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Pedido de justicia para manifestantes del #11J, urge la aprobación de leyes que brinden derechos y garantías a la población cubana

“En Cuba, durante los últimos 63 años, quienes han disentido del Estado han sido repudiados y condenados a persecución, acoso, amenaza y reclusión penitenciaria bajo supuestos delitos comunes. El ejercicio de las libertades de expresión, de reunión, de asociación y de manifestación está limitado por políticas discriminatorias que, desde la misma Carta Magna, anteponen la defensa del Estado al respeto de los derechos humanos y civiles. // La práctica represiva y la violación de los derechos más elementales se ha agudizado en los últimos meses, a raíz de la crisis sistémica que atraviesa el país. La emergencia sanitaria y social desencadenó el pasado 11 de julio una manifestación general de carácter pacífico que, a su vez, tuvo como respuesta gubernamental la más grande ola represiva reportada en el país durante las dos últimas décadas.”

Así comienza el statement dirigido a la Asamblea Nacional del Poder Popular, la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo Popular y al presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el que se hace referencia a las condiciones en las cuales fueron detenidas cientos de personas en Cuba desde los sucesos del 11 de julio de 2021.

A su vez, se hace mención a los artículos de la Constitución cubana bajo los cuales las mismas se encuentran amparadas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sumado a Pactos y Tratados Internacionales que velan por su protección.

Se solicita información y transparencia para los procesos legales que se están llevando a cabo y el sobreseimiento de decenas de personas. Además se solicita “La aprobación inmediata del Decreto Ley sobre el derecho a la reunión y manifestación incluido en el cronograma legislativo aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular para el año 2021, con un marco que regule y no penalice este derecho, en consonancia con las cartas y los tratados internacionales de los que el estado cubano es signatario”.

La carta está firmada por una gran cantidad de personas y realizada bajo la observación de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Desde el Observatorio Legislativo de Cuba de DemoAmlat nos sumamos a esta petición y hacemos énfasis en las consecuencias de la no aprobación del Decreto Ley sobre el Derecho a la Reunión y Manifestación, así como acompañamos el pedido de sanción de una Ley de Amnistía y la derogación de la Ley No. 62 del Código Penal sobre “Asociaciones, reuniones y manifestaciones ilícitas” que criminaliza la libertad de reunión y manifestación. Así como también instamos a la aprobación de la Ley de Reclamación de Derechos Constitucionales ante Tribunales y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Consideramos esto una necesidad imperativa del pueblo y para la protección de sus Derechos Humanos, el retraso de su aprobación y aplicación trae severas consecuencias para la ciudadanía.

Puedes encontrarla completa aquí: STATEMENT 11A.

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