Desde hace dos semanas el gobierno cubano se está viendo envuelto en un nuevo caso de atropello a los derechos humanos más básicos de los habitantes de la isla. Y, en esta ocasión, se trata de decisiones políticas que afectan directamente a las personas más socioeconómicamente vulnerables.
Todo comenzó con una campaña organizada por la activista Rosa María Payá Acevedo, al frente de la plataforma Cuba Decide, que logró recaudar toneladas de insumos en ayuda humanitaria que fueron embarcadas desde Miami y ahora se encontrarían bajo el poder de la Aduana en el puerto del Mariel. Pero lo que parecía una más que exitosa iniciativa caritativa para paliar, aunque sea un poco, las necesidades de las familias más pobres de Cuba, pronto se tornó en un intercambio de acusaciones y en el accionar del gobierno cubano que impide la llegada de la tan ansiada ayuda.
En esta oportunidad, otro de los actores es el Consejo de Iglesias de Cuba (CIC), un ente es que es catalogado por la oposición como cuasi-gubernamental y abiertamente oficialista, que nuclea a 28 denominaciones evangélicas y protestantes. Joel Ortega Dopico, secretario ejecutivo del CIC, escribió que el envío de ayuda desde EE.UU. responde a una manipulación de intereses, con un claro interés político y económico. También dijo que ‘’Las iglesias cubanas no nos préstamos a la manipulación de falsos intereses, que nada tienen que ver con el espíritu y la vivencia del Reino de Dios, y del puro y verdadero Evangelio de Cristo que nos enseña a vivir en solidaridad, en igualdad y amor; buscando siempre el bien y lo mejor para todos y todas en nuestra sociedad”.
El presidente del CIC, controlado por el Partido Comunista Cubano a través del Departamento de Asuntos Religiosos, reverendo Antonio Santana Hernández, también emitió declaraciones afirmando que la iniciativa solidaria se trataba de una ofensa al pueblo y a las iglesias de Cuba.
Ante la escalada de los dichos de los representantes del Consejo y la retención del envío humanitario de parte de la Aduana cubana, Payá Acevedo tuvo que realizar sus propias declaraciones públicas, en las que escribió que “la ayuda no pertenece a los reverendos Santana y Dopico. El presidente y el secretario del Consejo de Iglesias no tienen nada que rechazar porque la ayuda humanitaria no se les envió a ellos”, y que “no hay espacio para la manipulación” en las toneladas de productos enviados a la Isla.
El pastor evangélico Alain Toledano se sumó a los pedidos de que el gobierno libere el cargamento retenido en el puerto del Mariel, además, denunciando nuevamente la persecución que sufriera, incluyendo el decomiso de sus bienes y la demolición del templo en que se reunía con su congregación; y también los atropellos que sufren decenas de pastores que no comulgan con lo dispuesto por el Departamento de Asuntos Religiosos y que actualmente se encuentran inhabilitados para trasladarse por el territorio nacional y para entrar o salir del país. Claras muestras de que, a pesar de lo que declarara el año pasado el CIC, la libertad religiosa -la Libertad en sí misma- en la Cuba gobernada por el Partido Comunista no es más que un anhelo sin perspectivas de pronto alcance.
El asunto comenzó a tomar ribetes internacionales. Payá Acevedo, el alcalde de Miami Francis Suarez, y cubanos tanto dentro como fuera de la isla pidieron esta semana el apoyo de congresistas estadounidenses para que se presione a La Habana a liberar el cargamento arbitrariamente retenido.
Resta aún esperar la resolución al conflicto, pero mientras el mismo se dilata hay 15.000 familias cubanas a la espera de la ayuda humanitaria, en el contexto de la pandemia y de la miseria generalizada en la que se encuentra la población cubana, lo que hace que, debido a la escasez de productos esenciales, las personas deben realizar largas colas que se convierten en aglomeraciones masivas para adquirir lo poco que los mercados estatales ofrecen, por lo que es prácticamente imposible cumplir medidas elementales de prevención contra el COVID-19.
Estudiante de Abogacía. Asesor Legislativo.
