Escenario político polarizado marcado por tensiones y divisiones que atraviesan tanto a la ciudadanía, desde su configuración socioeconómica hasta el orden simbólico e ideológico, como a los partidos políticos que se ven obligados a conformar alianzas entre fuerzas disímiles, no afines, con el objetivo de preservar espacios de poder.
El pasado 6 de junio de 2021 México celebró las elecciones más grandes en la historia, puesto que en ella estuvieron en disputa 15 gubernaturas, la renovación de 30 Congresos locales, más de 1 900 ayuntamientos, aunado a sus correspondientes regidurías, las alcaldías de la Ciudad de México y los 500 lugares de la Cámara de Diputados; un aproximado de 20 000 cargos públicos.
Fue un proceso electoral envuelto en un ambiente de polarización política entre quienes están a favor de la trasformación del país y quienes no están con ella, promovida desde Palacio Nacional. Si bien los resultados de esta elección tienen implicaciones importantes en las entidades federativas, en realidad el debate se centró en el equilibrio político del país y la continuidad o no del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, como un elemento central de la división de poderes y gobernabilidad democrática[1].
Sin embargo, debemos dejar de idealizar la gobernabilidad democrática, para enfocarnos como sociedad en consolidarla. México es un país democrático que en los últimos años ha cambiado de partido institucional; hoy, los partidos cambian de personajes, de estrategias, de nombre, con una sola finalidad: mantener el poder. A pesar de ello, la ciudadanía permanece, aun cuando los tiempos requieren que evolucione. Para alcanzar la gobernabilidad democrática requerimos de una participación activa por parte de todos.
Ante este escenario es importante analizar dos fenómenos sucedidos en las elecciones. El primero: las alianzas políticas y el segundo: la participación ciudadana Por primera vez se dieron coaliciones impensables en muchos estados. Por un lado, alianzas como PAN-PRI-PRD, en otros casos Morena, Partido Verde y PT, además de los otros partidos participantes. Lo anterior lleva a que nos cuestionemos si las alianzas son sinónimos de crisis. Los partidos mayoritarios del país necesitaron aliarse con la finalidad de ganarle al partido institucional y este, a su vez, además de contar con la maquinaria institucional, quiso robustecer sus posturas en alianza con partidos pequeños. Ante la incertidumbre de los resultados, más valieron las alianzas.
Recordemos que hace tres años, durante las elecciones de julio de 2018, el partido fundado en 2011 por Andrés Manuel Lopéz Obrador, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), lo llevó a la Presidencia, por lo cual se podría considerar que el país estaría en la tan anhelada vitalidad democrática. Sin embargo, el escenario de 2021 no fue el esperado debido a que, si bien ganaron la mayoría de las gubernaturas y lograron tener mayor presencia nacional, perdieron 6 de las 11 alcaldías que ganaron en 2018 en la Ciudad de México, así como varias posiciones en el Congreso.
La maquinaria del partido oficial, sin lugar a dudas, se puso a trabajar —como en sus ayeres el Partido Revolucionario Institucional (PRI)—. Desde el primer día del presidente López Obrador, el Gobierno lanzó varios programas populistas con la finalidad de hacerse presente entre aquellos que se sentían olvidados por el Gobierno.
Obtener la mayoría legislativa de la Cámara de Diputados se convirtió en el punto central de la elección 2021 dadas las facultades del Congreso para aprobar el presupuesto, ejercer funciones de rendición de cuentas, aprobar las reformas constitucionales y constituirse en un verdadero contrapeso institucional de los otros poderes —a los cuales ha renunciado la actual Cámara para convertirse en una oficina de trámites del Ejecutivo[2]—.
Como resultado de las elecciones, Morena perdió 51 diputados y con ello la mayoría calificada para poder hacer reformas a la Constitución. A pesar del esfuerzo diario del presidente por imponer la agenda pública en las “Mañaneras” y de que obtuvo el triunfo en la mayoría de las gubernaturas —11 de 15 en disputa—, perdió el control que tenía en la Cámara.
Fuente: El País con información del Conteo rápido INE
El otro fenómeno que se analizará es la participación ciudadana. Durante esta última elección la participación ciudadana ascendió a un 52.6 %, lo cual es aceptable para una elección intermedia, dado que la participación varía dependiendo del tipo de elección y tiende a ser menor cuando sólo se renueva la Cámara de Diputados (en 2009 fue de 44.6% y en 2015 de 47.9%[3]), mientras que en 2018 -presidencial- fue de 63.4 %. Pese a que se trata de elecciones distintas, Andrés Manuel ganó en 2018 con el 53.19 % de los votos[i], y en 2021 su partido obtuvo tan solo el 26.06 %[4]; lo cual si bien es una disminución importante, no se traduce necesariamente en una derrota, ya que tuvo triunfos contundentes en las elecciones locales.
Fuente: El País con información del Conteo rápido INE
El gran ganador fue el Instituto Nacional Electoral (INE), una institución que tiene un lugar clave para dar legitimidad a las elecciones y cuya actuación imparcial ha permitido que los procesos de renovación de las autoridades se desarrollen en paz mientras existe un buen tránsito en la etapa post electoral. Lo anterior ocurre a pesar de los ataques al INE durante el proceso electoral y el amago del Ejecutivo para que desapareciera. Incluso con ese obstáculo, tuvo la capacidad de organizar unas elecciones ordenadas, libres y transparentes que legitimaron la jornada.
La oposición logró su cometido y el partido en el poder perdió la mayoría calificada y la mayoría simple en la Cámara de Diputados. A pesar de ello se requerirá un gran trabajo de negociación y diálogo para mantener estas condiciones y que la Cámara no se convierta en una que obstruya. Es urgente redefinir el rumbo del país, pero sobre todo generar los contrapesos que garanticen una gobernabilidad democrática, habida cuenta de que frente a la crisis de partidos que hoy existe, para los de oposición se hace indispensable hacer un esfuerzo por cumplir el mandato con todos los electores que acogieron la expectativa de que serían un freno para Morena.
En ello va, por supuesto, evitar que prospere la iniciativa de “reforma administrativa” del Ejecutivo que desea hacer desaparecer a organismos autónomos —como el INE, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAI), el Instituto Nacional de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre otros— y que sus funciones sean absorbidas por las secretarías de Estado con el argumento del ahorro. Ello representaría un serio retroceso, una pérdida de eficacia y le permitiría al presidente continuar concentrando el poder como lo ha hecho hasta ahora.
Los organismos autónomos además de ser un contrapeso del poder ejecutivo, son garantes de los derechos humanos —como el acceso a la información— y reguladores que se miden más por la competencia de los mercados y el beneficio de los consumidores. Al frente de ellos hay técnicos expertos en cada materia que cumplen con el objetivo de dar certeza a los ciudadanos y a posibles inversionistas de que las reglas no están a merced del gobernante en turno.
Lo que se esperaría sería la reconfiguración de la oferta política de los partidos —porque los programas sociales dejarán de ser la fortaleza del ejecutivo y tendrán una utilidad electoral marginal— y el fortalecimiento a los organismos autónomos que ha costado muchos años consolidar en la democracia mexicana. Desestimar el trabajo que se ha forjado a lo largo de nuestra historia como país independiente, solo conduce a una desvalorización de nuestra propia sociedad, la cual debe volverse más crítica y atenta de las políticas públicas. Como mencionan Arellano y Blanco (2020): “las políticas públicas son un paso natural de la acción gubernamental en una sociedad plural, donde se requiere de un espacio y de una forma de discusión abierta de los problemas a solucionar, de las alternativas a escoger y de los recursos a utilizar”[5].
La evolución del sistema de representación a nivel mundial nos debe permitir reflexionar sobre sus orígenes —para poder recurrir a su esencia—, integrar órganos colectivos de representación[6] y cuestionarnos si hoy la sociedad mexicana se siente representada por sus congresos, por sus funcionarios públicos, por los partidos políticos existentes, o si solo se ha convertido en un espectador del escenario de las políticas públicas que se emiten desde el Gobierno federal y esperan con ello un cambio milagroso en la vida de la sociedad.
De esta forma, la situación de los partidos políticos hoy, aunado a sus estrategias de alianzas, nos deja ver la clara indefensión en la que se sienten: la incongruencia entre mantener su coto de poder sin importar la alianza con partidos de ideologías contrarias. Por otro lado, existe una mayor población que no votó por el partido oficial, cuando se supondría una vitalidad de este.
Ante las crisis, se crece. Resulta esperanzador ver a un país más participativo. En México se cuenta con los elementos necesarios para generar una mayor cultura de gobernabilidad democrática debido a que desde sus inicios la República fue democrática. A lo anterior podemos sumar las décadas en el trabajo de rendición de cuentas. El hecho de que hasta el día de hoy la gobernabilidad no se haya llevado a cabo de manera idónea no quiere decir que no lo podamos lograr. Cualquier proceso conlleva tiempo; pero, sobre todo, voluntad.
[1] Pulido, A. (2021). “Las encrucijadas electorales del presidente” en Letras libres. No. 269. Disponible en: https://www.letraslibres.com/mexico/revista/las-encrucijadas-electorales-del-presidente#
[2] Puente, K. (2021). “El Congreso en disputa” en Letras libres. No. 269. Disponible en: https://www.letraslibres.com/mexico/revista/el-congreso-en-disputa
[3] INE Estudio muestral sobre la participación ciudadana en 2015. Disponible en: https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/UTSID/UTSID-InformacionSocialmenteUtil/Docs/empc_2015_con_adenda.pdf
[4] INE Cómputos Distritales 2018. Disponible en:[4] https://computos2018.ine.mx/#/presidencia/nacional/1/1/1/1
[5] Arellano, D. & Blanco, F. (2020). Políticas Públicas y democracia, Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, INE. En: https://cutt.ly/9n8HTdR
[6] Paoli, F. J. (2010). Crisis de la Democracia Representativa. Revista del Instituto de Ciencia Jurídicas de Puebla A.C.
Referencias:
Arellano, D & Blanco, F. (2020). Políticas Públicas y democracia, Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, INE. En: https://cutt.ly/9n8HTdR
Keane, J. (2018). Vida y muerte de la democracia. México, Fondo de Cultura Económica.
Paoli, F. J. (2010). Crisis de la Democracia Representativa. Revista del Instituto de Ciencia Jurídicas de Puebla A.C.
Puente, K. (2021). “El Congreso en disputa”. En Letras libres. No. 269. Disponible en: https://www.letraslibres.com/mexico/revista/el-congreso-en-disputa
Pulido, A. (2021). “Las encrucijadas electorales del presidente”. En Letras libres. No. 269. Disponible en: https://www.letraslibres.com/mexico/revista/las-encrucijadas-electorales-del-presidente#
Sitios de internet
INE, [i] https://computos2018.ine.mx/#/presidencia/nacional/1/1/1/1
Por
Gloria Lizbeth Morales Castro. Licenciada en informática y licenciada en derecho por la Universidad Veracruzana, maestranda en Administración Pública por el Colegio de Veracruz. Se he desempeñado en diversos cargos en la Administración Pública, como delegada del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz, Secretaria Técnica del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales y de 2014 a la fecha Asesora Legislativa en el Congreso del Estado de Veracruz.
Paloma Nachón. Licenciada en educación preescolar de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rebsamen”. Desde 2000 ocupó diversos cargos en dependencias de la Administración Pública, como Asesora del Secretario de Educación del Estado de Veracruz. Fue Subdirectora de Recursos Humanos del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz de 2016 a 2018.
Demo Amlat es un proyecto impulsado por Transparencia Electoral cuya misión central es el compromiso con el fortalecimiento democrático en la Región.
