Los hitos que han colocado las movilizaciones callejeras en primer plano durante la última década conectados a la manifestación de posiciones políticas muestran una sociedad hoy retirada del reclamo centrado en el conflicto hacia el reclamo basado en la crisis y la necesidad agravadas por la pandemia.
Un repertorio diverso de movilizaciones forma parte de la cultura política venezolana desde que en 1936 los movimientos democráticos iniciaron su desarrollo. El desarrollo y diversificación del repertorio de la acción colectiva formó parte de la historia democrática venezolana a partir de los hechos del 14 de febrero de 1936, articulándose con la expansión de nuevas formas de organización social, creación de sindicatos, partidos políticos y movimientos sociales.
A partir del año 1958, luego de la caída de la dictadura militar, las movilizaciones de calle acompañaron la consolidación de la democracia, tanto en persecución de los funcionarios de la dictadura, realizando tomas de inmuebles, bien sea en rechazo a los intentos de golpe de Estado protagonizados por los militares, o reclamando por la eliminación del Plan de Emergencia.
La firma del Pacto de Puntofijo y el establecimiento de un conjunto de acuerdos institucionales para asentar la democracia, impulsaron un proceso de desmovilización de calle. La democracia, consolidada tras el proceso de pacificación de las guerrillas a partir de 1968, institucionalizó las demandas agregadas de diversos actores sociales, brindándole un cauce que inhibía la apelación recurrente a movilizaciones de calle. A pesar de lo cual éstas siguieron realizándose.
Con la crisis económica que se inició en 1983 se abrió un nuevo período de movilizaciones sociales. En las décadas de los ochenta y noventa del siglo XX las manifestaciones, huelgas, marchas, eran parte de la cotidianidad política y social de Venezuela en la medida en que la crisis derivaba en un aumento de la pobreza.
La aparición de movimientos vecinales y de organizaciones de la sociedad civil, articulaban nuevas y viejas demandas sobre el sistema político, que los partidos parecían incapaces de canalizar con efectividad. Esto generó los incentivos para nuevas formas de protesta, como las que se vieron el 27 y 28 de febrero, y del 1º de marzo de 1989, el “Caracazo”.
Movilización y confrontación política bajo el chavismo
Bajo el chavismo hubo varios ciclos de movilización, promovidos unos por el gobierno, durante la implantación de su hegemonía política desde 1999, como por los sectores de oposición, que se movilizaron masivamente entre 2001 y 2005, haciendo uso de paros, huelgas, concentraciones y marchas.
En las calles de Venezuela hubo diversos episodios de confrontación violenta. El gobierno estableció alianzas con diversos grupos organizados, los dotó de poder, de recursos, y en algunos casos de armamento, para confrontar a los grupos de oposición, inhibiendo la acción colectiva opositora en sectores de las ciudades que consideraban propios.
La hegemonía chavista se reforzó con el ingreso masivo de recursos petroleros, derivados del aumento de los precios del crudo en el mercado internacional, lo que le brindó posibilidades al gobierno para fortalecer una red de organizaciones, con muy escasa autonomía, y con un alto grado de dependencia tanto del presupuesto público como de la línea de mando que se centralizaba en la Presidencia, y en el hiperliderazgo de Hugo Chávez.
A partir de las elecciones presidenciales de 2006, los grupos opositores incrementaron sus niveles de coordinación interna y definieron una estrategia de crecimiento, que se basaba fundamentalmente en la lucha político-electoral. Esto implicó un crecimiento continuo de la votación de la oposición con cada proceso electoral, así como un fortalecimiento de sus niveles de organización interna, creando en 2008 la Mesa de Unidad Democrática, como espacio de coordinación interna de los partidos políticos y de sus otras organizaciones.
Es importante destacar un segundo gran ciclo de movilizaciones desarrolladas durante el año 2007, que tuvieron como desencadenante el cierre del canal de televisión, Radio Caracas Televisión. Estas movilizaciones contribuyeron a la aparición de nuevos liderazgos jóvenes, vinculados al movimiento estudiantil de las universidades, lo que se conocería como la Generación de 2007, cuyas acciones colectivas fueron un elemento dinamizador de la movilización opositora que desembocó en el resultado del referéndum por la Reforma Constitucional del 2 de diciembre de ese año, que fue rechazada por el 51% de los votos.
A partir de ese momento, el movimiento estudiantil venezolano se convertiría en un actor influyente y recurrente en la dinámica política, movilizándose, con un repertorio diverso de marchas, huelgas de hambre, concentraciones, a lo largo de los años posteriores. Algunos de los liderazgos claves en el ciclo político que se desarrolla a partir de 2013 vienen de estas movilizaciones de 2007.
El trabajo de María Pilar García Guadilla (2020) analiza las transformaciones del rol del movimiento estudiantil en la política venezolana en los diversos episodios de movilización, 2007, 2014, 2017 y 2019.
La protesta social durante el gobierno de Nicolás Maduro
La estructura de oportunidades políticas para la acción colectiva tendría un cambio importante a partir de la coyuntura de los años 2012 y 2014. Dos acontecimientos retaron a la hegemonía chavista en Venezuela durante el año 2013. En primer lugar, el descenso de los ingresos, derivado tanto de la crisis de PDVSA, empresa petrolera venezolana, como de la reducción de los precios internacionales del crudo. En segundo lugar, la desaparición física del Presidente y líder fundador del movimiento, Hugo Chávez, anunciada al país el 2 de marzo de 2013.
Ante la desaparición del líder y la reducción de la capacidad del gobierno de mantener el ritmo de gasto público previo, se reforzaron tendencias existentes en el bloque de poder gobernante, por un lado se aceleró la reducción de los niveles de competencia política, el gobierno se hizo cada vez más dependiente del aparato represivo, fortaleciendo sus vínculos con los sectores militares y con otros grupos armados, y finalmente el gobierno distribuyó oportunidades de extracción de renta, de negocios, entre diversos grupos de aliados para intentar construir un mínimo de gobernabilidad mientras se asentaba el nuevo equipo presidencial.
Los niveles de movilización y de protesta social se habían incrementado desde el último trimestre del año 2012, aunque con una reducción durante el primer semestre de 2013. El Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social (OVCS) ya había detectado, durante el año 2012, un incremento de las protestas y movilizaciones sociales en el país respecto a 2011, que alcanzaron 5.483 manifestaciones, motivadas fundamentalmente por problemas laborales (41,15%), en la exigencia de una vivienda digna (34,17%), motivada por inseguridad ciudadana, derechos de personas privadas de libertad, participación política, derecho a la justicia (20,49%) y exigencias educativas (4,17%). En los primeros tres meses de 2013 hubo una reducción de la conflictividad, que descendió a 274 protestas en enero, 297 en febrero, y apenas 62 protestas en marzo. La mayor parte de estas protestas se relacionaba con la crisis social y económica, pero la agenda política no dejó de estar presente.
En ese escenario se convocaron las elecciones presidenciales para el 25 de abril de 2013. El mismo Hugo Chávez había designado a su sucesor en una alocución televisiva en diciembre, nombrando Nicolás Maduro Moros, a la sazón Vicepresidente y antiguo Ministro de Relaciones Exteriores. Al mismo tiempo, el gobierno organizó funerales multitudinarios de Estado para el líder fallecido, enlazando su muerte con la continuidad de la Revolución Bolivariana en manos de Nicolás Maduro.
Dos tendencias llevaban a coincidir en el tiempo en ese contexto, luego de catorce años en el poder la hegemonía del chavismo se debilitaba mientras la crisis económica y social se agudizaba, al tiempo que el régimen se transformaba de una democracia delegativa en un autoritarismo competitivo. Por otra parte, la estrategia electoral, que era dominante entre los sectores opositores desde las elecciones presidenciales de 2006, le habría brindado al movimiento opositor un crecimiento político elección tras elección.
La crisis de sucesión constituye una de las encrucijadas más difíciles para un régimen autoritario, dificultad que se incrementa en caso de que su funcionamiento haya estado atado a un liderazgo personalista carismático. En una campaña muy breve se enfrentaron Maduro, como Presidente encargado y con el apoyo de todo el aparato del Estado, y Henrique Capriles, gobernador del Estado Miranda, quien había pugnado contra Chávez meses antes. El chavismo tuvo que afrontar su primera elección presidencial sin Chávez, demostrando Maduro múltiples debilidades al momento de desarrollar una campaña sólida.
Los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral, dominado por el oficialismo, mostraban una muy pequeña ventaja de votos en un proceso que había distado mucho de ser limpio, dada la cantidad de irregularidades. El candidato opositor desconoció el boletín oficial, sospechando que el gobierno había realizado un fraude electoral, impulsó movilizaciones a varias juntas electorales regionales, exigiendo un conteo manual de todas las papeletas, anunciando una gran movilización al Consejo Nacional Electoral en Caracas. El régimen dirigido por Maduro reprimió las protestas realizadas en el interior del país, trayendo consigo el asesinato de manifestantes. En ese momento Capriles retiró la convocatoria a la movilización nacional para evitar derramamiento de sangre.
En diciembre de 2013 se realizaron elecciones municipales, donde el chavismo venció en la mayor parte de los municipios, mientras que la oposición se alzó con victorias significativas, incluyendo cuatro de los cinco municipios que constituyen la capital del país. Antonio Ledezma, tradicional dirigente opositor, se convirtió en Alcalde del Distrito Metropolitano, con lo que le tocaba coordinar las políticas públicas de Caracas y varios municipios aledaños. El gobierno de Maduro centralizó competencias y recursos de las Alcaldías en que la oposición había triunfado, creando estructuras paralelas controladas desde Presidencia.
La reducción de los ingresos petroleros trajo consigo una reducción sustancial de las importaciones, dada la reducción de la capacidad productiva interna. El aumento de la inflación, vinculada con la escasez de bienes y con la inyección monetaria, redujo el poder adquisitivo de los salarios. Todo esto derivó en mayor malestar social, al que respondía el gobierno con una escalada represiva. En el segundo semestre de 2013 volvieron a aumentar las manifestaciones, registrándose 2.723 protestas, de acuerdo a las informaciones del OVCS.
“La Salida”: guarimbas y represión
El año 2014 se caracterizó por un ciclo de movilización sociopolítica, respondido con represión por parte del Estado. Los disparadores iniciales estuvieron vinculados a la inseguridad ciudadana, tanto el asesinato de un estudiante de la ULA en Mérida el 5 de enero, como el intento de violación de otra en San Cristóbal, el 4 de febrero, generaron como respuesta una serie de protestas en ambas ciudades. La represión policial derivó en varios estudiantes detenidos y sometidos a abusos y tratos vejatorios. El abuso policial fue contestado por una expansión de nuevas manifestaciones de protesta en otras ciudades.
El 23 de enero, al conmemorarse 54 años del derrocamiento de la dictadura militar, Leopoldo López, quien había sido Alcalde de Chacao y fundador de Voluntad Popular, junto con María Corina Machado, dirigente de Vente Venezuela, y el Alcalde Antonio Ledezma, anunciaron el inicio de una operación de activismo social y político, La Salida, planteando la realización de una serie de asambleas de calle para impulsar una “salida pacífica, democrática y constitucional” del gobierno de Nicolás Maduro.
El 12 de febrero, con ocasión de conmemorarse el día de la juventud, se desplegó una masiva manifestación estudiantil en el centro de Caracas, para protestar contra la inseguridad, exigir la liberación de los detenidos en las protestas previas así como el fin de la violación de los Derechos Humanos y de la tortura, el desarme de los grupos violentos que usaba el gobierno, el fin de la criminalización de la protesta, la renovación de los poderes públicos y el cese de la censura en los medios de comunicación. A la movilización estudiantil se incorporaron dirigentes políticos, como el mismo Leopoldo López.
Cuando la movilización estudiantil terminó su recorrido fueron atacados por grupos con armas de fuego, muchos organizados bajo la figura de colectivos, destinados a apoyar la gestión gubernamental del chavismo. El asesinato del estudiante Bassil Da Costa durante las protestas dio inicio a un ciclo de manifestaciones, respondidas con violencia tanto por fuerzas policiales, Guardia Nacional, como por distintos grupos armados cercanos al gobierno de Maduro.
Entre el 12 de febrero y el 29 de mayo de ese año fueron asesinadas 43 personas en medio de las protestas. A lo largo de estas, la respuesta gubernamental fue particularmente violenta, combinando uso de armas de fuego, torturas, abuso sexual y violaciones de los Derechos Humanos. Dirigentes fueron perseguidos y apresados, como el mismo Leopoldo López, detenido el 17 de febrero de 2014. Guillermo Aveledo caracteriza a este ciclo de protestas:
…como uno de carácter político-civil y no socioeconómico, así como su concentración en sectores de clase media y media-baja urbana, con especial participación de estudiantes. La abrumadora mayoría fueron concentraciones pacíficas de estudiantes, organizaciones opositoras y gremios reclamando por el derecho a la protesta y la libertad e integridad de los detenidos, pero fueron opacadas con la acción constante de focos violentos no alineados, autodenominados guarimbas (siguiendo el nombre de tácticas de refugio indígena), que expandían sus demandas a la renuncia del presidente Maduro. (Aveledo, 2014, p. 13)
Durante las protestas el gobierno retiró la señal a varios canales de televisión internacional que estaban informando de los hechos, en paralelo, el Tribunal Supremo de Justicia prohibió la realización de manifestaciones sin autorización. Se incrementó el despliegue militar en las calles, para amedrentar y reprimir a la oposición.
Haciendo uso de diversos grupos y asociaciones dependientes del poder, que habían crecido sin autonomía, al amparo de los recursos públicos, el gobierno de Nicolás Maduro promovió la realización, el 26 de febrero, de una Conferencia Nacional por la Paz controlada centralmente. La Mesa de Unidad Democrática (MUD) se negó a participar, exigiendo al gobierno el desarme de los grupos armados y la liberación de los estudiantes presos durante las protestas, así como del dirigente Leopoldo López.
Al mismo tiempo, el ciclo de protestas fue usado por el gobierno para incrementar los niveles de represión y control de la población, lo que aumentó su dependencia del aparato armado. A principios del mes de abril las protestas, en la medida en que la violencia represiva se incrementó, reducían su convocatoria y eran cada vez menos generalizadas, localizándose en zonas específicas de las ciudades. El ciclo de movilización se estaba agotando.
Ese agotamiento abrió paso a un nuevo intento de mediación entre el gobierno y la oposición, iniciado el 10 de abril, con observación internacional. Hubo contraste televisivo de monólogos entre líderes opositores y representantes del gobierno, sin deliberación ni diálogo real, con escasos resultados concretos. Al agotarse el ciclo de protestas desapareció cualquier incentivo para que el gobierno introdujera alguna reforma democratizadora.
Sin embargo, el encuentro generó tensiones dentro de la misma oposición, ampliando la distancia entre sectores más radicalizados, que persistían en las movilizaciones, y los más moderados, que enfocan la mayor parte de sus esfuerzos en retomar la estrategia de crecimiento electoral con miras a las elecciones parlamentarias de 2015.
Las tensiones entre los diversos sectores de la oposición, especialmente entre moderados y radicales, se expresaron dentro de la MUD. Aumentaron las presiones de los partidos más pequeños, así como de los más radicales, contra la dirección política dominante. Ramón Guillermo Aveledo, quien había sido Secretario Ejecutivo de la coalición desde su fundación, renunció el 30 de julio.
Nuevo Parlamento: cambio en la correlación institucional de fuerzas
Las parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 se realizaron en condiciones de competencia restrictiva. Según el Informe de la Misión del Instituto Interamericano de Derechos Humanos la campaña se desarrolló con restricciones en el ejercicio de los derechos políticos, privación de libertad e inhabilitaciones de líderes opositores, bajo estados de excepción en municipios fronterizos. El ventajismo a favor del oficialismo se expresó de múltiples maneras, desde la disposición ilimitada de los recursos del Estado hasta el control gubernamental sobre los medios de comunicación. La observación electoral internacional también tuvo restricciones para el desarrollo de sus funciones.
Estos comicios estuvieron precedidos de movilizaciones y presión de los sectores de la oposición, exigiendo mejores condiciones electorales y el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos, así como la liberación de los presos políticos. En el mismo sentido la comunidad internacional, incluyendo a la Organización de Estados Americanos, exhortó al Estado venezolano a garantizar condiciones electorales competitivas.
La MUD volvió a coordinarse y presentó una plataforma unitaria en todas las circunscripciones. La conjunción de crisis económica, incremento de la represión y violencia política, inseguridad ciudadana, retroceso de la capacidad del Estado para cumplir sus funciones, generaron condiciones para una derrota del chavismo. La oposición, luego de nueve años de la puesta en práctica de una estrategia de crecimiento expresada electoralmente, había acumulado capacidades políticas para convertirse en mayoría en el nuevo Parlamento.
La Mesa de Unidad Democrática ganó las elecciones, obtuvo la mayoría calificada de dos tercios en la nueva Asamblea Nacional (AN), con 112 diputados de los 167, que le otorgaba amplias capacidades de acción política y legal.
Esta derrota tuvo un gran impacto sobre el chavismo. El gobierno empezó a desplegar acciones para evitar que los sectores de oposición convirtieran el triunfo electoral en un cambio en el funcionamiento efectivo del poder o en su distribución. Iniciaron un proceso de bloqueo contra la nueva mayoría que debía asumir la Asamblea Nacional a partir del 5 de enero de 2016.
La anulación de la elección de los diputados opositores de Amazonas fue el primer paso para evitar el funcionamiento de la mayoría opositora en el parlamento. Al mismo tiempo, avanzó el gobierno en el blindaje de las instituciones existentes, violentando la Constitución y las leyes, para evitar que la nueva mayoría ejerciera sus funciones. El 23 de diciembre, luego de las elecciones, la AN saliente, de mayoría oficialista y dirigida por Diosdado Cabello, designó y juramentó a los magistrados, principales y suplentes, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sin cumplir lapsos y requisitos.
En la oposición, el triunfo derivó en una disputa por la selección del nuevo presidente del Parlamento. La escogencia del mecanismo de selección, y el resultado final, la victoria de Henry Ramos Allup, de Acción Democrática (AD), generaron tensiones con Primero Justicia (PJ). El incremento de las tensiones afectó la capacidad posterior de coordinación de la coalición.
El régimen decidió avanzar. El 11 de enero, antes de que se cumpliera una semana de la instalación del Parlamento, el TSJ decidió declarar a la Asamblea en desacato, al no retirar a los diputados de Amazonas, considerando que cualquier decisión del legislativo sería nula. Durante los primeros cuatro meses del año 2016 fueron dictadas una docena de sentencias limitando el funcionamiento de la Asamblea Nacional.
Dos interpretaciones de la victoria parlamentaria empezaron a confrontarse dentro de la nueva mayoría democrática durante 2016. Algunos sostenían que los ciudadanos habían decidido votar por la oposición para solucionar sus problemas, de donde se deriva que la misión era legislar para enfrentar la crisis. Otros sostenían que la misión del nuevo Parlamento era impulsar de manera perentoria el desplazamiento de Maduro del poder, porque los ciudadanos habían votado por una ruptura del orden político establecido. La confrontación entre estas dos interpretaciones recorre gran parte de los conflictos vividos por las fuerzas democráticas entre 2016 y 2020.
Para impulsar el cambio político, es decir, la salida de Maduro del gobierno, se presentaron iniciativas distintas, desde la enmienda y la reforma constitucional, pasando por una Constituyente, hasta la convocatoria a un referéndum revocatorio. Una tras otra, cada alternativa fue bloqueada.
Las movilizaciones para convocar un referéndum revocatorio marcaron la dinámica política durante el año 2016. En marzo, la oposición hizo las primeras solicitudes oficiales al Consejo Nacional Electoral, que fueron negadas por el ente comicial por razones técnicas. La ralentización del proceso, por parte del ente encargado de facilitar, fue respondida por movilizaciones ciudadanas. Tras una cadena de obstáculos colocados por las instituciones para evitar la realización de la consulta, fue finalmente bloqueada a finales del mes de octubre. El uso de mecanismos judiciales y administrativos para impedir el ejercicio de un derecho constitucional para revocar el mandato presidencial, marcó un nuevo paso de autocratización del sistema.
En un conjunto de sentencias consecutivas la Sala Constitucional del TSJ prosiguió en marzo de 2017 la anulación de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Una primera sentencia, del 28, limitó la inmunidad parlamentaria, haciendo a los diputados susceptibles a persecuciones, al día siguiente asumió el TSJ las facultades constitucionales del Parlamento, transfiriendolas al Poder Ejecutivo el 31 de marzo. Ese mismo día, en un acto de disidencia que parecía mostrar una fisura en el bloque de poder, Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, rechazó las sentencias al considerar que violaban la Constitución.
Las movilizaciones de 2017
Estos hechos actuaron como disparadores de un nuevo ciclo de protestas masivas, que se extendió entre el 1º de abril y el 12 de agosto de 2017. La represión contra las manifestaciones fue particularmente violenta, destacando la acción de grupos armados que amedrentaban y atacaban a las manifestaciones con armas de fuego. Durante las protestas murieron 157 personas, hubo cerca de tres mil detenidos, quince mil heridos y más de mil trescientos encarcelados. Alcaldes opositores fueron destituidos y apresados, y las instalaciones de la Asamblea Nacional fueron asediadas por grupos violentos. Se incrementó el ataque contra periodistas, así como la ejecución de mecanismos de censura de los medios de comunicación.
Durante las protestas el gobierno decidió impulsar la creación de un órgano asambleario que pudiera controlar. El 1º de mayo, Nicolás Maduro anunció la convocatoria a una nueva Asamblea Nacional Constituyente (ANC), sin referéndum previo. Las bases comiciales de la convocatoria iban a contravía de toda la tradición constitucional democrática, introduciendo criterios corporativos. La oposición, considerando írrito, inconstitucional y antidemocrático todo el proceso constituyente, tomó la decisión de no participar. El 30 de julio, en un proceso sin oposición, fue electa la nueva ANC con total dominio del chavismo.
El 16 de julio la oposición realizó una consulta nacional, para rechazar la convocatoria a la Constituyente que había propuesto Maduro, exigir la obediencia constitucional de las Fuerzas Armadas y de todos los funcionarios públicos, y aprobar la renovación de los poderes públicos por medios constitucionales, incluyendo la realización de elecciones libres y transparentes.
En septiembre de 2017 se inicia, en Santo Domingo, un nuevo proceso de mediación. La oposición exigió, entre otras cosas, la apertura de un canal humanitario para medicinas y alimentos, un nuevo Consejo Nacional Electoral, la liberación de los presos políticos y la restitución plena de los poderes de la Asamblea Nacional. El gobierno exigía el reconocimiento de la ANC. La iniciativa, que se extendió con muchos altibajos hasta febrero de 2018, fue infructuosa.
Maduro se encaminaba a una nueva elección presidencial, sin la oposición. Inmediatamente después del fracaso de las negociaciones en República Dominicana, el CNE, anunció la realización de unas nuevas elecciones presidenciales, con líderes de oposición inhabilitados, dirigentes y diputados presos, partidos ilegalizados e incapaces de postular candidatos.
El 20 de mayo de 2018, en un proceso no reconocido por la Asamblea Nacional, por la oposición, ni por una parte importante de la comunidad internacional, Nicolás Maduro fue reelecto para el período 2019-2025. El proceso, convocado por la Constituyente, se realizó sin garantías. Se presentaron las candidaturas de Henri Falcón y de Javier Bertucci, sin lograr movilizar al electorado opositor. El régimen había perdido su carácter competitivo, descendiendo a un autoritarismo hegemónico.
El no-reconocimiento de las elecciones presidenciales de 2018 por parte de la Asamblea Nacional, ni por parte de muchos gobiernos de la comunidad internacional, es la base sobre la que se estructura la crisis político-institucional que se desarrolla en Venezuela hasta el año 2020. El período para el que fue electo Maduro en 2013 finalizaba el 10 de enero de 2019.
Movilizaciones en medio de la disputa por la legitimidad
De allí que, la elección del diputado Juan Guaidó, en su calidad de Presidente de la Asamblea Nacional, el 5 de enero de 2019, como Presidente encargado, en el marco de las atribuciones constitucionales de la AN, inicia una disputa por la legitimidad del poder entre Maduro y Guaidó.
Esta disputa entre el régimen autoritario, y el movimiento democrático opositor que se sostiene sobre la Asamblea Nacional, coincide con el agravamiento de la crisis humanitaria venezolana, que ha traído consigo el desplazamiento de millones de migrantes a los países vecinos. A la movilización interna se corresponde también una mayor presión internacional, que parece incapaz de iniciar un proceso de democratización del sistema.
Desde el año 2016 la tendencia de la conflictividad social ha sido a incrementarse año a año, en 2015 hubo 5.851 movilizaciones registradas por el OVCS, número que se eleva a 6.917 en 2016, a 9.787 durante el ciclo de protestas de 2017, incrementándose a 12.715 protestas en 2018, y alcanzando un pico de 16.739 manifestaciones durante el año 2019, superando las mil setecientas manifestaciones en enero, marzo, abril, octubre y noviembre.
Durante el año 2019, se desarrolla un tercer ciclo de movilizaciones, donde el carácter político se hace dominante, combinando movilizaciones internas con presión externa, a través de la política coordinada de sanciones sobre autoridades del gobierno de Maduro, con la idea de generar incentivos para una negociación que desembocará en elecciones pactadas, tanto presidenciales como parlamentarias.
Durante 2019 las protestas vinculadas al derecho a la participación política fueron 6.310, superando a las vinculadas a problemas de vivienda (5.375) y por derechos laborales (4.756), presentándose más de cuatro mil protestas con motivaciones combinadas.
La incapacidad de las fuerzas políticas democráticas para generar una ruptura en el bloque de poder, que facilite un desplazamiento de la cúpula dirigente del Estado, se evidenció en varios eventos durante los años 2019 y 2020.
El bloqueo al ingreso de la ayuda humanitaria, que debía pasar por el puente que une a Cúcuta con San Antonio del Táchira, el 23 de febrero de 2019, que había sido presentado como un hecho desencadenante, fue el primer fallo en el desarrollo de la estrategia de la oposición.
La Operación Libertad, realizada el 30 de abril, que pretendía ser el inicio de un levantamiento militar contra Nicolás Maduro, también se convirtió en un proceso fallido, logrando solo la liberación del dirigente Leopoldo López, hoy en España.
Al mismo tiempo, un proceso de negociación, promovido por Noruega, entre el régimen de Maduro y los delegados de Juan Guaidó, realizado primero en Oslo, y luego en Barbados, tampoco desembocó en una resolución efectiva.
En la medida en que la disputa se extiende en el tiempo parece haber, primero un desplazamiento de la conflictividad política hacia la social, y luego un agotamiento relativo de la movilización estructurada políticamente, a partir del último trimestre del año 2019, cuando se incrementan las protestas por la ausencia de gasolina y por violación de los derechos laborales y del derecho a la salud.
La acumulación de fracasos políticos comprometió la capacidad de movilización política de las fuerzas democráticas, mientras que la emergencia humanitaria proseguía su avance sobre Venezuela.
La segunda gira internacional de Juan Guaidó, realizada entre el 19 de enero y el 11 de febrero de 2020, para consolidar el apoyo de la coalición internacional en pro de la democracia en Venezuela, pretendía funcionar como impulso para un nuevo ciclo de movilización interna. Un último intento fallido, la denominada Operación Gedeón, una incursión marítima por Macuto, realizada el 3 de mayo de 2020, para iniciar otro levantamiento contra el gobierno, mostró señales de debilidad en la capacidad actual de las fuerzas opositoras para desplazar al chavismo del poder.
La llegada del COVID-19 trajo consigo un descenso drástico de los procesos de movilización social y política, manteniéndose bajo el número de protestas hasta finales del mes de septiembre, cuando reaparecieron manifestaciones en varias zonas del interior del país, vinculadas más a la crisis social y económica, que a una específica motivación política.
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[author] [author_image timthumb=’on’]https://demoamlat.com/wp-content/uploads/2020/12/Ysrrael-Camero.jpg[/author_image] [author_info]Ysrrael Camero
Historiador venezolano, con Máster en Sociedades Históricas y Formas Políticas en Europa en la Universitat Rovira i Virgili, de Tarragona, España. Ha sido profesor universitario en las escuelas de Economía e Historia de la Universidad Central de Venezuela, en las escuelas de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello y de Estudios Liberales de la Universidad Central de Venezuela. Director General de Investigación y Desarrollo Legislativo de la Asamblea Nacional entre 2016 y 2018. Miembro del partido Un Nuevo Tiempo. Actualmente es profesor en el Instituto de Humanidades Francesco Petrarca, de Madrid, y columnista en Al Navío. Autor de “La irrupción populista” (Alfa, 2019).[/author_info] [/author]
Demo Amlat es un proyecto impulsado por Transparencia Electoral cuya misión central es el compromiso con el fortalecimiento democrático en la Región.
