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Cuba a tres años del 11 de julio

Por Felipe Galli.

Este 11 de julio de 2024 se cumplirán tres años desde que tuviera lugar un evento que hasta ahora parecía totalmente imposible cuando el pueblo de Cuba, acosado por una crisis sanitaria en medio de la pandemia y un derrumbe económico sin precedentes, salió masivamente a las calles haciendo numerosos reclamos al gobierno.

Mientras el régimen gobernante se ufana en su nube propagandística de ser un paraíso del bienestar social, su sistema educativo y su atención médica gratuita, más abajo, en la realidad, millones de cubanos viven en la pobreza, residen en edificios construidos antes de la llegada al poder del gobierno actual que ya comienzan a derrumbarse, tienen problemas para acceder a productos de primera necesidad, sufren constantes apagones (algunos de los cuales, en el interior del país, pueden durar más de dieciocho horas). Como si esta gran cantidad de frustraciones sociales acumuladas no fuesen suficientes, el gobierno no permite las más mínimas demostraciones de disidencia pública. Solo se permite la existencia de un partido político, el Comunista, y sus organizaciones anexas para la representación de todos los estamentos de la sociedad (mujeres, agricultores, trabajadores, jubilados, jóvenes, gente racializada y personas LGBT), lo que significa que estos no terminan representando otra cosa que el interés del Estado de controlar a estos grupos. Un sistema que vigila (o pretende vigilar) cada uno de los movimientos de sus ciudadanos, un estado policial que infiltra y busca controlar los movimientos desde la niñez hasta la adultez, un régimen totalitario de corte soviético que, esquivando los vientos democratizantes del continente por un lado y el colapso de gran parte de sus aliados en el Este por el otro, amparado en el liderazgo de Fidel Castro, su carácter insular y otra serie de factores, ha logrado colarse en el Siglo XXI y prevalecer hasta nuestros días.
Sin embargo, la llegada de internet a Cuba entre 2014 y 2018, resultó ser para el régimen gobernante un arma de doble filo. La evidencia de eso fue que muchas de las organizaciones de disidencia que hasta entonces operaban en una clandestinidad asfixiante y casi en completa incomunicación con los cubanos de a pie pudieron masificar su mensaje. Hoy por hoy un número cada vez mayor de cubanos consume diariamente información ajena a la de los medios de comunicación oficiales (estrictamente controlados por el régimen), y fue precisamente la agitación de numerosos influencers y artistas a través de redes sociales la que avivó las llamas que en última instancia la paupérrima situación económica acabó por detonar el 11 de julio.

La primera muestra pública sonada de descontento se produjo con la irrupción del Movimiento San Isidro a finales de la década de 2010, con una serie de artistas expresando sus críticas a la represión política, siendo estos a su vez objeto de encarcelamiento (con Luis Manuel Otero Alcántara como principal exponente). En noviembre de 2020, un grupo de representantes de la cultura presentó sus quejas al Ministerio de Cultura del régimen, exigiendo el fin de la censura y la liberación de detenidos por causas políticas. Esto motivó un primer intento de diálogo (la primera vez en toda su historia que la dictadura cubana se sentó en una mesa a dialogar con detractores abiertos), que se interrumpió el 27 de enero de 2021 con el infame “manotazo” del Ministro de Cultura Elpidio Alonso (más tarde rebajado de su cargo) contra algunos artistas que se manifestaban fuera del edificio.

Sin embargo, aún entonces, mientras se preparaba el octavo Congreso del Partido Comunista de abril, que transcurrió en medio de un baño de elogios mediáticos totalitarios a la figura del saliente Raúl Castro y del entrante Miguel Díaz-Canel, sin que en ningún momento se diera trato a los cada vez más asfixiantes problemas que afrontaba el país, nadie se esperaba que ocurriera lo que ocurrió de cara a un verano atroz, en el que los apagones y el derrumbe del sistema sanitario de la isla coincidieron con el agobiante calor, la segunda oleada de Covid-19 y el ya rampante dengue.

Y el 11 de julio ocurrió.

Desde las protestas y su ahogamiento violento, la represión por motivos políticos en la isla (que aunque constante venía en una relativa decadencia ante el surgimiento de expresiones opositoras cada vez más vocales y el claro descontento social) se ha disparado a niveles mayores, con picos en los años 2021 y 2022, una ligera relajación en 2023 y, ahora mismo, una nueva reactivación.

A lo largo del año 2021, el régimen se ocupó de desarticular el liderazgo del naciente movimiento opositor, culminando con una ofensiva de terror estatal para impedir que tuviera lugar una marcha pacífica organizada en noviembre por la agrupación Archipiélago (muchos de sus dirigentes terminaron encarcelados, en el exilio, divididos o públicamente desprestigiados) el 20 de noviembre de ese mismo año.

Numerosas organizaciones de sociedad civil independiente se han formado y han logrado documentar, reportar y denunciar muchos de los eventos que han tenido lugar tanto antes como después del estallido del 11 de julio. Para marzo de 2024 se reportaban en Cuba 1.067 personas privadas de su libertad por razones políticas. La mayoría fueron detenidos en el marco de las protestas del 11 de julio pero hubo muchos otros arrestos posteriores. Entre 2023 y 2024 hubo un total de 156 encarcelamientos de este tipo, con un mínimo de cinco por mes y un máximo de 24 en abril de 2023. De estos presos, 33 eran menores de edad.

La mayor parte de los arrestados fueron enviados a unidades penales, destacando la cárcel de Villa Marista, donde se reportan duras condiciones carcelarias. Asimismo, se los sometió a juicios que no cumplieron con los estándares internacionales mínimos de garantías procesales. Se estima que 800 presos están cumpliendo condenas. Se registra que 225 de ellos fueron acusados de sedición y al menos 222 de ellos han sido sentenciados a un promedio de diez años de privación de libertad cada uno.

Pero descabezar el movimiento opositor no pudo paliar el descontento. Durante el año 2022 se generalizaron los cacerolazos en contra del gobierno, sobre todo al momento de los apagones cuando, al amparo de la oscuridad, muchos cubanos pudieron salir a las calles a exigir desde el restablecimiento de la corriente hasta concesiones políticas (con consignas como “Abajo la dictadura” o “Patria y Vida”). En menor medida, en las protestas que ocurrieron durante el día, se recurrió a “sentadas” en calles o avenidas importantes. Estas protestas, sobre todo las que escalaron a mayores (como la acontecida en el poblado de Nuevitas, Camagüey, en agosto o la posterior al pase del Huracán Ian en La Habana en septiembre), fueron objeto de una dura represión por parte de las llamadas “brigadas de respuesta rápida”, grupos ligados a la Seguridad del Estado que tienen a su cargo aplastar manifestaciones por la fuerza.

En septiembre y noviembre se realizaron respectivamente dos votaciones: el referéndum sobre el Código de las Familias y las elecciones municipales, procesos restringidos y carentes de competencia. En ambas votaciones se reportó una participación muy baja y la opción favorecida por el oficialismo obtuvo sus peores resultados (incluso ateniéndose a las cifras publicadas) desde el triunfo de la Revolución Cubana.

Es así como llegamos a un año 2023 mucho más gris para el movimiento de protesta. Si bien la represión en Cuba se ha mantenido constante, disminuyó ligeramente debido a que el empuje de las protestas decayó ante el agotamiento de dos años sin cambios sustanciales y el persistente deterioro de la situación económica y social. Muchos cubanos dejaron de ver la idea de un cambio en su país como posible y abrazaron la migración como única vía para generar un cambio en sus propias vidas. Entre 2021 y 2023, 425.000 cubanos emigraron solo hacia los Estados Unidos. Solo en el año 2022, 313.000 cubanos emigraron ilegalmente. Asimismo, unas 22.000 personas emigraron de Cuba a Uruguay y algo más de 36.000 pidieron asilo en México. Este éxodo supera un 5% del total de la población de Cuba (que reclama tener 11 millones de habitantes desde hace veinte años). En su mayoría se trata de jóvenes con alto nivel educativo, aunque en realidad es una crisis migratoria que alcanza a todas las clases sociales y que multiplica por mucho al episodio migratorio que, de la gran cantidad de generaciones de exilios generadas por el régimen cubano desde su instauración, le sigue en proporciones (el Éxodo del Mariel de 1980, con 130 mil cubanos emigrando).

No obstante, el ambiente está volviendo a caldearse después de un año relativamente más tranquilo. Con la aplicación de un paquete de ajuste por parte del gobierno de Díaz-Canel, el cual se saldó con una purga dentro del régimen que costó su cargo al ministro de Economía Alejandro Gil, la situación ha vuelto a empeorar. A esto se suma la instauración de algunas restricciones migratorias y la dificultad que están enfrentando varios de los cubanos que quedan para abandonar el país. En ese contexto, el 27 de marzo de 2024 se produjeron nuevas manifestaciones en la empobrecida región oriental de la isla, en particular en las importantes ciudades de Santiago de Cuba (segunda más poblada del país) y Bayamo.

Las protestas, que tuvieron momentos álgidos como cuando alguien en la multitud gritó “nadie los eligió” a la cara de una autoridad local del Partido Comunista, sacudieron tanto las dos capitales provinciales como algunos pueblos aledaños. El gobierno buscó reprimirlas primero con medidas conciliatorias de pacificación ya habituales (restablecer la corriente o traer camiones con víveres para repartir), pero no logró hacerlo. Las manifestaciones duraron hasta bien entrada la noche, cuando las brigadas de respuesta rápida intervinieron para disolverlas y varios fueron detenidos. No obstante, en un giro realmente inusual, en Santiago muchos de los manifestantes se volvieron a reunir al día siguiente frente a la comisaría local, a fin de exigir a la policía la liberación de los que habían sido detenidos la noche anterior.

A esta nueva demostración de fortalecimiento de la sociedad civil el régimen ha respondido con dureza, y los últimos tres meses han visto una escalada represiva que ha aumentado en 46 el número de detenidos por motivos políticos. Solo en el mes de marzo hubo 31 detenciones. El intento de la dictadura cubana por silenciar demostraciones de descontento cada vez más difíciles de acallar es alevoso. El total de presos políticos en Cuba es ya de 1.113, al menos a la fecha de redacción de este escrito.

Así las cosas, este 11 de julio se cumplirán tres años desde esa primera erupción de ira, desde esa ocasión en la que miles de ciudadanos cubanos decidieron salir a las calles a reclamar por sus derechos. En este momento hay a 1.113 cubanos presos en condiciones deplorables solo por haber levantado la voz (ya fuera en esa instancia o en otras) para exigir al régimen estándares mínimos en materia de derechos humanos, cosas que para muchos de nosotros son elementales, como las libertades de expresión, reunión y asociación, pero que ahora mismo, allá en Cuba, siguen totalmente ausentes.