Veintiséis estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) votaron a favor de una resolución que condena las violaciones a los Derechos Humanos en una nueva ola represiva del régimen de Nicaragua. Argentina se abstuvo junto a Belice, Dominica, Honduras y México, contradiciendo así la política de estado definida por la misma Cancillería que afirma que “los derechos humanos constituyen uno de los pilares fundamentales de la política exterior argentina”.
La justificación del Canciller Felipe Sola en base al principio de “no injerencia en los asuntos internos” resulta, cuando menos, desacertada. Este principio nació para asegurar la paz, la seguridad, la libertad y la justicia protegiendo a los estados y a su pueblo. Sin embargo, dictadores y autócratas del mundo contemporáneo que violan sistemáticamente los derechos humanos de sus compatriotas lo usan como escudo, desoyendo las recomendaciones de los organismos internacionales y la comunidad internacional. Así, dicho principio del derecho internacional, concebido para proteger los derechos fundamentales de las personas, resulta manipulado para proteger a los mismos gobernantes que los incautaron en contra de la voluntad del pueblo soberano. De esta manera, gobiernos como el de Nicaragua que llegan al poder elegidos democráticamente, erosionan paulatinamente todos los órganos de control y rompen con el equilibrio de la división de poderes para ganar impunidad y perpetuar su dominio.
Una Resolución como la aprobada por el Consejo Permanente de la OEA, que denuncia las violaciones a los derechos humanos que son universales, no puede ser concebida como una intervención a los asuntos internos, sino que surge de la obligación de la comunidad internacional a pronunciarse frente a hechos de tal gravedad. La solidaridad de los pueblos en la defensa de los derechos fundamentales se anteponen ante la voz de un gobernante ilegítimo que viola no sólo la Constitución de su país sino también la Convención Universal de los Derechos Humanos.
Si bien la oposición nicaragüense viene siendo sistemáticamente suprimida, la persecución se incrementó en el último mes a la luz de la celebración de elecciones en noviembre de este año, incluyendo traslados forzosos de opositores, detenciones arbitrarias y arrestos domiciliarios ilegales. A la fecha, se ha denunciado el arresto de más de 120 activistas políticos, incluyendo a los precandidatos presidenciales opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García. Este hecho permite presagiar que el proceso eleccionario en Nicaragua no será ni libre ni justo.
El secretario general de Naciones Unidas, el portugués António Guterres, pidió el pasado 9 de junio la restitución de los derechos políticos a los opositores así como la liberación también de actores de la sociedad civil y de la prensa también injustamente encarcelados. Por ello, las organizaciones firmantes a este comunicado instamos al Gobierno Argentino a rever su postura actual de no levantar la voz ante los crímenes contra la humanidad que sufre el pueblo nicaragüense, resultando cómplice de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, promotores del terrorismo de Estado que sufre la nación centroamericana.
En el mismo sentido, y entendiendo que las elecciones íntegras son el mecanismo democrático para que los ciudadanos elijan a sus autoridades, y que el derecho al sufragio activo y pasivo está garantizado en distintos instrumentos internacionales que Nicaragua ha suscrito, instamos al Gobierno argentino a exigir al régimen de Ortega garantías electorales para las organizaciones políticas que hacen vida en Nicaragua, de cara a las elecciones de noviembre.
Organizaciones firmantes:
Transparencia Electoral (a través de su iniciativa DemoAmlat)
Asimismo, se invita a organizaciones de la sociedad civil a sumarse a este comunicado. Para ello comunicarse con Micaela Hierro Dori micahierro@cultdemocratica.org
Demo Amlat es un proyecto impulsado por Transparencia Electoral cuya misión central es el compromiso con el fortalecimiento democrático en la Región.
