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Cuba, una “democracia de papel” que violenta la libertad de expresión

La política que violenta la libertad de expresión, de información y de asociación hace cobrar al periodismo un rol activo en la defensa y protección de los derechos humanos, en una era en que la apertura a la disidencia puede valerse de herramientas comunicacionales desterritorializadas, que desbordan la lógica de control autoritario de un estado omnímodo, la apuesta es a la emancipación de las conciencias.

Por Claudia Ordóñez Víquez (Oficial de Programa de Centroamérica y el Caribe, ARTICLE 19)*

 

No es novedad afirmar que en Cuba el periodismo y las voces disidentes se encuentran bajo un sistemático y permanente ataque para anular, silenciar e incluso, expulsar toda expresión discordante con la ideología impuesta desde el triunfo de la Revolución en 1959. Sin embargo, no está de más abordar los elementos estructurales que permiten y reproducen las múltiples violencias para tal fin.

Aun cuando la Constitución de Cuba reconozca explícitamente la libertad de expresión para todas las personas, al mismo tiempo prohíbe la existencia de medios independientes de comunicación y exige la colegiación obligatoria de periodistas –la obligación se agremiarse al comité oficial de periodistas-, limitando la pluralidad y la diversidad mediática e informativa. También las leyes secundarias, derivadas de la Constitución han creado un cerco que limita los alcances de la libertad de expresión a un ejercicio que resulta aceptable para el régimen. Transgredir ese cerco supone una serie de sanciones y penas que, aplicadas de manera sistemática y generalizada, se convierten en graves violaciones a los derechos humanos y que, en términos prácticos para la libertad de expresión, no mata periodistas, pero sí ha matado el periodismo, pues existe una política de Estado para violentar la libertad de expresión, de información y de asociación.

La violencia en contra de los medios cubanos se ha relativizado e incluso normalizado por quienes hacen periodismo en la isla y fuera de ella, así como por gobiernos y sociedades a nivel global. Las detenciones arbitrarias, el encarcelamiento, la vigilancia, la represión, el asedio legal y la persecución criminal, aun cuando ocurren de manera sistemática y generalizada, se vislumbran como insignificantes frente al alza de asesinatos de periodistas en toda la región. Además, el sueño romántico revolucionario que permea el discurso de las cabezas del régimen y que se ha expandido a lo largo y ancho de América Latina, da lugar a una especie de “excepcionalismo” que justifica cualquier violación a los derechos humanos cometida para combatir “al imperialismo”, en nombre de los ideales enarbolados en su origen por la Revolución de 1959.

Es así que en pos de la defensa de la Revolución, el Estado ha perfeccionado los mecanismos para despojar de la dignidad a periodistas independientes, personas defensoras de los derechos humanos, activistas y artistas, estableciendo un cerco legal que elimina cualquier intento por conquistar la libertad de conciencia, social, económica o política; fortaleciendo un aparato estatal que intimida, desprestigia, hostiga, amenaza, criminaliza y persigue, coartando libertades y derechos, y estableciendo un clima de terror ante la inconformidad creciente.

En este escenario, el periodismo independiente en Cuba ha proliferado en los últimos años como un acto de resistencia. Aun cuando hacer periodismo fuera de los medios oficiales esté severamente castigado e incluso prohibido por la Constitución, para muchas personas, este oficio se ha convertido en una herramienta reformadora. En palabras de Rolando Lobaina, director de la agencia Palenque Visión, el periodismo es “una forma de desobediencia civil para pugnar por un cambio de régimen, para exigir una vida digna”.

Debido a que hay un partido único y al no existir una oposición política legal, el contrapoder se genera en prácticas contestatarias desarrolladas por la ciudadanía y por la sociedad civil no avaladas por el Estado. Es así que el periodismo independiente en Cuba confía en que a través de la educación, del acceso a la información, de abrir el espacio cívico y la tolerancia al disenso, de cultivar el debate público y de fortalecer los liderazgos locales, es que las personas podrán demandar respeto a su dignidad. En este tenor el periodismo tiene una tarea: exigir la protección de los derechos humanos por parte del Gobierno para que las personas tengan la oportunidad de decidir sobre su vida, así como empoderar a las audiencias, demandar bienestar y promover el libre desarrollo de la personalidad.

Este periodismo que poco a poco permea las conciencias de mujeres y hombres en Cuba se ha convertido en una amenaza latente para el gobierno, el cual tiene un arsenal legal y un ejército institucional meticulosamente construido para sabotear cualquier tipo de disenso.

En Cuba existe un sistema totalitario —aunque se dice democrático—, en que el partido único absorbe y decide todo sobre el ciudadano, lo que es y en lo que quiere que se convierta. Un lugar en donde las leyes, las instituciones, los funcionarios públicos y buena parte de la sociedad sirven a un ideal que, en términos prácticos para la libertad de expresión, no mata periodistas, pero sí “ha matado el periodismo”,[1] pues existe una política de Estado para violentar la libertad de expresión, de información y de asociación.

El gobierno sabe que el homicidio implica altos costos políticos mientras que existen otras maneras tan o más efectivas para imponer el silencio: destruir la reputación de una persona, derrocarla a nivel psicológico, intrafamiliar y social”.[2] Una perfecta articulación institucional, la falta de contrapesos y oposición —así como el control total de la población, de los servicios públicos y del acceso a bienes de primera necesidad— otorga un poder omnipotente y omnipresente que inhibe, aísla o manda al exilio a cualquiera que piense diferente.

El uso de internet y el marco restrictivo como respuesta

En los últimos años, el uso de internet y el surgimiento de medios digitales han permitido la apertura de espacios para la circulación de información e ideas al margen del control oficial. Gracias a estas tecnologías, un número creciente de periodistas ha puesto en marcha espacios digitales ajenos al discurso oficial y fuera del dominio estatal para difundir su trabajo, así como para promover el intercambio de información y opiniones.

También los medios independientes han aprovechado la aparición de estas tecnologías que desdibujan los límites entre lo local, lo nacional y lo global, posibilitando la emergencia de nuevos entornos comunicativos. En el caso cubano, encontramos que internet, aún con sus limitaciones, se presenta como un privilegiado ámbito de expresión y participación en el que inciden, no obstante, las constricciones que el sistema y el gobierno imponen al espacio público y a la comunicación pública en general.

Sin embargo, el régimen cubano ha tratado de llevar su fórmula represiva al uso de las redes sociales, a través de diversas disposiciones normativas como el Decreto-Ley 370/2018, el cual supedita el desarrollo de las TIC a las necesidades estatales e impone restricciones al ejercicio de derechos fundamentales implicados en su uso, como la participación política, la libertad de expresión, la privacidad y el derecho de asociación.

Por si fuera poco, las protestas masivas del 11 de julio de 2021 fueron un aliciente para que el régimen se planteara la necesidad de nuevos instrumentos legales para coartar la libertad de asociación y la libertad de expresión: el Decreto-Ley No. 35/2021 “De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el Uso del Espectro Radioeléctrico”, el Decreto 42/2021 “Reglamento General de Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y la Comunicación” y la Resolución 105/2021 “Reglamento sobre el Modelo de Actuación Nacional para la Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad”, junto con otros instrumentos normativos. El paquete legislativo habilita la persecución de personas que utilizan las TIC con fines ciudadanos y sociopolíticos, además de propiciar la censura de contenidos de interés público en internet.

Así, la aprobación de estas normas aniquila los principios de un internet abierto, libre e incluyente, controlando cada uno de los niveles en los que opera y violentando el derecho a la libertad de expresión, información y asociación en el ámbito digital. Por otro lado, las prohibiciones generales de difusión de información basadas en conceptos imprecisos y ambiguos, incluidos “noticias falsas” (fake news) o “información no objetiva” son incompatibles con los estándares internacionales sobre restricciones a la libertad de expresión.

Agresiones contra periodistas y artivistas

Desde 2020 a la fecha, la organización ARTICLE 19 ha identificado que la violencia se ejerce en contra de la expresión disidente de manera sistemática, generalizada e impune, y se ha ido incrementando desde el inicio de la pandemia, precisamente porque durante este tiempo las condiciones sociales de escasez de productos de primera necesidad y de precariedad en la provisión de servicios públicos han dado lugar a un sinnúmero de expresiones de molestia y descontento que antes no tenían cabida.[3]

Así, en la medida en que la molestia social por el manejo gubernamental de la pandemia se incrementa y se hace pública, también se activa la maquinaria de censura y represión, ocasionando a su vez mayor fervor social, que nuevamente se responde con la represión, en una espiral ascendente.

De esta manera, ARTICLE 19 documentó en 2020, 681 agresiones en contra de 119 periodistas, activistas y personas defensoras de los derechos humanos. De éstas, 65% fueron cometidas contra periodistas y 36% contra activistas, artistas y defensores de los derechos humanos que participaron en las protestas de noviembre y diciembre de ese año. Al respecto, es importante advertir que 69% (472) del total de agresiones fueron cometidas en un lapso de seis semanas -del 9 de noviembre al 31 de diciembre- que se corresponden con el desarrollo de las protestas.

La violencia que se desató en contra de estos actores del disenso a finales de 2020 continuó de manera preocupante en el primer semestre de 2021, cuando se cometieron 656 agresiones en contra de 84 periodistas, activistas, personas defensoras de los derechos humanos y artistas. De éstas, 49% (321) fueron perpetradas en contra de periodistas.

Durante 2019, ARTICLE 19 había documentado que un periodista en promedio podría ser agredido hasta cinco veces en un año. En 2020, el promedio aumentó a seis veces y, en 2021, se elevó hasta ocho veces. En el caso de las mujeres, esta situación se agrava, ya que en promedio una periodista fue agredida en ocho ocasiones al año en 2020 y hasta 11 en el primer semestre de 2021.

En relación a las agresiones contra mujeres periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos, se ha identificado que el método más recurrente es el arresto domiciliario, es decir, el no permitirles salir de su domicilio aún sin una orden judicial de por medio. Son de este tipo 64% (para 2020) y 72% (en 2021) las agresiones perpetradas en su contra. Asimismo, ARTICLE 19 observa que en 2020 y el primer semestre de 2021, la Seguridad del Estado utiliza a los menores como un instrumento de chantaje para mostrar su dominación sobre las mujeres, aprovechando el significado especial que tienen los hijos.

Por otro lado, las campañas de desprestigio adquieren particular relevancia cuando son en contra de mujeres periodistas, activistas, defensoras de los derechos humanos y artistas, pues se intensifican de manera diferenciada. Los mensajes de estas campañas las despojan de su profesión, las estigmatizan y las colocan como “prostitutas”, repercutiendo en sus círculos familiares y profesionales. Entre 2020 y 2021, ARTICLE 19 documentó diversas campañas en contra de Tania Bruguera, Iliana Hernández Cardosa, Elaine Díaz y Yoani Sánchez Cordero. Otro tipo de agresiones recurrentes fueron los interrogatorios, durante los cuales ha tenido lugar a una serie de vejaciones con connotación de género, como es exigirles que se desnuden y hagan sentadillas.

Derecho a la protesta

Un grupo de artistas integrantes del Movimiento San Isidro (MSI) inconformes con la detención del rapero Denís Solís González[4] emitieron una serie de pronunciamientos para la liberación de éste, presentaron un recurso de habeas corpus e iniciaron diversas formas de protesta pacífica. Ante ello, la respuesta del Estado fue la represión, lo que motivó un mayor número de muestras de solidaridad con los integrantes del MSI, lo que derivó en la protesta pacífica del 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura.

La protesta y la represión de que fue objeto abrieron la puerta para expresar la molestia y el descontento en la isla; el acceso de millones de cubanos a internet y la cobertura de este suceso por la prensa independiente y una parte de la prensa extranjera acreditada en el país posibilitaron que la ciudadanía no sólo conociera el reclamo de los artistas, sino que verificara el incumplimiento por parte de las autoridades de los acuerdos alcanzados el 27 de noviembre en el Mincult. Además, la molestia en torno a lo ocurrido contra el MSI cimbró a un grupo diverso de artistas que empezaron a difundir una serie de expresiones de protesta, entre ellas una canción intitulada ¡Patria y vida!

En 2021, las expresiones de hartazgo fueron aumentando, diversos grupos que antes no hacían patente su molestia hacia las políticas de gobierno comenzaron a alzar la voz y a pedir a la comunidad internacional ayuda a través de los hashtag #SOSCuba y #SOSMatanzas.

Así, el 11 de julio de 2011, en San Antonio de los Baños, se inició una protesta pacífica que, tras ser transmitida a través de las redes sociales, se replicó en diversas ciudades a lo largo y ancho de la isla. El carácter masivo de la protesta tuvo como respuesta el despliegue de la Brigada Especial Nacional —grupo de élite de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), conocido como “boinas negras”—[5] y de grupos civiles que respondieron al llamado del presidente de salir a las calles a “defender la Revolución”, dando lugar a miles de agresiones en contra de manifestantes, personas defensoras de los derechos humanos y periodistas: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, arrestos de menores de edad, brutalidad policial, procedimientos judiciales sumarios, restricciones a la movilidad, tortura, malos tratos y limitaciones en el acceso a internet.

En resumen, más de 900 personas fueron detenidas; 57 manifestantes del municipio de Holguín[6] fueron sujetos a un juicio masivo por “desorden público” y “atentado”; un joven de 22 años fue acusado de sedición,[7] un delito contra la seguridad del Estado que prevé sanciones entre ocho y 20 años de prisión o la muerte. Además, aproximadamente 45 menores de 18 años fueron detenidos[8] y procesados. La brutalidad policiaca fue fatal, pues le costó la vida al ciudadano afrodescendiente Diubis Laurencio Tejeda.[9]

Al término de las protestas del 11 de julio no cesó la represión. Por el contrario, el Estado cubano acumuló toda su capacidad y fuerza para apagar cualquier chispa que diera lugar a otro levantamiento. El bloqueo de internet y la aprobación del Decreto-Ley No. 35/2021 y la Resolución 105/2021, antes mencionadas, fueron reacciones inmediatas para limitar cualquier acción posterior.

Frente a todo este contexto, ARTICLE 19 expone en el informe una serie de recomendaciones al Estado de Cuba, entre las que destacan:

  1. Garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y del trabajo periodístico de manera libre y sin violencia. Erradicar las prácticas de hostigamiento, intimidación y amedrentamiento en contra de la prensa por las instituciones de seguridad del Estado y sancionar cualquier acto de abuso de poder.
  2. Derogar y/o modificar la normativa penal vigente que criminaliza el ejercicio de la libertad de expresión online y offline y adaptar las normas constitucionales a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión a efecto de:
  3. Eliminar el monopolio del Estado sobre los medios de comunicación masiva y reconocer la posibilidad de que éstos sean propiedad privada.
  4. Impulsar el pluralismo informativo.
  5. Prohibir cualquier tipo de censura previa.
  6. Eliminar cualquier disposición que busque criminalizar la libertad de expresión y el derecho a la información.
  7. Limitar las restricciones a la libertad de expresión, al derecho a la información y al derecho a la privacidad, así como a aquellas que de manera específica son señaladas en una ley y son necesarias en una sociedad democrática.
  8. Garantizar el acceso a la justicia y al debido proceso en las investigaciones relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión. Asegurar la independencia del Poder Judicial.
  9. Garantizar el acceso a la información de manera universal. Eliminar los bloqueos informativos a periodistas independientes. Promover un diálogo abierto de rendición de cuentas desde el gobierno hacia los medios de comunicación y la ciudadanía.

 

Referencias

[1] ARTICLE 19, entrevista a Armando Chaguaceda, político e historiador cubano-mexicano, 27 de septiembre de 2021, en Informe “Democracia de Papel”, enero 2022, en https://articulo19.org/wp-content/uploads/2022/01/Democracia-de-papel.pdf

[2] ARTICLE 19, entrevista a Camila Acosta, periodista independiente, 30 de septiembre de 2021, Op. Cit.

[3] Op. Cit

[4] El rapero fue violentamente arrestado, sin cargos, trasladado a tres instituciones policiales y carcelarias y procesado, todo ello sin permitírsele ningún tipo de comunicación telefónica. Después se le dictó sentencia condenatoria.

[5] “Quiénes son los ‘boinas negras’ de la dictadura cubana, la brigada especial preparada para reprimir a los manifestantes”, Infobae, 12 de julio de 2021, https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/07/12/quienes-son-los-boinas-negras-de-cuba-la-brigada-especial-preparada-para-reprimir-a-los-manifestantes/

[6] Caso documentado por la organización Race and Equality, https://raceandequality.org/

[7] Borrero Batista, Darcy, “Cuba: El derecho sumario de los represores”, Diario Las Américas, 14 de agosto de 2021, https://www.diariolasamericas.com/america-latina/cuba-el-derecho-sumario-los-represores-n4229415

[8] Cubalex, Listado de detenidos y desaparecidos Cuba, 31 agosto 2021, https://cubalex.org/2021/07/13/en-cuba-hay-personas-desaparecidas-y-detenidas-por-manifestarse-ayudanos-a-encontrarlos/; Díaz, Elizabeth, “Fiscal general de Cuba admite que hay menores de edad encarcelados por las protestas, en contradicción con las declaraciones del canciller”, Cuba en Miami, 25 de julio de 2021, https://www.cubaenmiami.com/fiscal-general-de-cuba-admite-que-hay-menores-de-edad-encarcelados-por-las-protestas-en-contradiccion-con-las-declaraciones-del-canciller/

[9] “Protestas en Cuba: el gobierno confirma un muerto en nuevos disturbios a las afueras de La Habana”, BBC News, 13 de julio de 2021, https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57829694

 

*Claudia Ordoñez. Mexicana, es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM) y maestra en Desarrollo Rural. Tiene 20 años trabajando por la defensa de los derechos humanos desde organizaciones no gubernamentales y desde el sector público. Actualmente es oficial del programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19, organización que defiende y promueve la libertad de expresión y el derecho a la información en el mundo.

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