Pasaron casi tres meses desde que sucedieron las manifestaciones del 11 de julio, donde miles de cubanos y cubanas que se auto-convocaron salieron a las calles en la ciudad de San Antonio de los Baños, en una manifestación que comenzó reclamando por cortes de luz y terminó replicándose en más de 40 ciudades de la isla con un pedido claro y fuerte de “libertad”. Pese a que las manifestaciones eran pacíficas el gobierno rápidamente respondió impartiendo violencia contra los ciudadanos y muchos terminaron desaparecidos o presos.
Si bien las manifestaciones duraron dos días, desde el 11 hasta el 12 de julio. Desde el Gobierno en los días subsiguientes a las protestas se encargaron de rastrear a quienes participaron en estas, fue de esta manera que las fuerzas de seguridad del Estado se llevaron a las personas de sus domicilios o trabajos, mediante arrestos arbitrarios y acusadas de conspirar contra el Gobierno.
Uno de los factores detonantes de las manifestaciones fue la profunda crisis económica que atraviesa el país, la cual se vio agravada con la pandemia de Covid-19, ya que golpeó duramente al sector turístico, según el Informe Anual de la Unión Europea sobre Derechos Humanos y Democracia en el Mundo Solo en el año 2020 “la crisis económica y el colapso del turismo provocó el cierre de 200.000 mil negocios autónomos” .
El presidente Miguel Diaz-Canel anunció una serie de medidas económicas que buscarían lograr sanear las consecuencias de la crisis económica y también para tratar de calmar el descontento social. Se eliminaron topes y aranceles para la importación de medicinas, alimentos y productos de higiene para los viajeros, es decir que las personas que viajen a cuba podrán llevar consigo estos productos sin restricciones. Por otro lado, desde el medio de prensa oficialista CubaDebate Se anunció que el Consejo de Estado hizo formal la legalización para las “micro, pequeñas y medianas empresas” llamadas MIPYMES tanto privadas como estatales. Junto a esta medida el pasado miércoles 29 de septiembre el Banco Central de Cuba (BCC) mediante la Resolución 249/2021, informó que “las instituciones financieras pueden conceder créditos en moneda extranjera a las cooperativas no agropecuarias y a las mipymes, previa aprobación del BCC”. De esta manera la medida podría beneficiar a los dueños de Pymes que se ven obligados a importar en moneda extranjera los insumos que necesitan o comprar estos insumos en los pequeños mercados mayoristas que existen en la isla y que operan en monedas extranjeras.
Otro detonante de las manifestaciones fue el gran descontento social debido a las escasos derechos civiles y políticos con los que cuentan los cubanos y cubanas, por lo que el #11J también se reclamaron mayores derechos y libertades políticas. En esto todavía hay una gran deuda pendiente, ya que la primera medida tomada por el Gobierno fue identificar a los manifestantes arrestarlos y llevar a cabo 60 juicios “express” sin abogados defensores para los acusados. Esos escasos derechos se vieron nuevamente diezmados porque conjuntamente a la legalización de las MIPYMES también el Consejo de Estado concretó la criminalización del disenso en internet y redes sociales, con un decreto sobre incidentes de “ciberseguridad” y “subversión social”. Es decir que las personas no podrán discernir del Gobierno ni publicar opiniones contrarias a este en sus redes sociales.
Es lamentable que los reclamos más importantes por mayores derechos y libertades tanto civiles como políticas continúen siendo desoídos por el Gobierno, ya que causa un grave retroceso al disminuirlos y vulnera aún más a los cubanos y cubanas frente a un Estado represor. No basta solo con medidas económicas para asegurar el bienestar de la población, es necesario que cuenten con verdaderos derechos civiles y políticos, así como libertad de expresión para que exista un verdadero Estado Democratico, de lo contrario una sociedad sin derechos, ni libertades y bajo un régimen autoritario vive en una dictadura.
Estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Santiago del Estero.
Voluntaria en una ONG que promueve la interculturalidad y la paz entre los pueblos del mundo y el entendimiento internacional, a través de sus programas de intercambios culturales.
