La Habana, 15 de septiembre de 2021
Consejo para la Transición Democrática en Cuba
Declaración
Del lado de los ciudadanos, no de los Estados.
Las manifestaciones pacíficas de las jornadas de julio en Cuba, inéditas en nuestra historia nacional, merecieron la viva atención y el acompañamiento del mundo democrático. Su represión por un gobierno no electo solo mereció una débil declaración de parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, liderado por la Sra. Michelle Bachelet, su Alta Comisionada. Una declaración que fue presentada, además, como supuestos que contradecían hechos bien documentados en miles de imágenes; testimonios, al mismo tiempo, del clamor de los ciudadanos cubanos y del ataque brutal de las turbas paramilitares y de los cuerpos represivos en toda la isla.
Con un agravante que el Consejo de Derechos Humanos, en forma también inédita, pasaba por alto: la violencia civil generalizada y a escala nacional se inicia en Cuba, también por primera vez en nuestra historia, por mandato de un Estado que se reafirma y reafirma la violencia como modo de administrar las demandas pacíficas y colectivas de la sociedad, en contra de la ley y de los derechos constitucionales de los ciudadanos. Un precedente que va contra los principios y el espíritu mismo de las Naciones Unidas. Los Estados que declaran la guerra a sus ciudadanos contribuyen a la inestabilidad mundial.
Los abajo firmantes, integrantes del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, de otras tantas organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en general, considerábamos que la construcción cívica de las mayorías, interrumpida por la violencia política de una minoría atrincherada en el Estado, contaría con el respaldo del Consejo de Derechos Humanos en lo que toca a los derechos y a la integridad ciudadana. Pero el Consejo de Derechos Humanos acaba de darle la espalda a los ciudadanos cubanos para colocarse al lado del Estado. Y de una manera que, en el contexto del Caribe, preocupa especialmente a la comunidad civil y prodemocrática cubana por el sesgo racista de la represión de las jornadas de julio que criminalizan y racializan la protesta civil.
Con el silencio Cuba en el informe mundial sobre el comportamiento de los derechos humanos, este Consejo de las Naciones Unidas perdió la oportunidad de entender las realidades sociales y políticas de nuestro país. Un lujo que no deberían darse muchos de los organismos internacionales que van perdiendo relevancia y credibilidad ante las explosiones de la ciudadanía y la crisis de las instituciones estatales y supranacionales que dicen representarla.
La presidencia de este Consejo había despertado cierta sensibilidad para los derechos humanos en América Latina. Su presidenta es hija de Alberto Bachelet, general de brigada de la Fuerza Aérea de Chile y miembro del gobierno de la Unidad Popular liderado por Salvador Allende que, tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, fue detenido y fallece en prisión. Junto a su madre, Michelle Bachelet pasa a la clandestinidad, y más tarde resultan detenidas y torturadas antes de partir al exilio político.
Como con Venezuela y Nicaragua, la analogía de esta dura experiencia con la situación cubana es manifiesta. Pero, contrario a los constructores de la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial, que sufrieron los horrores del nazismo y construyeron una mancomunidad fundada en los valores, la presidencia de este Consejo no ha tomado la experiencia como punto de partida para construir y fortalecer un mundo basado en esos valores que alimentaron un nuevo orden centrado en los derechos de la persona humana y en la ciudadanía. En tal sentido, solo ha debilitado los reflejos institucionales, el paradigma y la consistencia en la lucha por los derechos humanos en el mundo.
Los silencios del Consejo de Derechos Humanos han sido ruidosos en América Latina. Silencio prolongado frente a las violaciones flagrantes de un Estado fallido como el de Venezuela, hasta que las presiones y las realidades desbordaran la capacidad de indiferencia del Consejo. Silencio en Nicaragua, hasta que el retorno de las técnicas somocistas rebasase los usos de las frías burocracias de las Naciones Unidas ante el escándalo humanitario. Silencio en Cuba, probablemente hasta el momento en el que el crimen de Estado pase por la normalización de informes deshumanizados que nunca traducirán ni reflejarán la tragedia por la que están atravesando ahora mismo miles de jóvenes y de familias en Cuba.
A 20 años de su creación, el Consejo de Derechos Humanos, como acordó en su mandato inicial, merece una profunda reforma. A empezar por la composición de su liderazgo. Las virtudes de los estadistas no son transferibles a organizaciones que se basan en los valores. Las consideraciones geopolíticas, ideológicas, de simpatía, de intereses y electorales vician los fundamentos de organismos que nacen para promover, defender y proteger los derechos humanos a escala global. Si los informes, las declaraciones y las acciones de instituciones concebidas para defender a los ciudadanos de los Estados dependen esencialmente de los cálculos basados en el voto ambicionado de esos Estados, los derechos humanos seguirán perdiendo terreno a escala global. Y a la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones de sus propios países, se agregará la desconfianza hacia organismos que, alejados por su alcance, se desentienden de lo único que justifica su existencia: la primacía de los valores. Los derechos humanos lo son para todos. El privilegio de ciertas responsabilidades globales solo tiene la dimensión del coraje con el que se defienden los valores que la fundan.
Cabe recordar acá lo que una vez expresó Martin Luther King, “al final no recordaremos las palabras de nuestros enemigos sino los silencios de nuestros amigos”, es decir de aquellos con quienes supuestamente compartimos valores y principios.
Firmá aquí.
Demo Amlat es un proyecto impulsado por Transparencia Electoral cuya misión central es el compromiso con el fortalecimiento democrático en la Región.
