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Informe quincenal 44 del Observatorio Legislativo de Cuba

En una reunión junto a la comisión redactora del nuevo Código de las Familias encabezada por Miguel Diaz – Canel el pasado miércoles 22 de junio, anunció que la nueva norma va a ser sometida a referendo en el mes de septiembre, aunque aún no se define una fecha exacta. Previamente en el mes de julio el proyecto será presentado y votado ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP). En la sesión de julio los diputados decidirán sobre la edición final del documento legal que debiera incluir las transformaciones realizadas por la comisión redactora luego del proceso de consulta popular que se llevó a cabo desde el 1 de febrero de este año y concluyó el 30 de mayo.

Uno de los temas más importante de la Quinta Sesión Extraordinaria de la ANPP, la primera del año, fue la presentación de los datos finales del proceso de consulta popular. La diputada Alina Balseiro, presidenta del Consejo Electoral Nacional (CEN) informó que se celebraron más de 79 mil reuniones, con la participación de 6 480.000 personas. Se recogieron 336.595 intervenciones, con 434.000 propuestas, y el 61.96% se mostró favorable al código.

En mayo DemoAmlat junto a Transparencia Electoral y Observadores de Derechos Electorales presentaron un informe sobre el monitoreo del proceso de Consulta Popular del Código de las Familias cubano. En este informe se recogen los resultados documentados por los observadores electorales durante el proceso que se desarrolló hasta el pasado 30 de abril. Durante el monitoreo se tuvo en cuenta desde la convocatoria a las reuniones controladas donde los cubanos podían exponer los aspectos a modificar del texto o bien manifestar su postura frente al proyecto, hasta como fueron recolectadas estas propuestas. 

Por ejemplo, uno de los aspectos más relevantes fue la falta de divulgación del calendario de reuniones, por eso se destaca que “el 38,5% de los reportes señalan que se enteraron de la reunión solo horas antes de que se realizara y el 11,5% que se enteró justo cuando la reunión estaba por comenzar”. Esto mismo deriva en un problema vinculado con la participación en las reuniones, de acuerdo al informe “más del 80% de las reuniones duraron como máximo una hora, y en más del 60% del total de encuentros solo opinaron entre 1 y 5 personas”.

El informe también menciona que “durante estos casi tres meses de observación a la Consulta Popular otro elemento destacado fue la presencia de efectivos policiales, integrantes de la Seguridad del Estado o algún otro individuo que podía afectar la libertad del debate mediante la coacción e intimidación hacia la ciudadanía, con el solo hecho de imponer su presencia y ser reconocidos en los barrios”. Este factor apunta directamente contra el grado de libertad con el que los ciudadanos pudieron desplegarse durante el proceso de consulta y se suma a la falta de transparencia que el mismo reviste desde el comienzo. 

En diferentes oportunidades planteamos que más allá del artículo Nº 265  de la Ley Electoral vigente, aprobada en julio del 2019 que establece que la Consulta Popular no tiene carácter vinculante, el proceso mismo de consulta tampoco otorga a la ciudadanía mayores garantía de que el resultado final del proyecto que se aprobara en julio sea fiel a las propuestas e intereses de los cubanos. 

A lo largo del proceso llamamos la atención sobre ciertas prácticas que ponen en tela de juicio la transparencia de esta herramienta como mecanismo de participación ciudadana. Partiendo del carácter no vinculante, no existen soportes que permitan dar un sustento sobre cuáles fueron los criterios adoptados para incluir o descartar una propuesta. Incluso el informe mencionado anteriormente, observa que las propuestas y comentarios de los participantes eran recogidos por los juristas a través de la escucha, no existe una constancia de que las propuestas sean recibidas tal cual como fueron expresadas. 

Tampoco encontramos un soporte digital que permita acceder a los resultados expuestos previamente, en ninguna oportunidad el CEN ha publicado oficialmente los datos estadísticos que comunicó a lo largo del proceso de consulta.

Ante esta situación solo queda aguardar la publicación del documento que finalmente será votado por los diputados en julio y posteriormente sometido a referendo, esperando que el mismo sea coincidente con los intereses de los cubanos.

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