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Daniel Ortega: ¿por qué está detenido José Antonio Peraza?

Privación ilegítima de la libertad del prestigioso académico José Antonio Peraza pone de manifiesto el totalitarismo del régimen de Ortega en Nicaragua que desanda el camino de los derechos humanos y ubica en el centro del debate el mayor problema político que abate a América Latina: el modelo autocrático.

Por Leandro Querido(*)

 

José Antonio Peraza hace más de 6 meses que se encuentra detenido en una cárcel llamada El Chipote, lugar en donde Anastasio Somoza secuestraba y torturaba a sus opositores o detractores. En la actualidad esas mismas instalaciones son las que utiliza Daniel Ortega para encerrar y torturar a sus opositores. Entre ellos se encuentra José Antonio, un profesor universitario, un académico que trabajaba en una propuesta de reforma electoral para su país. El 26 de julio del año pasado, a las 8.30 pm, cuatro patrullas antimotines allanó su domicilio para detenerlo. Se lo llevaron sin siquiera permitirle que se cambie la ropa de dormir que llevaba puesta. Sin orden de allanamiento secuestraron sus dos celulares, su computadora, su pasaporte y varios documentos de trabajo. El acoso a Peraza ya se había manifestado con policías motorizados vestidos de civil que lo seguían y lo hostigaban, la misma metodología usada en Venezuela y Cuba. La ausencia total de estado de derecho se hizo evidente ante la negativa de un recurso por detención ilegal que hizo su defensa y que fue contestado no dando lugar a la petición, en total violación a sus derechos constitucionales. Tres días después se interpuso un recurso de habeas corpus o exhibición de persona ante el mismo tribunal y de igual manera fue denegado. A la defensa no se le permitió ver a Peraza, ni se le autorizó formalmente hacer uso de la defensa sino varios días después de la detención, por lo tanto, absolutamente indefenso, lo llevaron a dos audiencias a las escondidas, una de ellas a las 5 am. En una tercera audiencia tampoco tuvo suerte. Le permitieron acceder a un abogado defensor, pero este dio covid positivo y no accedieron a la solicitud de reemplazo. En definitiva, la primera visita de un abogado recién pudo concretarse 42 días después de la arbitraria detención.    

José Antonio es uno de los 170 opositores detenidos reconocidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. José Antonio nunca ejerció la violencia, es un hombre de buenos modales, pacífico, se trata de un académico, un intelectual que se especializa en la problemática electoral. Entre su destacada trayectoria podemos señalar su participación como miembro del Consejo de Expertos de Transparencia Electoral de América latina. De hecho, unas semanas antes de su detención debimos suspender por amenazas una actividad organizada por nuestra organización llamada “Covid 19, protestas y elecciones Nicaragua” en la que participaría el propio José Antonio junto a María Antonieta Fiallos y Azahalea Solís. José Antonio llegó a ser la voz más autorizada para denunciar la falta de garantías del proceso electoral del 7 de noviembre de 2021. Sus precisas objeciones se sustentaban en su vasta trayectoria. Su relevante trabajo académico ofrecía una mirada crítica del actual sistema electoral de Nicaragua y además proponía reformas electorales cuyo eje era la integridad electoral, la restitución de derechos políticos de las nicaragüenses y los nicaragüenses ultrajados por una serie de reformas electorales restrictivas y excluyentes que se fueron imponiendo como un plan sistemático para acumular poder al punto de suprimir la alternancia y cuya fecha de inicio fue el triunfo de Ortega en 2006. 

No podemos soslayar un elemento fundamental que quizá haya sido uno de los motivos principales de su detención: Peraza es el autor de una investigación que comprueba el fraude electoral que hizo el gobierno de Ortega en las municipales de 2008 y las generales de 2011. Aquí no hay narrativa de fraude electoral, por el contrario, hay una investigación muy precisa que se respalda con una base documental contundente. Este trabajo de Peraza debería ser material de estudio de los planes educativos que se ocupen de la problemática electoral o la observación electoral. 

Como decíamos al comienzo del artículo, Daniel Ortega se parece cada vez más a Anastasio Somoza. En realidad, ya lo ha superado. En esas vueltas de la vida quien lo enfrentó ahora terminó mimetizándose con él. Desde que asumió la presidencia en 2007 desplegó un plan sistemático de acumulación de poder. Rompió de esta manera con el pacto post conflicto de los 80 cuya característica era la alternancia en el poder. Hoy ha pasado una década y las pruebas están a la vista: cooptación de la Justicia y del Consejo Supremo Electoral, elecciones fraudulentas, intervenciones a los partidos y detenciones masivas de dirigentes de la oposición. En este contexto resultó imposible que se realicen elecciones íntegras, competitivas. En esta década Ortega ha llevado a Nicaragua de un régimen autoritario competitivo a uno autoritario a secas. Las últimas elecciones del 7 de noviembre fueron un abuso en sí, un simulacro electoral carente de legitimidad y legalidad alguna, un verdadero escándalo mundial que dejó al desnudo la impopularidad de un gobierno que solo se sostiene por la represión y la violencia institucional. Solo recordar los crímenes de Estado perpetrados ante la población civil en 2018, más de 355 ciudadanos asesinados por las fuerzas represivas del Estado, muchos de ellos estudiantes. Solo recordar también que sobre este trágico hecho hay un manto de impunidad total.

Este proceso implementado sin pausa durante diez años ha quedado retratado en un libro publicado en 2016: “El régimen de Ortega ¿Una nueva dictadura familiar en el continente? Este trabajo compilado por Edmundo Jarquín cuenta con un capítulo escrito por José Antonio Peraza sobre el colapso del sistema electoral en donde describe, en una suerte de plano secuencia, cómo se ha llegado a esta situación terminal.

El mojón fue la reforma electoral de 2000 pactada entre el entonces presidente Arnoldo Alemán y el líder de la oposición, en ese momento, Daniel Ortega. Esta reforma pretendió conformar un “bipartidismo forzado” que se tradujo en una composición partidista de los órganos electorales a todo nivel, nacional, regional, municipal y en las determinantes juntas receptoras de votos. Tras la reforma se consolidó el Frente Sandinista y se dividió el espacio liberal. En las elecciones presidenciales de 2006 Ortega capitalizó este escenario y se logró imponer con el 38% de los votos. El liberalismo llegó al 55% pero en dos listas que se repartieron esos votos a la mitad.

Acá comienza la segunda parte de la película, en la que se ocupará de concentrar la suma del poder público y de eliminar toda noción de competencia electoral. 

El trabajo de Peraza es un gran estudio de caso de fraude. Comienza con las elecciones municipales de 2008, puntualmente con la alcaldía de Managua ganada por el liberal Eduardo Montealegre, pero un número de actas que sólo tenía el Consejo Supremo Electoral “volcaron” la elección en favor del candidato del FSLN.

Sin reelección desde la clausura del conflicto interno armado en el país en las elecciones presidenciales 2011 Ortega pudo presentarse de nuevo gracias a un fallo de la Corte Suprema muy polémico en 2009. Las elecciones se hicieron cada vez más opacas y esto fue reflejado en los informes de las Observaciones Electorales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y otros organismos. Producto de esos turbios procesos electorales el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se apoderó de mayorías especiales en la Asamblea que terminaron consagrando en diciembre de 2013 la reelección indefinida, el sueño de Somoza.

Pero a Ortega no le alcanzó y descabezó al principal partido de la oposición para imponer un presidente “oficialista” y aprovechó para exonerar en julio de este año a 28 diputados nacionales de la oposición de un plumazo con el pretexto de no tener “disciplina partidaria“. Este golpe de Estado hizo que la oposición se retirara de las elecciones del 6 de noviembre de 2016. Con el giro autoritario consumado la fecha electoral se mantuvo, dando lugar al simulacro, a una farsa que no se sostiene. Se trató de una elección sin elección, un acto irregular que todos saben que no produjo ningún tipo de legitimidad. 

Esas elecciones de 2016, al igual que las de 2021 caen en la clasificación de las elecciones propias de los regímenes no competitivos, las denominadas elecciones “sin sorpresa”. Esto ocurre cuando un gobierno autoritario desnaturaliza el proceso electoral desconociendo los derechos políticos de sus ciudadanos a elegir y a hacerse elegir. 

Esta es la historia contemporánea de Nicaragua, la que denunció el propio Peraza en un video grabado de modo anticipatorio previo a su detención. En este video de un minuto con 24 segundos dijo: “estamos dispuestos a pagar este sacrificio por la libertad de Nicaragua, no nos asusta esta dictadura, sabemos que vive sus últimos momentos y seguiremos siempre en la lucha. Pronto nuestra amada Nicaragua será libre y pronto nos abrazaremos todos en un país pacífico, próspero y libre. Esta dictadura está llegando a su fin y mi captura es solo un episodio más de otros episodios que esta gente ha creado para intimidar y hacer sufrir al pueblo de Nicaragua. Esta noche oscura pronto terminará y seremos el pueblo que siempre hemos querido ser”

Las dictaduras son regímenes inestables, precarios, que parecen sólidos pero que no lo son por el solo hecho de basarse en la imposición y la violencia. No son acuerdos a los que arriban los ciudadanos de una nación. 

Las elecciones del 7 de noviembre de 2021 dejaron solo a Daniel Ortega, desnudo ante la comunidad internacional democrática. Estas fueron las elecciones en donde se aplicó la nueva Ley 1055, la “Ley de la Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación de la Paz”, en donde su artículo 1 sostiene que cualquier tipo de disidencia representa un acto de “traición a la patria”, o de “conspiración para menoscabar la integridad nacional”. Estos son los cargos contra un profesor universitario, contra un académico que se especializa en integridad electoral. 

La comunidad internacional democrática debe condenar este desvarío totalitario en Nicaragua. Sin atenuantes, sin buscar otro ejemplo en la región para hacer peripecias de corrección política o ideológica. Lo de Ortega es repudiable desde todo punto de vista y no encuentra parangón en ningún otro ejemplo contemporáneo que pueda citarse en el hemisferio.

Los gobiernos que suscribieron la Carta Interamericana Democrática no pueden hacerse los distraídos al respecto. La condena debe ser contundente. 

Desde estas líneas queremos instar a las organizaciones de sociedad civil, a los gobiernos, a la academia de la región, a los periodistas, a los organismos de derechos humanos, a las organizaciones supra gubernamentales a no dejar solos a los presos políticos de Nicaragua. A redoblar la presión para ponerle fin a este dislate autoritario. Todos, en todas partes le debemos preguntar a Daniel Ortega: ¿por qué está preso Peraza? ¿Por qué está presa Violeta Granera? ¿Por qué está preso José Pallais? ¿Por qué está preso Mauricio Díaz? ¿Por qué está preso Edgard Parrales? ¿Por qué está preso Juan Lorenzo Holmann? ¿Por qué está preso Lesther Aleman? ¿Por qué están presas Neyma Hernandez, Ivania Alvarez, Olga Valle, Wendy Juarez, Olama Hurtado y Amaya Coppens? ¿Por qué están presos Miguel Mendoza, Marlón Castellón, Bryan Aleman, Marvín Castellón, Maycol Arce, Julia Hernández, Karla Escobar, Francisco Pineda, María Esperanza, Carlos Bonilla, José Chamorro, José Aguerri, Francisco Aguirre, Willian Navarrete, Arturo Sequeira, Mauricio Dávila, Marcos Fletes, Walter Silva, Violeta Padilla, Max Meza, Medardo Sequeira y tantos otros?

Desde DemoAmlat nos plegamos al pedido de los familiares de presos políticos, a su llamado de concordia y pacificación. La restitución democrática, el respeto a las libertadas y a los derechos humanos son las exigencias que en la actualidad plantea el pueblo nicaragüense.

 

(*)Leandro Querido. Magister en Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Se especializa en sistemas electorales y Observación Electoral. Es Director Ejecutivo de Transparencia Electoral en América latina. Recorrió el continente siguiendo las elecciones de la región. Es autor del libro “Así se vota en Cuba”. Fue Coordinador Metodológico y Coordinador logístico de la MOE/OEA.

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