genuina.
Por su parte, los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) son postulados por las Comisiones de Candidaturas, bajo el control del Partido Comunista (PCC) a través de las organizaciones de masas.
Con la Constitución de 2019, el Consejo Electoral Nacional (CEN) pasa a tener carácter permanente, y se establece que debe organizar los procesos electorales, refrendarios, revocatorios y consultas populares, cumplir con los principios de “confiabilidad, transparencia, celeridad, publicidad, autenticidad e imparcialidad”
Las autoridades del CEN son propuestas por el presidente de la República. Con esta forma de designación, el PCC asegura su dominio y control; de manera que queda en letra muerta el principio constitucional de “independencia funcional respecto a cualquier otro órgano”, o de «autenticidad e imparcialidad».
¿Qué esperar para los próximos procesos electorales? El CEN, las comisiones de candidaturas, las organizaciones de masas y demás actores involucrados, harán todo lo que esté en sus facultades (y lo que no) para impedir la participación popular en las Asambleas de Nominación a delegados municipales, única instancia que abre una ventana normativa en la que los ciudadanos independientes o disidentes pueden involucrarse en los asuntos públicos y competir por un cargo de elección popular.
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