Informe semanal #34 del Observatorio Legislativo de Cuba

Un mes atrás, el 18 de enero el Consejo de Estado (órgano habilitado para sesionar durante los periodos de receso de la Asamblea Nacional del Poder Popular) aprobó el proyecto de Ley «De Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional» para su presentación en el próximo Período Ordinario de Sesiones, de la IX Legislatura. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) se define a la seguridad alimentaria como una condición “a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana”. (Cumbre Mundial de Alimentación de 1996). 

Mientras que el Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria celebrado en La Habana, Cuba durante septiembre del año 2001 dice que la soberanía alimentaria es un “derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental”. 

El texto de este proyecto de ley se encuentra disponible para ser comentado a través del sitio web de la ANPP. De acuerdo a lo que se informó por este medio, el proyecto se refiere principalmente a los temas vinculados con la soberanía alimentaria, así como el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional. Al tiempo que regula la organización de los sistemas alimentarios locales y provinciales que articulan la producción, comercialización y consumo de alimentos. 

Esta Ley regula por primera vez en el ordenamiento jurídico cubano aquellas cuestiones que conciernen a la creación, por ejemplo, de comisiones de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Definiendo además la responsabilidad de cada órgano de gobierno en relación con este objetivo. 

Este proyecto se propone “orientar y educar a los consumidores y proveedores en una cultura de consumo alimentario responsable, racional, sostenible y medioambientalista”. Por ello gran parte del proyecto se enfoca en las pérdidas y desperdicios de alimentos, el análisis de este fenómeno y su prevención.

Sin embargo, mientras el régimen habla de una ley que les permita alcanzar las condiciones necesarias para cumplir con la soberanía alimentaria, los cubanos deben hacer frente a la escasez de alimentos y a la imposibilidad de llevar un plato de comida a su mesa debido a la ausencia de variedad tanto en productos como en su accesibilidad.

Mientras tanto, el Ministerio de la Agricultura cubano publicó una nota titulada “Que el turismo «se alimente» con productos cubanos”. En la misma las autoridades estatales fomentan la producción y venta de productos agrícolas locales para los hoteles. Incluso menciona que se debe incrementar la capacidad para satisfacer las exigencias del turismo.

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