Desde el Observatorio Legislativo de Cuba alertamos que el anteproyecto de Ley sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública que se divulgó por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (CITMA) de la República de Cuba el pasado 6 de noviembre, no cumple con los mejores estándares y prácticas internacionales en la materia. En el mencionado anteproyecto legislativo destaca un concepto restrictivo de lo que constituye información pública. En relación con esto, destaca la falta de reconocimiento explícito de la obligación de transparencia activa de toda la información relacionada con el patrimonio de los funcionarios públicos, los procedimientos para la participación política de los ciudadanos y las formas para acceder a datos públicos y de interés general. 

Además, es notable la falta de reconocimiento explícito de la obligación de transparencia presupuestaria respecto a toda la información de esta índole, lo cual afecta el conocimiento de los ciudadanos sobre cómo se gasta el erario público. Sobre este último aspecto destaca que entre los sujetos obligados a transparentar información no se encuentran los órganos judiciales ni la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Estado. Es necesario recordar que, en el caso de estas dos últimas instituciones, se trata de órganos representativos y, por tanto, vinculados con la concreción del principio de soberanía popular, en los términos en que se reconoce en el artículo 3 de la Constitución cubana aprobada en 2019.

Por otra parte, en el citado anteproyecto de ley destaca la existencia de un amplio régimen de excepciones, marcado por la discrecionalidad que se les confiere a las autoridades. Esto es notorio cuando se trata de temas vinculados con la defensa y seguridad nacional. De igual forma, no se prevé la creación de un órgano autónomo que garantice y supervise el acceso a la información pública. Por el contrario, esta prerrogativa se reserva para el propio CITMA, un órgano que forma parte de la administración pública y se subordina al poder ejecutivo. Por último, debemos mencionar que los órganos superiores del Estado, que además de la ANPP y el Consejo de Estado abarcan a la Presidencia de la República, el Primer Ministro y el Consejo de Ministro, no están sujetos a un control externo, sino que tienen la facultad de crear sus propios órganos de control y monitoreo para atender las solicitudes de información que le formulen los ciudadanos.

A todo lo expuesto con anterioridad, se añaden otros factores del contexto político y jurídico cubano. Entre estos sobresale la aprobación el 26 de mayo de 2023 de una Ley de Comunicación Social, aún no publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, que no reconoce la personalidad jurídica de los medios de prensa independiente. Esto, de conjunto con la criminalización del periodismo realizado por dichos medios a partir de la entrada en vigor de disposiciones normativas como el Código Penal y los decretos leyes No. 35 y 370, así como los elementos señalados del anteproyecto de Ley sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública, forman parte de un entorno extremadamente restrictivo para las libertades de expresión y prensa y el derecho de acceso a la información. 

Es imposible generar un contexto propicio para la transparencia y el acceso a la información pública sin la existencia y la participación de medios de prensa independientes del Estado, el Partido Comunista de Cuba (PCC) y las organizaciones sociales y de masas que se le subordinan a esta fuerza política. De tal forma, la futura aprobación de una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública no debe interpretarse como una acción para la democratización del régimen político en Cuba. 

Finalmente, desde el Observatorio Legislativo de Cuba queremos subrayar que la consulta popular convocada por el CITMA mediante un correo electrónico habilitado para que los ciudadanos opinen sobre el contenido del anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no implica que se consideren sus criterios como vinculantes. Lo mismo ocurre si más adelante la ANPP convoca a una consulta popular, cuya procedencia se basa en una facultad discrecional suya, sobre el contenido de dicho anteproyecto, una vez que lo aprobó como proyecto de ley, según se establece en el artículo 108 inciso c) de la Constitución cubana y en los artículos del 212 al 217 de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de la República de Cuba. Así, estos procesos de consulta no garantizan la obligatoriedad de considerar los planteamientos de los ciudadanos y se caracterizan por su opacidad.

¿Qué es el Examen Periódico Universal?

El mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos es un proceso único establecido en 2006, que implica una revisión de la situación de derechos humanos de todos los Estados Miembros de la ONU. El EPU es un proceso impulsado por los estados, bajo los auspicios del Consejo de Derechos Humanos (CDH), que ofrece la oportunidad a cada estado para explicar las medidas que han adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en sus países y para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Erigido como uno de los principales distintivos del Consejo, el EPU está diseñado para garantizar la igualdad de trato a cada país cuando se evalúe su situación de derechos humanos. El objetivo final de este mecanismo es mejorar la situación de los derechos humanos en todos los países y hacer frente a las violaciones de los derechos humanos allí donde ocurran. Actualmente, no existe ningún otro mecanismo universal de este tipo.

La grave restricción de los derechos civiles y políticos en Cuba

A partir de las recomendaciones del Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal, el Observatorio Legislativo de Cuba analiza en este informe, cómo las leyes y los decretos-leyes aprobados por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y su Consejo de Estado, respectivamente, se ajustaron o no a las recomendaciones formuladas al Estado cubano en 2018. Las materias examinadas se basan en las recomendaciones aceptadas y anotadas sobre la ratificación de los tratados de derechos humanos, las restricciones impuestas a los derechos humanos, la independencia judicial, la desaparición forzada, la pena de muerte, el derecho de asociación y la libertad de información. Durante su anterior examen, al Estado cubano se le formularon 56 recomendaciones relacionadas con estos temas. De ellas, no apoyó 8 en su totalidad y una parcialmente, apoyó 30 y tomó nota de 17.

Recomendaciones para el Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal

1. Derogar de inmediato todas las legislaciones propias del derecho administrativo sancionador que castigan el ejercicio de los derechos humanos, particularmente los civiles y políticos.

2. Derogar a la mayor brevedad posible los tipos penales establecidos en el Código Penal vigente que criminalizan el ejercicio de los derechos humanos, así como los que se sancionan con la pena de muerte.

3. Adoptar cuanto antes leyes acordes a los estándares internacionales en materia electoral, de partidos políticos, sobre las libertades de reunión, asociación, expresión, prensa, así como de transparencia y acceso a la información.

4. Eliminar la práctica de hostigar a los periodistas independientes, activistas por los derechos humanos y opositores políticos.

5. Ratificar de inmediato el Pacto Internacional de Derechos Civiles y sus dos protocolos facultativos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el resto de los tratados internacionales sobre derechos humanos.

6. Adoptar cuanto antes leyes ajustadas a los estándares internacionales sobre el reconocimiento y protección de las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de derechos humanos, los medios de prensa, la materia electoral, los partidos políticos, las libertades de expresión, reunión, asociación y manifestación, así como la transparencia y el acceso a la información pública.

7. Reconocer de inmediato la independencia judicial con base en los estándares internacionales.

8. Crear una institución independiente para proteger los derechos humanos acorde con los estándares internacionales.

9. Invitar a los representantes de procedimientos especiales de protección de los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a que visiten el país.

Para más información te invitamos a visitar la web de la Red de Observatorio Independientes de Cuba.

El pasado 2 de septiembre, autoridades cubanas anunciaron su candidatura para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante el periodo 2024-2026. El gobierno aseguró que respetará los principios de universalidad, indivisibilidad, objetividad, no politización y no selectividad. Además, agregó que respaldará iniciativas y mandatos en temas de interés para los países en desarrollo, así como espacios para la genuina y eficaz interacción en esta esfera entre los Estados, la sociedad civil y otros actores. Por ello, cumplirá con las obligaciones adquiridas en virtud de los 44 instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, de los cuales es Estado parte.

Recientemente, el presidente cubano, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, se reunió con el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, durante la III cumbre de líderes de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. El Jefe de Estado de Cuba ratificó entonces la voluntad de continuar fortaleciendo los lazos de cooperación con la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los mecanismos de derechos humanos de esta organización sobre la base del diálogo respetuoso y constructivo.

Sin embargo, las organizaciones que suscriben esta declaración manifiestan que el Estado cubano incumple con sus obligaciones en materia de derechos humanos, tal y como se ha destacado en varios informes presentados este año en el marco del Examen Periódico Universal de la República de Cuba. Dicho incumplimiento ha ocasionado un retroceso extremo en el ejercicio efectivo de los derechos humanos. En la Constitución de 2019 se mantiene el sistema de partido único y no se permite la libre competencia electoral. 

A esto se suma la no ratificación de los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, ni sus protocolos facultativos. Ello impide el efecto vinculante de las decisiones y pronunciamientos de los órganos de tratados y las derivadas de las visitas de expertos independientes para verificar la situación real del país en materia de derechos humanos. Varias de las disposiciones normativas aprobadas luego de la última reforma constitucional son particularmente restrictivas de los derechos humanos, constituyen métodos de control social y desarticulación de la sociedad civil independiente, como son los casos del Código Penal y los decretos leyes No. 370 y 35.

Luego de las protestas de julio del año 2021, aumentó la represión en Cuba. Como consecuencia de esto existen personas detenidas por motivos políticos que fueron juzgadas y sancionadas sin que se hayan cumplido los principios del debido proceso y producto de la falta de independencia de los órganos judiciales. Por otra parte, las más recientes medidas económicas han generado el aumento de la inflación, la pobreza y la desigualdad, sin que el gobierno haya mostrado capacidad de solucionar la crisis actual. 

Con base en este orden de cosas consideramos que no hay razones que fundamenten la candidatura de la República de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Por tanto, las organizaciones y personas firmantes de esta declaración rechazan dicha candidatura.

Organizaciones

Asociación Cubanos Libres en Zaragoza
Asociación Francesa por la Democracia en Cuba
Asociación Pro Libertad de Prensa
C3 Coalición de Cuentapropistas Cubanos
Club de Escritores Independientes
Colectivo +Voces
Compromiso Democrático
Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba
Consejo para la Transición Democrática en Cuba
Cuba en Familia
Cuba Próxima
Cultura Democrática
D´Frente
Federalismo y Libertad
Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR)
Liberty+ Foundation
Mujeres Democristianas
Partido Demócrata Cristiano de Cuba
Red Femenina de Cuba
Solidaridad de Trabajadores Cubanos STC
Transparencia Electoral

Personas

Armando Chaguaceda Noriega
Asuncion Carrillo
Carolina Barrero Ferrer
Daylin Leiva Barceló
Diana Carmen Oseguera Acevedo
Dunia Medina
Elena Larrinaga de Luis
Ileana de la Guardia Fernández
Ileana Pérez Drago
Ivette García González
Jorge Luis Valdés
Jorge Masetti
José Casares Soto
Kirenia Carbonell Dieguez
Librado R. Linares García
María Elena Mir Marrero
María Isabel Puerta Riera
Marthadela Tamayo
Maybelin Ramos
Mayté Suárez Luaces
Miryorly García Prieto
Rafael de Jesús Prada Alfonso
Raimet Martínez Ávila
Ricardo González Alfonso
Sergio Miguel Castillo Díaz
Solveig Font Martínez
Tania Bruguera
Yahima Díaz Barrabes
Yanelys Nuñez Leyva
Yanet Rosabal Navarro
Yoel Armenteros