La democracia formal se caracteriza por ser un sistema político en el cual las libertades individuales, el derecho a elegir y ser elegido; así como el respeto a la diferencia, el disenso y a la oposición política están garantizados. Sin embargo, la existencia de una democracia integral no se limita únicamente a lo anteriormente esbozado, sino que tiene una perspectiva socioeconómica sustentada en mejorar constantemente la calidad de vida de los ciudadanos. En tal sentido, el gobierno ecuatoriano liderado por el Presidente Lenin Moreno firmó hace pocas semanas un acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en pos de recuperar los equilibrios macroeconómicos que fueron menoscabados a través de un excesivo gasto público, deuda interna y externa en la administración de Rafael Correa.
Los créditos del FMI no son un cheque en blanco, están directamente ligados a condicionamientos de austeridad fiscal como: reducción de gasto corriente, privatizaciones, liberalización financiera y comercial, revisión de subsidios, entre otros. Por lo tanto, el Presidente Moreno tiene un problema económico y político debido a que debe compaginar el ajuste estructural y la viabilidad de una democracia históricamente debilitada. Siguiendo los ejemplos regionales de Argentina y Brasil que han aplicado de manera gradual y drástica respectivamente las políticas de ajuste estructural el debilitamiento de su gobernabilidad democrática se ha manifestado en conflictividad social y deslegitimación de sus instituciones democráticas.
Por consiguiente, el horizonte que se avecina faltando dos años para la elección de un nuevo presidente, 2021, la administración de Moreno se encuentra en un nido de serpientes porque tiene que legitimar el ajuste estructural, irremplazable en su aplicación por las necesidades fiscales, a través de mecanismos democráticos. Por ejemplo, la viabilidad de una consulta popular sobre las políticas fiscales sería rechazada dado el 17% de popularidad del presidente. En tal sentido, la legitimidad democrática del ajuste estructural debería materializarse a través de procesos de horizontal accountability como el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia mediante la consolidación de instituciones como la Contraloría General del Estado, Procuraduría General del Estado, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como el rol fiscalizador de la Asamblea Nacional del Ecuador. Lo anteriormente esbozado es un desafío crucial en su implementación práctica porque el país se encuentra en un proceso de reinstitucionalización de los organismos de control con serios vicios de politización.
En conclusión, después de 10 años de correismo que debilitó la institucionalidad democrática, la implementación de un ajuste estructural requiere para su atenuación y legitimación de la consolidación de procesos de control a través de las instituciones del Estado. Sin embargo, en el marco de la real politik el gobierno de Moreno tiene pocas probabilidades para materializar dicha estrategia, ergo los costos políticos y la deslegitimación de la democracia es el escenario más probable mediante el aumento de la conflictividad social y el fortalecimiento de alternativas populistas.