Carta abierta a Josep Borrell sobre la Ley de Comunicación Social de Cuba

Los próximos 25 y 26 de mayo se celebrará en Cuba el consejo conjunto impulsado por el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la UE y la Isla, en donde se espera la participación de Josep Borrell, Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Este espacio de diálogo bilateral iniciará el mismo día en el que se espera que la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), el órgano legislativo cubano, apruebe la Ley de Comunicación Social.

De acuerdo a los informes realizados por el Observatorio Legislativo de Cuba (OLC) esta ley atenta contra el ejercicio democrático del derecho a la comunicación. El proyecto atenta contra la libertad de expresión, de prensa, de acceso y divulgación de la información de interés público, así como el derecho a producir y distribuir contenido de forma independiente al Estado. De tal forma, queda claro que se trata de una ley que no se ajusta a los mejores estándares y prácticas internacionales en materia de comunicación.

Consecuentemente, la futura ley impide la legalización de los medios de comunicación que operan al margen del monopolio mediático del Estado y del Partido Comunista de Cuba (PCC). De acuerdo con su contenido, la libertad de expresión se ejerce a través de los medios fundamentales de comunicación social y de otros medios. Los primeros son exclusivos de las organizaciones mediáticas de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, de masas y sociales, y no pueden ser objeto de ningún otro tipo de propiedad. 

En la actualidad, no se considera legítimo el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa de los ciudadanos que colaboran con los medios de prensa independientes. Esto implica que en el ordenamiento jurídico cubano no hay espacio para la legalización de vehículos comunicacionales que no son controlados por el Estado, el PCC y las organizaciones sociales y de masas de cuño paraestatal. Por ello, la adopción de esta Ley de Comunicación Social atenta contra los derechos fundamentales, entendiendo que el ejercicio del derecho a la comunicación en Cuba está supeditado a los intereses y objetivos políticos de la élite gobernante.

Es por ello que el OLC eleva esta carta para solicitar respetuosamente a Borrell en su calidad de Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que interceda ante el Estado para que no se apruebe esta ley y se exija a la República de Cuba la protección del derecho a la comunicación de todos sus ciudadanos.

CARTA ABIERTA A JOSEP BORRELL

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