DemoAmlat celebró la presentación del Informe de Febrero 2022 del Observatorio Legislativo de Cuba en el que el tema principal es el análisis del anteproyecto de Código Penal que será aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular en el mes de abril.
En el evento realizado el 23 de marzo de 2022 participaron con sus exposiciones Johanna Cilano (Investigadora posdoctoral UNAM ENES-León, Co directora Gapac, Coordinadora de contenidos de DemoAmlat) autora del Informe, y Carlos Hernández (Maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Profesor universitario, columnista de opinión y Consejero Local Electoral suplente del INE).
Primeramente, Johanna Cilano hizo mención a que «mientras el Código de las familias ha tenido cierto protagonismo, el anteproyecto del Código Penal ha pasado por la opacidad», la analista sostuvo que desde el mismo gobierno se ha buscado no alimentar la discusión sobre el Código Penal ya que introduce figuras poco amigables con respecto a ciertas libertades y derechos. Por otra parte, aludió a que «el anteproyecto responde a las condiciones actuales que adoptó el activismo, tanto físicas como digitales» ya que, el texto disponible es una especie de reacción del gobierno del Partido Comunista al fortalecimiento del activismo en los últimos años y el alcance que han tenido sus acciones y reclamos frente a la comunidad internacional y también frente a sus compatriotas cubanos.
En una de sus observaciones más específicas, Cilano se refirió a que en el texto del anteproyecto tal como es presentado «hay una criminalización del activismo. Preocupa porque recoge tipificaciones delictivas que hasta el momento el régimen no había adoptado». Esto en relación a lo que también se analiza en el Informe del Observatorio Legislativo de Cuba en el que se hace referencia a que este Código, de hacerse efectivo en el mes de abril, sería una legalización de la criminalización que hasta la actualidad adopta formas más sinuosas para reprimir y detener arbitrariamente a cubanos y cubanas. Además, la investigadora recalcó los riesgos de que se mantenga la figura de pena de muerte como consecuencia de algunos delitos.
A su turno, Carlos Hernández declaró claramente que «lo que debe buscar un Código Penal es defender libertades fundamentales», no así instituciones, que es lo que aparentemente buscara proteger el texto de este anteproyecto. Además, haciendo referencia a las ambiguedades que presenta la redacción del texto que se analiza, Hernández fue incisivo en que «debe haber alguna limitación normativa para el Poder Legislativo en la redacción de Códigos punitivos muy amplios» y que, de forma contraria, debe buscarse que sean lo más reducidos y claros posibles para evitar situaciones de confusión, opacidad o dejarle la libre interpretación del texto a autoridades circunstanciales.
En el Informe de Febrero del Observatorio Legislativo de Cuba se pretende analizar los temas más relevantes del anteproyecto, fundamentalmente en sus aciertos y riesgos para el ejercicio de derechos ciudadanos. El mismo está disponible para su descarga ingresando en este link.