Durante su IX Legislatura, la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y su Consejo de Estado aprobaron 36 leyes y 83 decretos-leyes respectivamente, la mayor proporción de disposiciones normativas de este tipo aprobada desde 1976. Este conteo abarca el periodo que media entre abril de 2019 y diciembre de 2022. No obstante, en este periodo la ANPP y el Consejo de Estado continuaron operando con su habitual opacidad legislativa y administrativa. Además, el funcionamiento de ambos órganos tuvo cambios debido a la incidencia en Cuba de la pandemia de Covid-19. En este sentido, una de las principales modificaciones fue ajustar el cronograma legislativo aprobado en 2019. Al mismo tiempo, la ANPP y el Consejo de Estado mantuvieron una importante actividad diplomática entre 2018 y 2023.
Los 83 decretos-leyes aprobados por el Consejo de Estado durante la IX Legislatura sólo se publicaron en la Gaceta Oficial de la República de Cuba luego de su ratificación por la ANPP. Dos de estos decretos-leyes son muy lesivos para la libertad de expresión. Se trata del Decreto-Ley No. 370, que entró en vigor en julio del 2019, y el Decreto-Ley No. 35, que se hizo público el 21 de agosto del 2021. Estas dos disposiciones normativas sancionan el ejercicio de la libertad de expresión en las redes sociales. Por ello, fueron muy criticados por activistas, la prensa independiente y varios organismos internacionales de derechos humanos.
Otro acontecimiento importante de esta legislatura fue la entrada en vigor de una nueva Constitución, la cual se aprobó en referendo popular en febrero de 2019 por el voto favorable del 78.3 % de los electores, según datos oficiales. Sin embargo, la opacidad del sistema electoral cubano impide verificar estos resultados. A pesar de esta reforma constitucional y debido al recrudecimiento de la situación social y económica, el 11 de julio de 2021 se produjeron las manifestaciones contra el gobierno más importantes desde 1959.
La respuesta del Presidente de la República de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, fue emitir una “orden de combate para los revolucionarios”. Esto supuso una ola represiva que generó más de 1000 presos políticos. También implicó un éxodo masivo que entre el segundo semestre de 2021 y el 2022 sobrepasó los 300 000 cubanos llegados a Estados Unidos.
En septiembre de 2022, se ratificó en un referendo el Código de las Familias. No obstante, otras leyes lesivas o que no protegen de forma adecuada los derechos constitucionales no se consultaron con la ciudadanía. Entre ellas destacan el Código Penal, la Ley del Proceso de Amparo de los Derechos Constitucionales y la Ley de Expropiación por Razones de Utilidad Pública o Interés Social. Para la X Legislatura de la ANPP y su Consejo de Estado (2023-2028) quedan pendientes leyes indispensables para las libertades ciudadanas, como las que regularán los derechos de asociación, manifestación, a la vivienda digna, a la salud pública, así como la comunicación social. En este último caso, se trata de una ley que no reconoce a los medios de prensa independientes.
Por otra parte, y en lo que respecta al funcionamiento institucional de la ANPP, cabe apuntar que rindieron cuentas el Consejo de Estado y la Contraloría General de la República en diciembre de 2022. Estos informes fueron muy generales y opacos en cuanto a la información sobre el trabajo que realizaron ambos órganos entre 2018 y 2023. En materia de diplomacia parlamentaria, Esteban Lazo Hernández, presidente de la ANPP, reconoció en junio de 2018 la existencia de 93 grupos de amistad de parlamentarios en igual número de países e integrados por 174 parlamentarios. Pero la información oficial sobre el funcionamiento de estos grupos es opaca y fragmentada. Tampoco se conocen los gastos en que incurrieron dichas comisiones y los grupos parlamentarios de amistad.
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