En la declaración, del cual DemoAmlat es firmante junto a organizaciones de diferentes países de América latina, la Unión Europea y los Estados Unidos, se lee:
A un día de la marcha pacífica convocada por la iniciativa ciudadana Archipiélago en Cuba y apoyada por organizaciones y activistas de DDHH, denunciamos la ola represiva que se ha intensificado en el país contra sus promotores y los ciudadanos que se identifican con ella. Las organizaciones acá firmantes solicitamos a la sociedad civil internacional exigir al gobierno cubano que detenga la violencia, respete su propio ordenamiento constitucional y permita la marcha como corresponde al ejercicio de los derechos cívicos y políticos.
El estallido social que inició masivamente el pasado 11 de Julio y que fue contestado por el Estado cubano aumentando aún más la fuerte represión contra la ciudadanía, es el reflejo de una grave crisis de derechos humanos en el país. En este sentido, la manifestación convocada para el próximo 15 de noviembre busca hacer escuchar la voz ciudadana, demandar el cese de la represión, la liberación de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos.
Sin embargo, como respuesta a la convocatoria pacífica realizada por la iniciativa ciudadana Archipiélago se anunció la celebración de ejercicios militares por parte del gobierno. Ante la insistencia de los promotores de continuar con la marcha, los Intendentes (funcionarios gubernamentales locales) declararon ilícita cualquier manifestación al considerarla contraria al socialismo. Justificaron su decisión con una interpretación del artículo 4 de la Constitución que puede resumirse en una frase: en Cuba es ilícito el ejercicio de cualquier derecho que propugne un cambio del sistema político. Lo anterior desconociendo valores democráticos como el derecho al disenso político y a la libertad de expresión, amparado en diferentes instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos.
A pesar de que la Constitución establece en su artículo 108 b que sólo el Parlamento tiene la facultad de interpretarla, la Fiscalía General -órgano encargado de velar por el cumplimiento de la legalidad- validó la decisión de los intendentes y convocó a los promotores de la marcha para advertirles de los delitos en los que incurriría si desobedecen la decisión del gobierno. Los tribunales cubanos, también negaron protección a los manifestantes, aduciendo que no tienen competencia para proteger las vulneraciones de derechos reconocidos por la Constitución y rechazando la demanda presentada por éstos para combatir la declaración de ilicitud de la marcha.
Más allá de lo anteriormente descrito, la represión estatal se ha visto materializada a través de detenciones arbitrarias, 648 hasta la fecha, desapariciones forzadas, actos de hostigamiento y repudio contra opositores políticos, todo con el objeto de impedir el derecho a la manifestación pacífica que le asiste a miles de cubanos y cubanas que pretenden replicar el ejercicio democrático del 11 de julio. Con esto se ha demostrado que no existe institucionalidad y que la Constitución no es por sí misma eficiente y suficiente para garantizar los derechos humanos de quienes en el país disienten de las políticas oficiales. Hablamos de indefensión ciudadana ante un régimen con rasgos totalitarios y autoritarios.
Ante esta situación hacemos un llamado a la comunidad internacional en especial a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DD.HH, Michelle Bachelet, al Servicio Exterior de la Unión Europea y su cuerpo diplomático en la Isla, así como a la Comisión Interamericana de DD.HH. a que tomen medidas concretas de monitoreo y sanción pública de las violaciones de DD.HH. que están ocurriendo en el marco de la manifestación pacífica convocada para el 15 de noviembre. Que ejerzan dentro de sus competencias posicionamientos más firmes a favor de la sociedad civil cubana independiente, que diariamente enfrenta violaciones estructurales por defender sus derechos fundamentales.
Apelamos a denunciar, ayudar a proteger a las y los ciudadanos y exigir al Estado cubano como miembro del Consejo de Derechos Humanos, que ponga en práctica “las más altas exigencias en la promoción y protección de los derechos humanos” como lo indica la Resolución 60 inciso 9 de la Asamblea General de la ONU. Finalmente, demandamos que se respeten los derechos humanos de todas y todos los cubanos, permitiéndoles marchar pacíficamente este 15N.
Firman
27N, Cuba
Alianza Cubana por la Inclusión, Cuba
Alianza Regional por la Libre Expresión e Información
Archipiélago, Cuba
Article 19 Oficina para México y Centroamérica
Asociación Patria y Vida, Baleares
Asociación Pro Libertad de Prensa, Cuba
Berlin OPUS Cuba, Alemania
CADAL, Argentina
Civil Rights Defenders, Suecia
Comite Ciudadano por la Integración Racial, Cuba
Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Cuba
Cuba Humanista, Cuba
Cubalex, Cuba
Cubanos libres en Zaragoza, España
Cuido60, Colombia
Cultura Democrática
Democracia para Cuba, La Rioja, España
DemoAmlat, Argentina
Freedom House, Estados Unidos
Fundación Federalismo y Libertad, Argentina
Food Monitor Program, Colombia
Freemuse, Dinamarca
Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Cuba
Fundación Patricio Aylwin, Chile
FUSADES, El Salvador
Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt-Instar, Cuba
Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Estados Unidos
Justicia11J, Cuba
Monitor Legislativo Cubano, Cuba
Movimiento San Isidro, Cuba
Observatorio Cubano de Conflictos, Cuba
Observatorio Cubano de Derechos Humanos, España
Observatorio de Libertad Académica (OLA), Colombia
Organización de Derechos Humanos “José de la Luz y Caballero”, Cuba
People in Need, República Checa
Programa Cuba, Colombia
Red de Líderes y Lideresas (RELLIC), Cuba
Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia, Redlad
Red Latinoamericana de jóvenes por la Democracia (Juventud LAC)
PEN Internacional, Inglaterra -internacional
ARC-PEN America- Estados Unidos
PEN Cuba en el Exilio, Estados Unidos
Societat Civil Balear
Demo Amlat es un proyecto impulsado por Transparencia Electoral cuya misión central es el compromiso con el fortalecimiento democrático en la Región.
