Como señalamos en la última entrega del Resumen Semanal del Observatorio Legislativo de Cuba de DemoAmlat, ya están disponibles los proyectos que serán tratados en la segunda y última sesión del año 2021 de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).
Aunque estando a cuatro días de que comience el último mes del año, al cierre de esta entrega desconocemos cuándo se celebrará el octavo periodo ordinario de sesiones de la ANPP, hemos podido acceder a los proyectos pendientes de aprobación.
Se trata de la Ley de los Tribunales Militares, que regula las cuestiones sujetas a la organización y el funcionamiento de estos tribunales; Ley del Proceso Penal Militar que establece los principios y garantías del debido proceso y establece quienes pueden ser juzgadas en el ámbito de la justicia militar; Ley del Ordenamiento Territorial y Urbano y la Gestión del Suelo vinculada con el uso y ocupación del territorio; y por último, el Código de las Familias que abarca las relaciones y lazos familiares, el matrimonio, la gestación solidaria y otras cuestiones como la violencia intrafamiliar.
Según el cronograma aprobado por la Asamblea Nacional en diciembre del año 2019, este recogía 39 proyectos de ley que debían ser aprobados hasta diciembre del año 2022, sin embargo, durante el año 2020 se aprobaron solo 6 Leyes: Ley de Servicio Exterior; Ley de Revocación; Ley de Organización y Funcionamiento del Consejo de Ministros; Ley del Presidente y Vicepresidente de la República; Ley de Organización y Funcionamiento del gobierno provincial del Poder Popular; y Ley de Organización y Funcionamiento del Consejo de la Administración Municipal. Por lo que las 33 leyes pendientes debían ser aprobadas en las siguientes sesiones, durante el Séptimo Periodo Ordinario de sesiones se aprobaron solo cuatro: Ley de los Tribunales de Justicia; el Código de Procesos; la Ley del Proceso Administrativo; y la Ley del Proceso Penal.
Más allá del evidente retraso en el cumplimiento con el cronograma legislativos, podemos resaltar que entre las 39 leyes y los 31 decretos-leyes incluidos en el cronograma propuesto en el año 2019, no se incluyó ninguna regulación en materia de violencia de género. Aunque en marzo de este año en Cuba se aprobó el Decreto Presidencial No 198 del Programa Nacional para el adelanto de las Mujeres, donde se define una serie de objetivos y actividades relacionadas con la desigualdad y la discrimacion hacia las mujeres, concibiendo a este proyecto como una “Agenda del Estado cubano para el adelanto de las mujeres”. Si bien este programa es consiguiente con los postulados de la nueva Constitución, que en el Artículo 43 dicta: “La mujer y el hombre tienen iguales derechos y responsabilidades en lo económico, político, cultural, laboral, social, familiar y en cualquier otro ámbito. El Estado garantiza que se ofrezcan a ambos las mismas oportunidades y posibilidades”, no reemplaza lo que representaría la sanción de una ley específica que condene la violencia de género.
El artículo mencionado continúa diciendo: “El Estado propicia el desarrollo integral de las mujeres y su plena participación social. Asegura el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, las protege de la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones y espacios, y crea los mecanismos institucionales y legales para ello”.
Esto último resulta fundamental, ya que en uno de sus apartados, el PAM menciona puntualmente las tareas de investigación y estadísticas, demostrando que hasta el momento en la isla no se cuenta con datos oficiales que permitan tomar una dimensión real sobre la situación de la violencia de género.
Por ello, con motivo del Día Internacional por la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres, diferentes organizaciones de la sociedad civil propusieron acompañar una Campaña contra la Violencia y por la Diversidad. Entre ellas se encuentra el Consejo para la Transición Democrática en Cuba que en un comunicado publicado a través de su página de facebook reconoció: “Tres matrices de violencia se retroalimentan con perversidad: la de género, la de Estado y la racializada. Amplificados por el permanente discurso de odio y guerra en los medios oficiales aumentan los feminicidios y los ataques de género por motivos políticos”.
Esto revela que aunque el nuevo Código de las Familias incluya la tipificación de la violencia intrafamiliar estableciendo que la misma “abarca la que se produce contra las mujeres y otras personas basada en el género, contra niñas, niños y adolescentes, contra las personas adultas mayores y contra las personas en situación de discapacidad”, y existan otras aproximaciones como las mencionadas anteriormente, en materia legislativa continúa existiendo una deuda pendiente con las mujeres cubanas la aprobación de una Ley Integral contra la Violencia de Género.
Demo Amlat es un proyecto impulsado por Transparencia Electoral cuya misión central es el compromiso con el fortalecimiento democrático en la Región.
