La situación carcelaria en Cuba es particularmente llamativa por tres motivos. Por un lado, desde que Fidel Castro asumió el poder en 1959 el número de instituciones carcelarias aumentó de manera exponencial. Según un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) sobre cárceles cubanas y población penal, antes del régimen castrista había 14 cárceles para una población de 6 millones de habitantes, mientras que en la actualidad hay aproximadamente 300 cárceles para 11 millones de habitantes. Esto indica que el número de unidades penitenciarias aumentó 20 veces en el transcurso de 60 años cuando la población sólo se duplicó. Por otro lado, según cifras de esta institución, la población penal de Cuba es la mayor per cápita del mundo. Si bien en 2012 el gobierno reconoció que eran 57.337 los ciudadanos que se encuentran privados de su libertad, el OCDH estima que el número real es de 140.000 de reclusos. Por último, en los años 2012, 2015, 2016 y 2019 el gobierno concedió el indulto a un total de aproximadamente 9.800 reclusos, cifra que llama enormemente la atención. Para entender mejor la situación debe tenerse en cuenta la coyuntura política de la isla, en la cual el derecho a la libertad de expresión no está garantizado, la represión es moneda corriente y los presos políticos o de conciencia son numerosos.
A principios del mes de julio el OCDH denunció que en el primer semestre de 2019 se produjeron en la isla aproximadamente 1.468 detenciones arbitrarias contra opositores, periodistas independientes y activistas. De acuerdo con sus informes mensuales, 179 personas fueron detenidas bajo esta modalidad en el mes de enero, siendo el período con menos detenciones, mientras que en el mes de febrero esa cifra se duplicó llegando a 405, marcando el período más alto. Este aumento se debe a que el 19 de ese mes se llevó a cabo el referéndum para la reforma de la Constitución Nacional cubana. Según declaraciones de la organización “febrero fue el mes en que más detenciones ocurrieron debido al recrudecimiento de la represión del Gobierno contra activistas y opositores que promovieron el “no” a la nueva Constitución. Las cifras se mantienen en torno a los dos centenares de detenciones cada mes, lo que demuestra que la represión continúa bajo el gobierno de Miguel Díaz-Canel.” Además, señala que las zonas más afectadas son La Habana, Matanza y Santiago de Cuba.
El pasado viernes, tan sólo dos semanas después del informe del OCDH, el diario oficial Granma informó que el Consejo de Estado de Cuba concedió el indulto a 2.604 presos, la medida se tomó en pos del cumplimiento con lo establecido en la nueva Constitución de la República, “que entre sus postulados favorece la reinserción social de las personas privadas de su libertad”, así como el cumplimiento de las “políticas establecidas por el gobierno cubano desde hace varios años” y teniendo en cuenta las solicitudes familiares. El comunicado indica que “se evaluó el buen comportamiento de los condenados durante el cumplimiento de la pena, el tiempo extinguido de la sanción, así como las características y resultados de los hechos por los que fueron sancionados”. A su vez, declara que no fueron incluidos en la lista aquellas personas sancionadas por delitos de asesinato, violación, homicidio, hurto, sustracción de combustibles, entre otros, así como aquellas que sean reincidentes o que ya se les haya concedido el indulto y hayan reingresado a prisión. También informa que “se analizó la edad y las enfermedades crónicas que algunos padecen, y se incluyeron particularmente mujeres, jóvenes y adultos mayores” y que “en todos los casos los seleccionados han cumplido como mínimo un tercio de la sanción impuesta por los Tribunales.” A pesar de estas afirmaciones, opositores, activistas y defensores de los derechos humanos denunciaron lo contrario y exigieron que se incluyan a los presos políticos o de conciencia en la lista.
René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba, expresó, a través de un video, el rechazo y la preocupación por la medida del gobierno, así como la necesidad de incluir a los presos políticos en la lista de indultados. Declaró que “este acto, que lo ha hecho la dictadura castrista durante muchas décadas, de otorgar la libertad a prisioneros como moneda de cambio para negociaciones, para prebendas, para algún tipo de acuerdo que pueda tener con diversos países”. Agregó que “va en contra de la dignidad de las personas, va en contra de la justicia y va en contra de la libertad de todos los ciudadanos.” Uno de los puntos más importantes de su declaración, además de los ya mencionados, es que no se cumple con el principio fundamental de la justicia, que es dar a cada quien lo que le corresponde. En palabras del abogado: “si son criminales deben mantenerse en la cárcel, si no lo son nunca debieron estar.” A su vez, solicita al gobierno cubano ingresar a la isla para poder corroborar las denuncias de crímenes de lesa humanidad y el ingreso a las prisiones para verificar la situación de los prisioneros políticos cubanos.
En línea con estas declaraciones, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), manifestó a través de Twitter que “los indultados por el régimen en su mayoría son presos condenados por robos y hurtos, exceptuando los de ganado mayor. La mayoría estaban a punto de cumplir sus sanciones o ya en tiempo de la libertad condicional. Burlas de la tiranía para que la compren como buena”.
Por su lado, Cuban Prisoners Defenders (CPD) calificó la medida como “drenaje carcelario”. “Cuba tiene 123.000 presos en sus prisiones, y ahora “drena” 2600, como hace cada año desde 2016 por hacinamiento y falta de recursos. ¿Cómo mantener una tasa de presos casi del doble que la que tiene Estados Unidos?” expresó en Twitter. De esta forma plantea una de las principales razones por los que se concedieron tantos indultos en los últimos años: el hacinamiento y la falta de recursos. A diferencia de lo declarado por René Bolio, según CPD estos “drenajes carcelarios” no se hacen con fines políticos o de negociación, sino que se realizan por razones económicas. En lo que sí coinciden es en que ninguno de los reclusos liberados son presos políticos o de conciencia.
Por último, el OCDH publicó un comunicado expresando su posición frente estos indultos y pidiendo la amnistía general inmediata para los 139 presos políticos (según cifras propias) así como para todos aquellos encarcelados por delitos originados por “la incapacidad del régimen de superar la crisis económica”, como hurtos, sustracción de combustible o sacrificios de ganado mayor. Si bien reconoce que la medida “alivia la vida” de aquellas personas indultadas, es insuficiente y el alcance que tiene es limitado en cuento al número de presos y en cuento a la “naturaleza de lo que Cuba necesita en materia penal”. Para esta organización es indispensable revisar y reformar el sistema penal cubano, exige “un cambio legislativo que (…) garantice la independencia del sistema judicial; despenalice el ejercicio de derechos y libertades políticas; (…) y ponga punto final al condicionamiento político en la conducción de los procesos judiciales y el establecimiento de las penas”. Hasta el momento no se conoce la lista de los indultados ni si figuren presos políticos o de conciencia, pero esperan que se ponga fin al encarcelamiento de Armando Sosa Fortuny, preso político que hace más de 40 años que se encuentra privado de libertad por el régimen castrista.
A pesar de tener distintos puntos de vista sobre los indultos concedidos por el Consejo de Estado, todas estas organizaciones y opositores coinciden en un aspecto fundamental: la liberación de los presos políticos. Este reclamo es cada vez más resonante y fuerte, principalmente porque tanto en los indultos de 2015 como en los de 2016 no fueron liberados presos por razones políticas o por procesos políticamente condicionados. Asimismo, varios periodistas independientes de diversos medios de comunicación sufrieron represiones o encarcelaciones por un corto periodo de tiempo en lo que va del año. Entre ellos podemos nombrar a Luz Escobar y Ricardo Fernández de 14 y medio, y Osniel Carmona Breijo, director de Amanecer Habanero. Luz Escobar fue encarcelada durante 5 horas en el mes de mayo cuando cubría una historia sobre personas albergadas. Frente a esta situación su colega Yoani Sánchez publicó en Twitter que “por cada minuto que Luz Escobar pase detenida habrá más reportajes, artículos, notas informativas y columnas de opinión publicados en 14 y medio”. Ricardo Fernández, por su parte, fue encarcelado durante 9 días en el mes de julio por visitar a las Damas de Blanco. Una vez liberado contó en un articulo para 14 y medio cómo fue la detención arbitraria y los malos tratos que sufrió en manos de la policía. Osniel Carmona Breijo fue detenido, interrogado y golpeado por la policía por distribuir de manera gratuita ejemplares de Amanecer Habanero, un boletín informativo. Su caso fue denunciado por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP). Estos son sólo algunos casos, la lista de personas que sufrieron detenciones arbitrarias y represiones es extensa.
A lo mencionado previamente debemos sumarle las restricciones por parte del gobierno para salir y entrar a Cuba. El OCDH denunció a principios de junio el recrudecimiento de estas prohibiciones con el fin de controlar aún más a la disidencia por parte del Gobierno de Diaz-Canel. Esta organización asegura que en los últimos meses se prohibió a más de 20 activistas de derechos humanos y periodistas a salir de la isla: “Bajo el eufemismo de “estar regulados”, las autoridades les impidieron tomar vuelos hacia otros países a pesar de tener la documentación en regla.” Entre los afectados podemos nombrar a Inalkis Rodríguez, Iris Mariño, Sol García, Isel Arango, Luz Escobar, Yunia Figueredo Cruz, la activista del grupo Damas de Blanco Leticia Ramos Herrería, María Elena Mir Marrero, Eniz Berrio Sarda, Boris González Arena, Fernando Palacio Mogar, Abdel Legrá y Alberto de la Nuez. Estos nombres ya son bien conocidos por sufrir las represalias por parte del régimen por defender los derechos humanos de los cubanos.
Estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica Argentina (UCA)
Realizó la diplomatura a distancia en Migrantes y Protección de Refugiados, y el curso Oratoria: La Palabra en Acción-debate y discusión en la Universidad de Buenos Aires (UBA), en el año 2017.
