El comunicado se dirige con especial énfasis a la ONU y solicita “una reforma del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que la sociedad civil y los ciudadanos de países donde se violan los derechos humanos tenga un asiento permanente en ese órgano”. Por otra parte, se manifiesta posición respecto al embargo impuesto por los EEUU a la isla en el que alega que el gobierno cubano usa como justificación el embargo para realizar una «exportación de responsabilidades, de los problemas que atraviesa la nación cubana desde hace mucho tiempo».
Se reclama la sistemática violación a los DDHH, la restricción a la participación en la vida política, la falta de independencia entre los poderes del Estado.
El comunicado hace alusión a que todo esto generó “una nueva ola de resistencia y manifestaciones pacíficas de importantes sectores que las autoridades cubanas, que las estructuras represivas del régimen han reprimido y aplastado brutalmente”.
La ONU cuenta con un “Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria” que dictaminó que la violación de DDHH es sistemática en Cuba. Sin embargo, representantes cubanos forman parte de su Consejo de Derechos Humanos. En relación a esto, se afirma que «Cuba no reúne los requisitos apropiados para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), órgano compuesto por 47 Estados miembros, responsables de la promoción y protección de todos los derechos humanos en el mundo».
Finalmente, el comunicado insiste en que “las autoridades cubanas cumplan las obligaciones vinculantes establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.