El problema del financiamiento de las campañas electorales subsiste como uno de los desafíos más importantes en cuanto a la superación de la falta de transparencia en Argentina, y por lo tanto como uno de los obstáculos para la consolidación de procesos electorales con integridad.
Leandro Querido*
Nos encontramos en medio de una nueva campaña electoral y la sensación de presente continuo se apodera de nosotros. La percepción es que hay una cultura política que no marida con la institucionalidad, que los cambios normativos con apego a la integridad electoral son tímidos, llegan tarde y rápidamente son devorados por esa cultural basada en el ventajismo electoral. Un nudo gordiano imposible de desenredar por actores públicos y privados de perfil innovador y modernizante. El sistema electoral de la Argentina sigue anclado en el siglo XIX. La “cancha inclinada” es una organización, una institución con vida propia, que aprovecha la situación de los distritos provinciales con déficit democrático para debilitar los controles en el sistema electoral nacional. Como lo ha demostrado la teoría organizacional, el partido de la “cancha inclinada” se rige por el modelo de desplazamientos de objetivos. Cuando logra uno, rápidamente busca el otro, y al hacerlo muestra su eficiencia en detrimento de los derechos políticos de una ciudadanía a la que se le devalúa el peso en su voto. Con todos estos atajos propios de una cultural política y una ingeniería electoral el aparato se impone, reduce la competitividad electoral que es, en definitiva, romper con la idea de igualdad en el voto.
Son muchos los aspectos en donde esta larga introducción empaña las elecciones con integridad, pero hagamos foco en uno: el financiamiento de las campañas electorales.
En 2019 hubo una modificación a la Ley de Financiamiento que permitió entre otras cosas que las personas jurídicas pudieran realizar aportes a las campañas. En el Informe 215 de CIPPEC, se describe el escenario anterior a las elecciones de 2015: “Entre 2011 y 2015 el 99% de los recursos privados declarados por los partidos se realizaron en efectivo o mediante depósito bancario. En 2017 esa proporción de recursos no trazables representó el 80%”, detallan Tchintian, Page y Seira. Dado el carácter mixto de nuestro sistema de financiación política las personas físicas pueden hacer aportes a las campañas, y a partir de los cambios mencionados las sociedades financieras, comerciales, asociaciones civiles, fundaciones y cooperativas también podrán realizar donaciones a las campañas.
La información de estas donaciones es de carácter público y la Cámara Nacional Electoral lleva las altas de aportes en su portal. Sin embargo, este avance ya fue devorado por la cultura política “blue”, la que se basa en la realidad más cruda, la que opera al margen de la formalidad. ¿Cuánto cuesta una campaña electoral? Mucho. Mucho más de lo imaginamos. El periodista de investigación Hugo Alconada Moon estima que por lo menos 17 veces más de lo que se rinde formalmente. En esta oportunidad son 24 elecciones distintas, no hay una categoría que unifique las listas a nivel nacional. Hay muchos ejecutivos provinciales que no quieren perder representación en el orden nacional y que están dispuestos a casi todo. Cuando la institucionalidad y los contextos de control son débiles las ambiciones se imponen. Pero nada de esto se refleja en la campaña “oficial”, sí, en cambio, en la campaña “blue”. Es por eso que no deberían llamarnos la atención los insignificantes aportes de campañas que se han registrado oficialmente. Entre el 9 y el 23 de agosto solo fueron 23. En esta elección PASO se presenta un 28% más de listas en comparación con las PASO 2019, 383 listas competirán en las categorías diputados (282) y senadores (101) y, sin embargo, hubo solo 23 aportes declarados. Ninguna de ellas fue a la alianza de gobierno Frente de Todos, solo 6 a Juntos por el Cambio, algunas de ellas de 3 mil pesos. Las tres más significativas fueron para el partido Autodeterminación y Libertad (CABA) de parte de tres particulares distintos por montos 540 mil, 300 mil y 250 mil (1.090.000 pesos en total).
Cae de maduro que el financiamiento político está pasando por otro lado. En este contexto la explicación más plausible se relaciona con el desvío de fondos públicos a la campaña o con la utilización de plataformas públicas que no suponen un delito o falta electoral, por ejemplo, el problema ocasionado por la ausencia de reglas sobre el uso de la publicidad oficial dentro y fuera del período de campaña. La campaña de difusión del gobierno es abrumadora y si se suma a los spots partidarios de la alianza de gobierno el escenario se muestra con niveles de inequidad muy por arriba de los aceptables. En forma proporcional a la ampliación del periodo de campaña, se amplía de 15 a 25 días la prohibición de hacer anuncios, lanzamientos o inauguraciones, en forma proporcional a la extensión del período de campaña. Sin embargo, como destaca el informe mencionado: “el gobierno todavía puede valerse de la publicidad oficial todo el año, sin límites de monto, medios, mensajes, contenidos, mientras al resto de los partidos no se les permite hacer propaganda fuera del período de campaña ni comprar espacios para hacer publicidad en radio y televisión”. Solo recordar que a los gastos en publicidad establecidos en el presupuesto de este año se le agregaron 580 millones de pesos a través de Decisión Administrativa 822.
En definitiva, tenemos que sacar a las elecciones de la informalidad. En ella el peso del voto de la ciudadanía se diluye, las redes clientelares que se tejen a partir del desvío de fondos públicos son cada vez más densas y comprometen seriamente la noción de competitividad. Esta realidad ya se percibe en algunas provincias con notorio déficit democrático o en algunos distritos de alta conflictividad. El financiamiento es un aspecto clave al que si no se aborda con una mirada de siglo XXI seguirá anclándonos al siglo XIX, en la etapa que Natalio Botana definió como el “Orden Conservador”, en donde un “gran elector” diseñaba desde “arriba” un sistema electoral sin competencia genuina, cuya única función era reproducir su poder.
*Leandro Querido. Licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Se especializa en sistemas electorales y Observación Electoral. Es Director Ejecutivo de Transparencia Electoral de América latina. Recorrió el continente siguiendo las elecciones de la región. Es autor del libro “Así se vota en Cuba”.
Demo Amlat es un proyecto impulsado por Transparencia Electoral cuya misión central es el compromiso con el fortalecimiento democrático en la Región.
