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Cuba: Votar o Elegir

En la originalidad de invertir los términos en que se entiende el concepto de representación en las democracias liberales Cuba se lleva todos los premios. El proceso de reforma constitucional de 2018 generó una disociación representativa en la que es posible votar para no elegir absolutamente nada, o elegir lo ya impuesto desde afuera del sistema político, sin alternativas.

 

La votación y la representación se abisman cada vez más en Cuba. Si las votaciones de 2017 (municipales) y 2018 (provinciales y de diputados de la Asamblea Nacional) conservaban un rasgo de representación directa, en el caso de las elecciones para Delegados y Delegadas Municipales, e indirecta, en el caso de las Asambleas provinciales y la Asamblea Nacional, el proceso mismo de reforma constitucional iniciado en la segunda mitad de 2018 dio inicio a un proceso de disociación representativa en dos direcciones claves para la representación política.

En primer lugar, disolvió el mandato de representación entre diputados y representados. Los diputados votados en 2018 lo fueron, siempre teóricamente, para discutir y decidir políticas en función de la Constitución varias veces reformada de 1976. En ningún caso fueron votados para dar inicio a un cambio constitucional cooptado por el partido comunista que, se prescribe, no tiene capacidad de representación directa en la Asamblea Nacional.

Para una nueva Constitución, algo distinto a una reforma, se requería la convocatoria de una Constituyente especial con representantes electos o votados para este mandato específico. Luego de aprobada esa nueva Constitución, se debía entonces convocar una nueva votación para diputados que expresaran el nuevo juego institucional. Una nueva Constitución exigía una nueva representación.

Pero los mismos diputados votados dentro del andamiaje constitucional derogado, se convierten en los nuevos diputados de un distinto y nuevo andamiaje constitucional. Esta es la segunda disociación: los diputados se renovaron a sí mismos. Son nuevos, entendido en términos institucionales, pero nadie los votó. Ni directa ni indirectamente. Aunque solo fuera para ratificarlos.

La nueva Ley Electoral refleja con claridad esta doble disociación. El nuevo organigrama institucional (República, Presidencia, Primer Ministro, Gobernaciones, Intendencias a nivel municipal) no tienen la sanción popular, ni siquiera en teoría o como barniz democratizante.

El sistema político se cierra sobre sí mismo, se cupuliza, y encuentra su clave de bóveda en la imposición explícita del partido comunista como el único partido con “legitimidad” para formar la voluntad política del Estado. Una tercera disociación, como cuerpo y valor político agregado, y pretendidamente fundante (dueño de la soberanía), fuera del alcance de la ciudadanía.

La representación cambia su sentido: ya no es el mandato recibido por el pueblo, sino el mandato que desciende de un espacio fuera del sistema representativo. En la medida en que nadie elige o vota al partido comunista, la representación es vicaria. Como la de la iglesia católica.

El sistema político cubano permite entonces, y creo que esto tendría valor para la academia, una distinción entre votación y elección. En los sistemas representativos, diferentes a los sistemas políticos divinos (Corea del Norte y Cuba son los dos únicos ejemplos mundiales) votar y elegir son términos intercambiables, pero desde Cuba se puede captar la diferencia.

Votar podemos entenderlo como el acto escritural o digital de un elector en un centro de votación. Elegir, como el acto de discriminación entre alternativas a través de un voto positivo. La diferencia entre uno y otro pasa por la discriminación, un proceso siempre horizontal en el que se miden en igualdad de condiciones perspectivas distintas. Cuando se elige, la votación es en ese sentido un acto donde la elección se presenta como proceso. Pero la verticalidad del acto de votación sin elegir solo indica una geometría, mientras que el proceso en el acto de elegir implica una sinergia. La inercia es la energía del voto a diferencia de la racionalidad en la elección. Discriminar es comparar, contiene una diferencia. Votar como acto inercial no permite ni tolera la diferencia.

Se entiende por qué el Índice de Democracia de la Unidad de Inteligencia de The Economist (EIU por sus siglas en inglés) no pueda procesar esta distinción. La academia, por definición, establece tipos para agrupar conjuntos que comparten, a pesar de las diferencias específicas, características o rasgos comunes. Los indicadores de medición establecen grados dentro de un mismo conjunto y de ahí se llega a modelos teóricos que categorizan, en este caso, a los países bajo estudio.

La EIU categoriza cuatro tipos de regímenes a partir de 60 indicadores tras el análisis de 167 países. Son estos: democracias completas, democracias defectuosas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios. El reporte de 2019 incluye a Cuba dentro del último tipo, considerándola como democracia. La peor en América Latina, pero no dentro de los últimos en el ranking, reservado para países como Siria, Sudán o el Congo.

La EUI, un centro con sede en Londres, y de enorme prestigio, incluye a Cuba como democracia, si bien dentro del tipo de régimen autoritario, porque utiliza también otra tipología para analizar los procesos democráticos, aquella que distingue entre democracia electoral y democracia procedimental, por solo mencionar las dos distinciones más usuales.

Cuba logra así desde la academia, lo que la narrativa política liberal le niega: la condición de democracia…electoral. La operación no es menor. La condición típica del régimen político, digamos que su excepcionalidad negativa, se disuelve en la categorización académica y se normaliza tipológicamente. Digamos que el régimen se escurre en la nomenclatura global y enmascara su esencia profunda. Un Estado totalitario que domina a una sociedad muy plural logra subir un peldaño en la tipología de la EIU y aparecer como régimen autoritario que evoluciona, al lado de los regímenes del mismo tipo en Asia, Medio Oriente o África. O, más cercano en la geografía, al lado de Venezuela y de Nicaragua. Con ello termina por tener una mejor posición en la escala que gobiernos como los de Sudán y Siria que, con las limitaciones y los horrores propios de los autoritarios, admiten el tipo de pluralismo que en Cuba no se reconoce; aunque ostente el último lugar del Índice de Democracia de la EIU 2019 en América Latina.

La confusión está abonada. Un informe de 2017 de la Unión Europea se apropiaba de la categorización de la EUI y la convertía en un oxímoron. En él se decía que Cuba era una democracia de partido único. Un contrasentido con el que se le permitía incluirla en el grupo de democracias iliberales, tipo Irán.

Pero, ¿es Cuba una democracia electoral? El contraste con Irán resulta instructivo. Este último país no es, al igual que Cuba, una democracia en términos occidentales. Para Occidente la democracia es un concepto integral que parte del liberalismo político. Es decir, de la secularización del Estado: un espacio donde caben todas las ideologías porque no pertenece a ninguna en específico.  Pero en términos de la regla mayoritaria de la democracia, esto es la democracia como juego electoral, Irán sí es, a diferencia de Cuba, una democracia electoral, donde cierto pluralismo dentro de los estrictos límites de Quom compite regularmente por el poder. En el juego político de Irán se impone la mayoría dentro del chiismo a través del voto conservando un lugar para la minoría. Los iraníes eligen en toda regla entre una versión moderada y una conservadora, bajo la supervisión de los ayatolás.

En el régimen político cubano se reproduce la dominación de un solo partido dentro del que no compiten diversas visiones ideológicas o de interpretación doctrinal, sino donde se ratifican funcionarios, cada vez menos a través de la apariencia del voto popular, que son designados en otra parte ajena a la lógica representativa. En este sentido el sistema político cubano es la disolución permanente de lo político a través de dos operaciones: primera, la liquidación del debate ideológico interno (el partido comunista gobierna a secas pero con narrativa antiyanqui, lo que da apariencia de partido nacionalista) que llevaría a la conformación de facto de tendencias o grupos compitiendo para convertir en políticas públicas su particular lectura de una misma ideología y, segunda, el alejamiento estructural del voto popular de su capacidad, y por tanto, posibilidad de determinar los representantes posibles de una única y exclusiva alternativa.

Si al menos los cubanos tuvieran la posibilidad de votar por distintas variaciones de una misma nota, podríamos hablar al menos de la existencia en Cuba de una democracia electoral iliberal donde los ciudadanos eligen. Pero este no es el caso.

Y la nueva ley electoral cubana marca un retroceso significativo en la des democratización del voto. Lo que acabamos de experimentar con los tres últimos procesos ratificatorios.

Con la anterior ley electoral había un espacio y una temporalidad democráticos al nivel más local: los delegados o delegadas municipales. Cada dos años y medio se producía una rotación de las elites funcionariales en la base, que dinamizaba el ritmo de cambio en el único nivel de cercanía entre representantes y representados. Aquí el voto era directo, lo que al menos garantizaba la construcción del “poder” desde abajo, había una diversidad de candidaturas para un mismo y único puesto, aunque fuera acotado por límites ideológicos o revolucionarios, existía la posibilidad de la sorpresa como expresión posible de un voto “libre”, se veía el ejercicio más o menos pleno de los derechos electorales pasivo y activo (no hay aquí Comisión de Candidatura), y se observaba la dinámica propia de la “democracia local o de base” toda vez  que el espacio y el tiempo se comportaban de modo diferente a como lo hacían en el juego de representación de los niveles subsiguientes (provincial y nacional), en los que la rotación es cada cinco años y en los que media la Comisión de Candidatura.

La ilusión de democracia en la ley electoral derogada era doble: parecía que los de abajo gobernaban con autonomía y parecía que el poder describía un continuo de representación desde abajo hasta arriba, solo intermediado por la representación indirecta y la dicha Comisión de Candidatura. Y aunque el partido comunista estaba (está) por todas partes, se albergaba una tercera ilusión: este desempeñaba un papel implícito, haciendo un esfuerzo de invisibilización y, siempre en teoría, no postulaba candidatos directamente.

Cierto. Los poderes locales en Cuba no han gozado de autonomía ni política ni presupuestaria, y su capacidad para determinar la agenda política nacional simplemente no existe.

Sin embargo, esta ficción democrática local era importante por dos razones: legitimaba simbólicamente la fuente, la raíz y por consiguiente la mentalidad de soberanía ciudadana desde abajo, y posibilitaba un pluralismo democrático local y comunitario que fue re advertido por activistas políticos en las elecciones municipales de 2015 y llevó más tarde a la formación de varias  plataformas de reforma electoral y candidaturas independientes, siendo las más visibles Candidatos X el Cambio y la Plataforma #Otro18.

La nueva ley electoral, bastante imprecisa en detalles importantes, rompe, para empezar, estas dinámicas espacio-temporales distintas. Con ella coinciden en un mismo tiempo las votaciones en todos los niveles. El efecto simbólico democratizador de autonomía temporal de los poderes locales se pierde, quedando atrapado en una dinámica de elecciones generales cada cinco años, lo que fortalece mucho más la presencia abrazadora de la Comisión de Candidatura, no concebida institucionalmente para las elecciones locales, pero con un influjo inevitable sobre todo el proceso.

También, y más significativo, devuelve la centralidad en el proceso electoral al partido comunista que ahora, explícitamente, se concibe y coloca como partido único.

La nueva ley electoral no guarda las apariencias de una democracia electoral. Si bien la Comisión Electoral Nacional es ya permanente, una vieja demanda de sectores interesados en las elecciones en Cuba, la ley 127 desnuda la naturaleza ratificadora del acto de votación dentro de un proceso cerrado y censitario.

Ninguna de las cuatro nuevas figuras creadas en el organigrama institucional pasa por el voto popular, directo o indirecto. Ni la Presidencia de la República, ni el o la Primer Ministro, ni las Gobernaciones ni las Intendencias, estás últimas a nivel municipal.

En una instancia importante la nueva ley electoral regresa a las formas políticas pre representativas: en las gobernaciones provinciales. Un regreso y un retroceso claros porque es el Presidente de la República quien designa a las personas para el cargo, dejando solo a las Asambleas Provinciales la posibilidad de ratificación. En la vieja ley electoral, los Presidentes de las Asambleas Provinciales (Gobernadores/as) eran propuestos de entre los miembros electos de cada Asamblea. Y como reconoció el mismo Presidente designado Miguel Díaz-Canel, todas las propuestas para Primer Ministro y para ocupar las Gobernaciones fueron discutidas y avaladas en el Buró Político del partido comunista.

En 2019 hemos llegado a lo que provisionalmente llamo Sistema de Representación Designada en la que el sistema político entero es construido desde instancias no representativas que, negando entidad a la soberanía, se colocan por encima del Estado para recrear al Estado. Todo en una época en la que las demandas más acuciantes intentan democratizar a las democracias para salvarlas. Lo que significa más poder a los ciudadanos y más y mejor Estado de derecho.

Al arribar a este punto solo queda una alternativa: la reforma política integral desde una ciudadanía reconstruida, que aproveche el divorcio entre la narrativa constitucional y la voluntad totalitaria del partido comunista. Ahí se coloca la propuesta2020.

 

[author] [author_image timthumb=’on’][/author_image] [author_info]Manuel Cuesta Morúa

Activista político cubano; nació en La Habana el 31 de diciembre de 1962. Se graduó en Historia en la Universidad de La Habana en 1986 en la especialidad de Historia Contemporánea, en historia de Asia. Ha realizado posgrados en politología, economía, relaciones internacionales y antropología. Actualmente es uno de los Promotores de la Propuesta2020 que busca reformas constitucionales desde la ciudadanía y promover un movimiento ciudadano por elecciones libres en Cuba. [/author_info] [/author]

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